¿Por qué los estibadores han vuelto a la huelga? Las razones de sus paros

La huelga de estibadores portuarios ha sido convocada durante ocho jornadas. Así, desde el 5 de junio y hasta el 23 del mismo mes, estos trabajadores realizarán paros en sus tareas en las horas impares durante los días 5, 7, 9, 19, 21 y 23. Sus paradas serán en jornada completa desde el 14 al 16 de junio, cuando los trabajadores que cargan y descargan las mercancías en los puertos no desempeñarán sus trabajos desde las 8 horas de la mañana. Pero, ¿qué ha llevado a los estibadores a volver a convocar huelgas?

Estas huelgas se han programado con el objetivo de defender sus condiciones laborales tras el fracaso de la negociación con la patronal Anesco para alcanzar un acuerdo después de la liberalización del sector de la estiba. El pasado 18 de mayo, el Gobierno desbloqueó el conflicto de la estiba con el respaldo de Ciudadanos y PNV y la abstención de PDeCAT. El real decreto ley de la reforma que servirá para liberalizar un sector monopolístico y cumplir así con la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia (2014) sufrió un primer patinazo en marzo cuando el Parlamento tumbó el texto con 175 votos en contra, pero dos meses después pudo llevarse adelante.

La huelga de estibadores ha sido convocada por los sindicatos después de las negociaciones de subrogación de trabajadores tras el cambio de ley. Puesto que la reforma normativa liberaliza el sector, las empresas tienen más opciones para despedir a los empleados que hasta ahora desarrollaban estos trabajos. Lo que se busca en las reuniones mantenidas es estipular por escrito la cantidad de trabajadores con mejores salarios y condiciones laborales que las compañías estarían dispuestas a mantener –ahora, tras la liberalización, las firmas podrían despedirles para incluir a otros con contratos menos ventajosos–.

Meses en el conflicto de la estiba

Aunque las huelgas previstas para junio tienen como objetivo lograr esclarecer el proceso de subrogación de los estibadores, en realidad el conflicto de la estiba lleva batallando desde hace tres meses. El 3 de febrero, el ministro de Interior –Íñigo de la Serna– comunicó que se iba a liberalizar el sector para cumplir con una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJE). En ella se obligaba a España a romper el monopolio de contratación de trabajadores. “La sentencia no deja lugar a dudas: hay que liberalizar el sector. Estamos dispuestos a asesorar en lo que haga falta, pero es el Gobierno el que debe buscar una solución compatible”, informaron desde la sede española de la Comisión Europea.

En caso de que una concesión caduque y/o se produzca un cambio de operador en una terminal, las autoridades portuarias –dependientes de Puertos del Estado en el caso de España– tienen potestad para exigir a las empresas entrantes que subroguen a los trabajadores actuales en las mismas condiciones. De otra manera, esos empleados quedarían en el limbo.

[Los estibadores no perderán dinero durante la huelga (o casi)]

Así lo refleja el artículo 9.3 del reglamento 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea un marco para la prestación de servicios portuarios. “En tal caso, se concederá al personal previamente contratado por el operador saliente los mismos derechos que habría tenido si se hubiese producido un traspaso de empresa”, añade el texto. Esta cláusula no es de aplicación obligatoria, pero deja ver que el Gobierno puede mantener –si quiere– los empleos actuales a través de las autoridades portuarias.

En qué consiste el monopolio de la estiba

El monopolio de la estiba radica en que, para cargar y descargar mercancías, las empresas deben contratar a sus trabajadores en la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep). Y no solo eso, sino que las compañías deben realizar aportes económicos y pertenecer a la Sagep. Estas obligaciones no responden al concepto de libre mercado que rige en la Unión Europea, por lo que el TJE tuvo la necesidad de legislar al respecto.

Tras un primer intento del Gobierno para aprobar la reforma planteada por Europa –que no contó con apoyo parlamentario suficiente y que finalmente no desembocó en huelga–, el 12 de mayo se aprobó un decreto ley que sí fue respaldado por el Congreso. A pesar de ello, España no se librará de pagar casi 24,5 millones de euros en concepto de multa acumulada por incumplir la normativa comunitaria con el régimen de la estiba.

El decreto ley no tocaba los puntos laborales más sensibles, entre los que se encontraba cómo gestionar la subrogación de los estibadores. Las negociaciones no están siendo fructíferas y los sindicatos y empresas no encuentran puntos de acuerdo, motivo por el cual se han convocado estos días de huelga.