El conflicto del taxi y la ley omnibus

El vacío legal (pese al conflicto) que permite a Uber y Cabify competir contra el taxi

En 2015 se aprobó restablecer la proporción de una licencia VTC por cada 30 taxis. Sin embargo, un vacío legal ha provocado que la cifra de VTC en circulación siga aumentando

Foto: El abogado José Andrés Díez Herrera consiguió que cerrara Uber y luchó contra Blablacar, pero ahora ha asesorado a Cabify, el otro enemigo de los taxistas. (Enrique Villarino)
El abogado José Andrés Díez Herrera consiguió que cerrara Uber y luchó contra Blablacar, pero ahora ha asesorado a Cabify, el otro enemigo de los taxistas. (Enrique Villarino)

La guerra que se está librando en el sector del taxi no ha hecho más que empezar. Los taxistas han ido a la huelga esta semana y amenazan con más paros en el futuro. El sector protesta por lo que entienden como una competencia desleal de las empresas que utilizan licencias de arrendamiento de vehículo con conductor (VTC), un nuevo competidor que ha crecido rápidamente al calor de la tecnología de plataformas como Uber y Cabify, que no cumplen con la ley actual… pero tampoco la incumplen.

¿Se trata de un colectivo que compite sin ningún tipo de regulación contra el taxi? No, sin embargo, ninguna comunidad autónoma, encargadas junto con los ayuntamientos de conceder las licencias VTC y de velar por que funcionen con arreglo a la normativa, cumple con el ratio que marca la ley de 2015: un permiso VTC por cada 30 licencias de taxi.

¿Quiere decir esto que la administración no cumple la ley?

No. La nueva regulación que imponía la proporción de un VTC por cada 30 taxis se aprobó en 2013. De esta forma, se volvía a lo establecido antes de 2009. Sin embargo, ese año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley Ómnibus. Esta ley introdujo la liberalización de servicios. Así, todas las empresas que no habían conseguido autorizaciones por la vía administrativa, ya que se les negaba con la justificación de que ya se había llegado a la proporción de 1/30, aprovecharon la nueva normativa y recurrieron ante los tribunales de justicia.

Desde entonces, los tribunales han fallado en la mayoría de los casos a favor de los solicitantes de licencias. De ahí que ahora haya un número muy superior de VTC de las que habría con una proporción de 1 a 30. Además, la proliferación de nuevas licencias aún no ha finalizado. Aunque desde 2013 cambió la ley, la Justicia aún se tiene que pronunciar por miles de licencias más. También por las obtenidas de 2013 a 2015, año en el que se hizo el desarrollo normativo.

Actualmente, el Tribunal Supremo tiene que decidir sobre 3.000 nuevas solicitudes de Uber y Cabify. Actualmente existen "miles" de reclamaciones judiciales para la obtención de permisos VTC, según señalan fuentes oficiales. Por tanto, aunque ahora exista una ley que dice que debe haber una licencia por cada 30 taxis, la realidad indica que hay muchas más, sin que exista por ahora forma de hacer bajar esta cifra.

La explotación de estas licencias VTC –que antes se usaban para servicios de limusina, etc.– está siendo aprovechada por Uber o Cabify, generando una fuerte competencia para el sector de los taxis. Sin embargo, los taxistas se quejan de que estas empresas están dando servicios para los que no están autorizados. Según la normativa, los vehículos VTC solo pueden ofrecer servicios de transporte con un contrato previo (a través de su app, por ejemplo) y tienen prohibido ser proactivos en la búsqueda de clientes así como ocupar espacios destinados al taxi como las paradas en aeropuertos y otros emplazamientos reservados a taxistas.

En este sentido, la Comunidad de Madrid, donde hay más VTC (2.233) y el conflicto con los taxis es mayor, ha realizado este año 5.000 inspecciones y ha incoado 1.000 sanciones. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, donde se concentra el problema, tan solo ha hecho 75 inspecciones, que se realizan a través de la policía municipal de tráfico.

En vista de que el problema no tiene visos de calmar a las partes, el Ministerio de Fomento ha convocado este martes a las CCAA (quienes dan las licencias), la Federación Española de Municipios (FEMP) y los ayuntamientos más afectados por el conflicto. Por su parte, el ramo de Íñigo de la Serna tiene la competencia del desarrollo normativo.

Pese a los esfuerzos del Gobierno por mantener bajo control los distintos servicios de transporte, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) interpuso ante la Audiencia Nacional en 2016 un recurso contencioso-administrativo contra determinadas restricciones. Según el regulador, el desarrollo que hizo el Gobierno de 2015 que modificaba la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) "es perjudicial para los intereses generales", "supone una restricción innecesaria y discriminatoria a los nuevos actores" y "se trata de una barrera a la competencia sin justificación". La AN aún no se ha pronunciado por esta causa.

En la misma línea, la Unión Europea acusa a España en un reciente informe de frenar la competencia entre taxistas y resto de operadores. No obstante, el abogado general de la Unión Europea propinaba un varapalo a Uber tras declarar que es una empresa de transporte y como tal necesita las consiguientes licencias. Hasta entonces, Uber intentaba pasar como un simple operador que ponía en contacto a usuarios y conductores autónomos.

¿Qué está en juego?

Gran parte de la problemática parte del valor de las licencias. La que tienen los taxistas cuesta más de 100.000 euros y en algunos casos ha llegado a superar los 200.000 en el mercado secundario. El taxista tiene libertad de transmisión, con lo que muchos tienen en este permiso una importante parte de su jubilación. La penetración de Uber o Cabify con licencias VTC ha supuesto un factor de alta competencia, ya que aunque tengan algunas restricciones respecto al taxi, sus tarifas no están reguladas, con lo que ello supone. Las licencias VTC en la actualidad no superan los 50.000 euros en el mercado secundario. Su valor de mercado es mucho menor al del taxi, pero no es ni mucho menos gratuito.

La realidad indica que las licencias VTC van aumentando su valor a medida que las compañías se van consolidando, mientras que las de taxi van bajando. El nuevo panorama competitivo disminuye la capacidad de negocio de los taxistas, por lo que el precio de la licencia tiende a bajar. Esto apunta a que muchos taxistas puede que tengan que vender su licencia por un precio inferior al que la compraron. Si además el sector tiende a liberalizarse, sus licencias aún valdrán menos. Por el momento, el Gobierno no está dispuesto a dejar de controlar este sector. Ahora la pregunta es hasta qué punto será capaz de mantener esta voluntad. La guerra entre taxis y VTC sigue con las espadas en todo lo alto.

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