QUIERE CONOCER LAS INTENCIONES DE SÁNCHEZ

El Gobierno congela la ley hipotecaria hasta conocer la opinión del nuevo PSOE

La reforma de la ley hipotecaria para adaptarla a la legislación de la UE ha entrado en vía muerta. Al menos, hasta que se despeje la estrategia parlamentaria de Pedro Sánchez

Foto: Integrantes de la plataforma Democracia Real Ya y el movimiento 15-M se concentran frente a un banco en contra de la ley hipotecaria en 2011. (EFE)
Integrantes de la plataforma Democracia Real Ya y el movimiento 15-M se concentran frente a un banco en contra de la ley hipotecaria en 2011. (EFE)

La reforma de la actual ley hipotecaria ha entrado en vía muerta. O, al menos, su tramitación parlamentaria se ha frenado en seco. La razón principal tiene que ver con el 'impasse' en que vive instalado el grupo parlamentario socialista desde hace meses, agravado desde que el pasado domingo Pedro Sánchez ganó las elecciones primarias.

El Gobierno admite que su margen de maniobra es algo más que escaso para despachar leyes. Obviamente, porque no cuenta con mayoría parlamentaria suficiente para presentar con garantías de éxito nuevos proyecto de ley. Ni siquiera los textos legales que han sido pactados en los últimos meses con los representantes oficiosos de la comisión gestora, entre ellos el exministro Valeriano Gómez, y que se han reunido de forma frecuente con tres de los ministros económicos del Gobierno: De Guindos, Montoro y Báñez.

Durante esos encuentros se pactó, entre otras cosas. una reforma en profundidad de la ley hipotecaria para adecuarla a las normas de la Unión Europea, y lo mismo sucede en el caso del real decreto sobre crédito cooperativo, que cuenta con el respaldo del PSOE que salió derrotado de las primarias. Ahora, por el contrario, el nuevo equipo de Sánchez tendrá que estudiar uno a uno los acuerdos, y el tiempo es algo más que escaso.

De hecho, algunos dirigentes socialistas barajan ya la idea de que las próximas elecciones generales se celebren alrededor del primer semestre del año próximo, siempre que el PP no sea capaz de sacar adelante los Presupuestos de 2018, lo que parece probable. El Gobierno, en todo caso, se garantizaría la prórroga de los PGE de 2017 si, como parece, salen adelante con el voto a favor del diputado canario Pedro Quevedo.

El congreso del Partido Socialista no elegirá a su nueva dirección —el nuevo portavoz, José Luis Ábalos, es provisional— hasta al menos el próximo 18 de junio, lo que significa que, en apenas dos semanas, debe decidir si respalda los pactos previos o, por el contrario, opta por no hacerlo. Y no hay que olvidar que el actual periodo de sesiones finaliza el 1 de julio, lo que significa, en la práctica, que, en el mejor de los casos, no se iniciaría su tramitación parlamentaria hasta septiembre, que es cuando comienza el nuevo periodo de sesiones. Y la Ley de Presupuestos, como se sabe, tiene preeminencia respecto de otros textos durante la tramitación parlamentaria.

Techo de gasto y objetivos de déficit

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que entre ambas fechas el Gobierno debe remitir al Parlamento tanto el nuevo techo de gasto —pistoletazo de salida de los Presupuestos de 2018— como los objetivos de déficit de las CCAA.

Aunque el techo de gasto no se somete formalmente a votación, sí que su aprobación se convertiría en una señal diáfana sobre las intenciones de la nueva dirección socialista. Y en el Gobierno, hoy por hoy, según fuentes de toda solvencia, nadie da un euro por una política 'pactista' por parte de Sánchez, obligado a definir su política de alianzas. Se asume, en el mejor de los casos, que el nuevo secretario general del PSOE necesitará tiempo para armar su equipo y plantear su estrategia parlamentaria, y esa es la única esperanza que le queda a Moncloa.

Ahora bien, también se considera que una ley tan sensible política y socialmente como es la que regula las hipotecas, es especialmente complicado aprobarla de manera urgente, lo que explica el escepticismo del Gobierno a la hora de enviar proyectos de ley o decretos ley al Parlamento para su ratificación. En el caso de la ley hipotecaria, se da la circunstancia, además, de que el otro ministerio implicado en su aprobación, el de Justicia, es poco partidario de efectuar cambios en profundidad. Y lo mismo sucede en el caso de la patronal bancaria, toda vez que el nuevo texto pactado con el PSOE, que va más allá que la mera transposición a la legislación nacional de una directiva comunitaria, refuerza los derechos de los consumidores frente a las entidades financieras.

Los ministros de Economía, Luis de Guindos (i), y Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
Los ministros de Economía, Luis de Guindos (i), y Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

Fuentes del Ejecutivo, de hecho, adelantaron a este periódico que en el ámbito social no se presentarán nuevas normas si no van avaladas previamente por sindicatos y empresarios. Entre otras cosas, porque la economía se ha instalado en una velocidad de crucero elevada —con un crecimiento del PIB cercano al 3%—, y eso le da margen de maniobra para seguir en el Gobierno sin apenas gobernar mientras den resultados las reformas aprobadas en la primera legislatura. Ni siquiera la reforma de las pensiones —pese al cuantioso déficit— se considera un asunto urgente, debido a que en el primer cuatrimestre la recaudación por cotizaciones está creciendo de forma muy relevante, y eso da aire al sistema público de protección social.

La única posibilidad sería lograr el respaldo de los diputados del PDeCAT, la antigua Convergència, pero esta posibilidad se reduce a medida que se acercan los meses de septiembre y octubre, cuando los independentistas darán una nueva vuelta de tuerca a la secesión, ya sea mediante la convocatoria de un referéndum o una nueva convocatoria electoral.

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