el diseño de la ley eléctrica, en el punto de mira

Por qué la subasta de renovables ha dejado descontentos a (casi) todos los interesados

Ni los representantes sectoriales de cada una de las tecnologías ni muchas de las grandes firmas que participaron creen que el diseño del concurso sea el adecuado

Foto: El ministro de Energía, Álvaro Nadal. (Reuters)
El ministro de Energía, Álvaro Nadal. (Reuters)

Da igual a quién se pregunte. Nadie defiende el sistema de subasta por el que el Ministerio de Energía acaba de adjudicar 3.000MW de energía verde que tendrán que estar en funcionamiento antes de 2020. Por supuesto, no lo está el sector solar. El 99% de lo adjudicado se lo han llevado proyectos de energía eólica, por lo que una subasta calificada como "tecnológicamente neutra" ha ido de forma prácticamente íntegra a un solo tipo de producción. Pero tampoco desde el sector eólico ven bien la forma utilizada para adjudicar: consideran que el marco regulatorio (cambiante cada seis años) no es el adecuado para que llegue la inversión.

Tras el resultado, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, señalaba que aún hay mucha energía fotovoltaica que se quedó fuera y que tiene mucho potencial, por lo que abría la puerta a que tengan su oportunidad. Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, no ha descartado analizar el sistema de subastas para que en el futuro puedan ser más efectivas.

¿Por qué se ha generado tanto ruido?

El entuerto regulatorio que determina los parámetros de la subasta hace que los adjudicatarios cobren una "rentabilidad razonable" a la inversión realizada y no en función del precio de la energía ofrecido. Esto es así porque España decidió en 2014 introducir la Orden Ministerial IAT/1045/2014 para reducir la rentabilidad que hasta entonces se estaba dando a las renovables, dentro del conocido como 'régimen específico'. El Gobierno de Soria realizó este recorte para tratar de contener el déficit de tarifa (diferencia de ingresos y gastos del sistema eléctrico).

Sin embargo, esta reducción levantó en pie de guerra a todos los inversores afectados. El Gobierno consiguió contener la avalancha judicial de inversores españoles, ya que el Tribunal Supremo le dio la razón. Sin embargo, aún tiene comprometidos entre 3.000 y 5.000 millones de euros, según diversas estimaciones, de reclamaciones de inversores extranjeros ante el Ciadi, el órgano de arbitraje de conflictos para inversores adscrito al Banco Mundial.

Estos litigios protestaban por la inseguridad jurídica creada por el Ejecutivo español, de ahí que ahora España tenga que ser cauteloso antes de tocar esta ley. Máxime cuando el primer laudo ha sido contra España y apunta en sus conclusiones a la "devastadora" reforma de Soria. Aún faltan 26 casos más por dirimir, y los precedentes no son buenos como para que España vuelva a tocar la ley ahora de nuevo, aunque eso le complique sacar adelante la subasta.

El talón de Aquiles de la subasta, explican diversas fuentes del sector, es que tenga que pagar en base a la inversión y no al precio al que se oferta la energía. "Para eso habría que cambiar la ley, y eso podría traer problemas de cara a los procesos de arbitraje internacional que vive España", dice una patronal fotovoltaica.

Para hacerlo más "neutral", se introdujo un porcentaje de descuento (66% eólica; 59% fotovoltaica; 99% el resto) para cada tecnología. Esto lo que hacía en la práctica era igualar sus posibilidades en caso de que todos fueran al máximo descuento. Y en caso de máximo descuento de todos, de empate, la subasta metió una serie de parámetros de desempate, como las horas de producción anuales. Y aquí es donde se generaron el conflicto y las discrepancias. La normativa señalaba que la eólica desarrollaba más horas de producción que el resto, lo que llevaba inexorablemente a su victoria frente a las demás, como ha sucedido.

La Unión Nacional de Empresas Fotovoltaicas (UNEF), en vista de que la normativa les dejaba peor que la eólica, decidió recurrirla ante el Tribunal Supremo. Pidió la suspensión cautelar, pero no le fue concedida. Tras la subasta, y como todos fueron a máximo descuento, el desempate provocó que el 99% de adjudicatarios fueran eólicos. Como consecuencia de lo anterior, UNEF decidió elevar su queja ante Bruselas. Anunció que intentaría presentar una denuncia ante la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. "Este sistema de subastas no nos permite competir, ya que seríamos capaces de ofrecer mayores descuentos de los que permitía la normativa", sostiene Jorge Barredo, presidente de esta asociación.

Desde el sector eólico, su patronal AEE consideraba que mucha de esta problemática se podía haber evitado si se hubiera realizado la subasta por cupos tecnológicos, igual que se ha hecho en otros países. Esta reivindicación se hizo tiempo antes de la subasta, tal y como informó El Confidencial. "Países como Alemania, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Portugal y Reino Unido han celebrado subastas tecnológicamente específicas", decía entonces tanto el sector eólico como el fotovoltaico. Sin embargo, España decidió hacerlo sin diferenciación.

El diseño de la subasta no gustaba a gigantes como Acciona, que decidió no participar. "No tiene lógica", subrayaba el presidente de la compañía, José Manuel Entrecanales. Iberdrola se quedó fuera. EDP tuvo una participación residual.

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