31 euros por expediente pese al fiasco en peñarroya-pueblonuevo

La subcontrata de Hacienda que 'multa' por toldos y canastas factura a comisión

Cuantos más propietarios 'pillados' por no declarar sus inmuebles, más se embolsan las subcontratas de Hacienda. Incluida la que crispó a los vecinos de Peñarroya tras cometer cientos de errores

Foto: Muchos vecinos de este municipio cordobés se han visto obligados a tributar por una finca techada cuando en realidad tienen un toldo.
Muchos vecinos de este municipio cordobés se han visto obligados a tributar por una finca techada cuando en realidad tienen un toldo.

Nuevo capítulo en el ‘fiasco catastral’ de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba). La subcontrata de Hacienda que enfureció a los vecinos por la cantidad de errores cometidos al regularizar sus viviendas, piscinas, reformas o almacenes facturó 31 euros por expediente abierto. Es decir, cuantos más propietarios 'pilla' por no declarar o hacerlo mal, más se embolsa. La peculiaridad aquí radica en el alto porcentaje de reclamaciones presentadas: casi 2.000 según los partidos políticos de este municipio, 1.334 según la Dirección General del Catastro. En cualquier caso, una cantidad nada despreciable si tenemos en cuenta que el número de inmuebles regularizados ascendió a 4.425, el 48% de todos los inspeccionados.

Antonio Monterroso fue uno de los vecinos que reclamó después de que Hacienda le hiciera tributar por un toldo como si fuera una finca techada en la que había realizado una reforma, y le dieron la razón. Su caso no es aislado. Cientos de peñarroyenses tuvieron que pagar de más en la factura del IBI por piscinas de plástico, almacenes presentados como viviendas ‘habitables’, casas con errores de superficie o incluso canastas de juguete interpretadas como instalaciones deportivas, uno de los casos más rocambolescos. Eso sin contar con los 60 euros de preaviso con 'multa' por no declarar al Catastro modificaciones o inmuebles que no eran tales. “¿Quién se ha reído de quién?”, protestaban los habitantes ante este periódico.

Marina Valero. Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)Marina Valero. Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

"En ningún caso se abrirá un expediente de regularización sin el visto bueno del Ministerio"La litigiosidad de este pueblo no es un reflejo de la realidad de España, precisan fuentes de Hacienda tras insistir en que lo ocurrido en Peñarroya es “anecdótico”. Los ciudadanos tienen “plenas garantías jurídicas” y siempre cuentan con 15 días de plazo para reclamar en caso de error. Según el pliego de condiciones de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), intermediaria que actúa en virtud de encomiendas o encargos de la Dirección General del Catastro, las empresas subcontratadas que realicen trabajos de regularización de inmuebles cobrarán 31 euros por cada expediente abierto. La tarifa mengua hasta los 15 euros cuando se trata de construcciones deportivas.

Hacienda deja claro que “todas las decisiones” pasan en última instancia por el Catastro. O dicho de otra manera, en ningún caso se abrirá un expediente de regularización catastral sin el visto bueno del Ministerio. Este tiene plena potestad para analizar el material gráfico o indicios remitidos por la empresa que ha realizado el trabajo de campo (Martín Topografía en el caso de Peñarroya, contratada directamente por SEGIPSA).

No obstante, queda claro que estas firmas trabajan a comisión y reciben incentivos por cada caso destapado. El problema emerge cuando dicho 'fraude' en realidad no lo es, una circunstancia que crispa sobremanera a vecinos como Felisa Gutiérrez. “Pasad, ¡pasad a tomar el té!”, comenta con sorna esta jubilada al abrirnos las puertas de su ‘casa’: un terreno desangelado con tres muros sin pintar. “Esto es una vivienda habitable… según Montoro”.

Felisa nos abre las puertas de su 'casa'.
Felisa nos abre las puertas de su 'casa'.

"Lo suyo sería ir casa por casa para medir las superficies, pero no tenemos recursos suficientes"Martín Topografía admite que ha cometido errores tanto en Peñarroya como en los 150 municipios donde opera, pero “en ninguno” ha constatado tan tremendo porcentaje de alegaciones. “Algo raro pasa en ese pueblo. El ayuntamiento ha instado a reclamar en lugar de mediar, y se ha corrido la voz de que todo está mal cuando no es así”, defiende el administrador de la sociedad, José María Martín. Y carga contra la actitud del alcalde, José Ignacio Expósito, por no haber “remado en el mismo barco” para solucionar las discrepancias “de otra manera”.

En otros municipios, por ejemplo, el consistorio contó con ellos (vía contrato) para desplegar un servicio de atención al público y resolver las posibles incidencias. “En Peñarroya tuvimos la deferencia de prestar un técnico durante dos días pese a que esas funciones no entran en nuestro contrato, pero no sirvió para nada. Ni el alcalde es un santo ni nosotros somos unos diablos”, zanja Martín, visiblemente ofendido.

El titular del Ayuntamiento considera que la empresa hizo un trabajo “pésimo” al llevar a cabo las inspecciones “con prisa o con desinterés”. A este argumento se suman las palabras de Ricardo Villarreal, portavoz de uno de los partidos de oposición más combativos contra el catastrazo (UDPÑ): no se sorprende ante la cantidad de ‘errores’ cometidos por Martín Topografía, sobre todo teniendo en cuenta los incentivos: una parte importante de la tasa de 60 euros a pagar por el contribuyente (ya sea de manera justa o injusta) termina en las cuentas de la subcontrata.

La firma extremeña tardó “entre 15 y 20 días” en inspeccionar los inmuebles de Peñarroya con apenas tres personas que realizaron fotos aéreas, tomaron imágenes de las fachadas y contrastaron datos. “Lo suyo sería entrar a las casas y medir con un metro las superficies, pero con 31 euros por expediente y semejantes recursos, ya me contarás…”, justifica Martín Topografía. Y critica que no se ponga el foco en los propietarios que defraudan: “¿Tú sabes la cantidad de grandes mansiones peñarroyenses que estaban pagando apenas 20 euros de IBI cuando sus vecinos desembolsaban 900 euros?”

Nicolás tuvo que tributar por una piscina cuando en realidad tenía un toldo azul clarito.
Nicolás tuvo que tributar por una piscina cuando en realidad tenía un toldo azul clarito.

‘Cazar’ al tramposo sale rentable

Hacienda confirma que los 60 euros de ‘preaviso’ van destinados sobre todo a cubrir los costes de las inspecciones y remunerar a las empresas que desempeñan los trabajos de campo. Al margen de los errores cometidos, los procesos de regularización de inmuebles están concebidos para luchar contra el fraude fiscal inmobiliario y para impulsar la financiación local, pues los ayuntamientos son los principales beneficiarios del aumento de la recaudación del IBI (tras el catastrazo).

Marina ValeroMarina Valero

Especialmente revelador es un informe firmado por Ana Isabel Mateo, vocal asesora de la Dirección General del Catastro, donde queda claro que invertir en las regularizaciones “resulta rentable en los términos perseguidos de impulso para la financiación local”, sobre todo si tenemos en cuenta que la recaudación extraordinaria de IBI prevista con esta operación “se estima en un entorno de entre siete y diez veces su coste de elaboración”.

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