Rajoy blinda los privilegios del País Vasco para garantizarse la lealtad del PNV

Los detalles del acuerdo no se conocen. Pero hay una cosa clara: la metodología que sirve para calcular el cupo —la cantidad anual que el País Vasco debe pagar al Estado para financiar las competencias no asumidas por el Gobierno de Vitoria— permanecerá sin cambios relevantes. O lo que es lo mismo, el sesgo a favor de los tres territorios forales vascos —que en última instancia son quienes gestionan el presupuesto— se mantiene.

No se modifica, por ejemplo, el llamado índice de imputación, que es el porcentaje en virtud del cual el País Vasco debe contribuir a la financiación de los gastos del Estado, y que se calcula básicamente en relación con la renta de Euskadi respecto del total del Estado. Desde 1981, ese porcentaje se ha situado invariable en el 6,24%.

El economista Ángel de la Fuente, uno de los mayores expertos del país en financiación autonómica, llegó a estimar [ver el estudio] que al calcularse mal el cupo —en favor del País Vasco—, el resto del Estado sufría una merma de ingresos equivalente a 4.500 millones de euros. Esto es así porque la valoración de las cargas estatales no asumidas por el País Vasco que se recoge en los anexos de las leyes quinquenales está “fuertemente sesgada a la baja”. Y en segundo lugar, porque el ajuste por IVA se realiza utilizando valores desfasados respecto de los coeficientes que recogen el peso del País Vasco en el consumo nacional y en la base del impuesto.

Por su parte, un alto cargo de Hacienda, Javier Vicente Matilla, en la misma línea, ha estimado en un artículo publicado en 'Crónica Tributaria' (dependiente del propio Ministerio de Hacienda) que tan solo en relación al IVA, sin contar otras partidas, el coste para el resto de contribuyentes se sitúa en 1.820 millones de euros. Según sus estimaciones, existe un sistema de ajuste que es unidireccional, “de manera que solamente paga el Estado”, sostiene.

Según Estadística, el consumo de Euskadi representa el 5,62% de España; el producto interior bruto, el 6,2%, mientras que el índice de capacidad recaudatoria fijado en el cupo es del 5,76% para el País Vasco, muy inferior al índice de recaudación real, que es del 7,22%, que después del 'ajuste' se transforma en el 8,31%.

En ambos casos, no se cuestiona la existencia ni del concierto ni del cupo, sino que se pone en duda el rigor a la hora de determinar la cuantía de la aportación que debe hacer el País Vasco cada año para financiar servicios comunes, como la política exterior o los gastos generados por el Ministerio de Defensa.

Ciudadanos y el cupo

Pues bien, ese criterio no se toca en el nuevo acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Gobierno Rajoy, lo que supone que se mantienen los privilegios. Pero ahora con el voto de Ciudadanos, que durante años ha criticado con dureza, incluso, la existencia del concierto. El propio Albert Rivera llegó a proponer hace apenas dos años la liquidación progresiva de las haciendas forales en favor de un sistema federal.

El Gobierno central había previsto en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 que este año ingresaría algo menos de 1.202 millones de euros por el cupo vasco, y otros 626 millones por el navarro. Pero, finalmente, la primera cantidad será muy inferior.

En el caso de Euskadi, debido a que el Gobierno de Vitoria podrá descontarse los cerca de 350 millones de euros que corresponden al coste de las políticas activas de empleo, competencia asumida durante la presidencia de Patxi López en enero de 2011 con Manuel Chaves como vicepresidente de Política Territorial del Gobierno central. El Ejecutivo vasco siempre ha defendido que, desde que asumió esa competencia, había pagado 1.600 millones de más, y que, por lo tanto, el cupo debería moverse en torno a los 850 millones anuales.

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Paloma Esteban

Finalmente, el acuerdo establece en 956 millones el cupo provisional que Euskadi aportará este año a las arcas del Estado —cantidad que será la referencia en adelante, ya que 2017 será el año base— y estima en 1.400 millones la cuantía que el Gobierno central le devolverá al de Vitoria por los atrasos de los últimos seis años.

Este reintegro no se pagará de una vez, sino que se hará efectivo de forma creciente hasta 2021. En concreto, un 10% en 2017 y un 15%, 20%, 25% y 30%, respectivamente, en cada uno de los ejercicios posteriores. De esta manera, este año se restarán 140 millones del cupo de 956 millones, con lo que finalmente Euskadi pagará 816 millones. Es decir, 540 millones menos de los establecidos en los Presupuestos de 2016.

Este reconocimiento de las nuevas competencias a efectos de cupo está fijado en la ley de 2002 —tiempos de Aznar— que aprobó la nueva metodología, en la que se deja claro que si durante cualquiera de los años siguientes al año base del quinquenio, el País Vasco asume nuevas competencias, “se procederá a calcular el coste total anual” para restarlo de los ingresos del Estado.

No hay que olvidar que la Constitución, en su disposición adicional primera, declara el amparo y respeto de los derechos históricos de los territorios forales. Ahora será la comisión mixta Estado-País Vasco quien ponga la letra pequeña del acuerdo. Su composición es paritaria y se prevé que el acuerdo definitivo esté cerrado antes de que se acabe el mes de mayo.