Las eléctricas tendrán que dar tres avisos y esperar hasta 4 meses antes de cortar la luz

El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas los principales aspectos del reglamento que desarrolla el real decreto ley sobre el bono social, que establece un mecanismo "más eficiente" y "accesible" con más categorías de hogares vulnerables y mejor comunicación entre las administraciones y las comercializadoras.

Tras haber recibido las aportaciones de los grupos políticos que contribuyeron a su aprobación, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha explicado en un comunicado que el borrador establece un mecanismo basado en criterios de renta de la unidad familiar para reforzar la protección de los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social.

En concreto, contempla la creación de diferentes categorías para los hogares vulnerables en función de unos umbrales de renta establecidos mediante el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), que se ampliarán para una serie de circunstancias especiales basadas en supuestos socioeconómicos, como el grado de discapacidad, entre otras.

La consideración de vulnerable se ampliará para una serie de circunstancias especiales, como el grado de discapacidad

Además, ha introducido la categoría de hogares vulnerables severos, que estarán más protegidos y se beneficiarán de un descuento más elevado que los consumidores vulnerables.

En cuanto a los impagos de los consumidores, las comercializadoras deberán de informar a estos desde el primer momento en que dejen de abonar sus facturas, para posteriormente reclamar el pago por correo certificado, por burofax o por medio telemático mediante firma electrónica.

Si la reclamación no puede ser entregada, el borrador apunta a la realización de una segunda reclamación, utilizando otras vías de notificación. Por último, y antes de proceder al corte del suministro, las comercializadoras deberán realizar una tercera y última reclamación fehaciente de pago.

Ampliación de los plazos de pago

A partir de ese momento, el consumidor dispone de dos meses para hacer efectivo el pago de la factura antes de que la compañía pueda proceder a la suspensión del suministro, un plazo que se ampliará a cuatro meses para los consumidores vulnerables acogidos al bono social.

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Cotizalia / Agencias

En los casos de hogares vulnerables severos en situación de exclusión social, cuando las autoridades competentes aporten ayudas que supongan una financiación del 50% de la factura, el suministro será declarado "esencial" y se cofinanciará junto con las comercializadoras eléctricas, impidiendo así el corte de suministro para estos hogares.

Por otro lado, las administraciones competentes en materia de política social tendrán un listado permanentemente actualizado de las suspensiones del suministro eléctrico previstas, lo que les permitirá identificar los casos de riesgo de exclusión social que puedan verse afectados y evitar así los cortes indeseados para asegurar la protección de los consumidores con problemas de inserción social.