El Gobierno adelanta casi 8.000 plazas de funcionarios y subirá sueldos un 1%

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a unos presupuestos que incluyen una subida salarial del 1% para los funcionarios y una Oferta de Empleo Público calificada como “histórica” por los representantes de los trabajadores, con 67.000 nuevas plazas de reposición y la conversión de 250.000 interinos en fijos -siempre que superen las oposiciones- en el plazo de tres años. El Gobierno ha aprobado además un real decreto ley para adelantar 7.969 plazas de la oferta pública de empleo para 2017, que irán destinadas a educación, fuerzas armadas, policía y guardia civil.

Dicho decreto sirve para convocar 6.005 plazas de acceso libre, 1.673 de promoción interna y 291 de otro tipo. Las demás serán organizadas por las comunidades autónomas. Hacienda estima que alcancen unas 10.000 en la enseñanza no universitaria y 1.500 en el ámbito no universitario. Con todo ello pretende reducir la temporalidad en las administraciones del 25% actual al 8%. El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha referido a la importancia de esta medida para impulsar el "empleo público estable y de calidad".

La tasa de reposición será del 100% en sectores prioritarios como docencia, sanidad, fuerzas armadas, seguridad, salvamento marítimo, lucha contra la contaminación marítima, inspección antifraude, prevención y extinción de incendios, profesores universitarios, etc. Se incorporan otros como los servicios de tramitación del DNI -con listas de espera interminables-, servicios públicos de empleo, SS, transporte público, emergencias o tráfico.

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El techo de gasto fijado este año es de 118.337 millones de euros, inferior al inicialmente presupuestado para 2016, si bien los PGE incluyen concesiones políticas para facilitar su aprobación parlamentaria. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 está elaborado sobre un cuadro macroeconómico que mantendrá una previsión de crecimiento del 2,5%, pero bajará la estimación de desempleo del 17,6% y aumentará la aportación del sector exterior al avance del PIB. El titular de Economía, Luis de Guindos, estima que el empleo crecerá en algo más de medio millón de puestos de trabajo (506.000). Y prevé una reducción de la tasa de paro media hasta el 17,6%, un porcentaje que menguará hasta el 16,6% a finales del ejercicio.

El Gobierno no contempla subidas de impuestos pero sí una bajada del IVA cultural del 21% al 10% para espectáculos en directo, una medida que tendrá un coste de 111 millones al año. El cine se queda fuera, si bien "ya tiene ventajas fiscales importantes que hacen que este sector esté en un muy buen momento", ha recalcado el portavoz y ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo.

Y se guarda el as de la bajada de impuestos en la manga aprovechando la buena coyuntura en materia de déficit, que se situó en un 4,33% del PIB en 2016. España cumple así "holgadamente" con el objetivo marcado por Bruselas (4,6%), como matizó el portavoz Íñigo Méndez de Vigo. Tampoco hay rastro de impuestos ‘verdes’ o sobre las bebidas azucaradas. "Lo estamos estudiando pero no se aplica todavía", ha dicho el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, en referencia a este último tributo. "Una buena parte del crecimiento económico de España se debe a que hemos bajado impuestos en 2015 y 2016" (IRPF y Sociedades), presume.

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No obstante, ha puesto el acento en que España "necesita seguir reduciendo el déficit público para fortalecer el crecimiento y la creación de empleo" tras sacar pecho por el aumento de la recaudación tributaria.

Algunas de las medidas pactadas con Ciudadanos en un paquete especial de más de 4.000 millones son la extensión de la tarifa plana para autónomos de seis meses a un año (480 millones), la ampliación de los permisos de paternidad de dos a cuatro semanas (235 millones), el complemento salarial para los sueldos más bajos de los jóvenes (500 millones), el plan de choque para ayudar a parados de larga duración, las actividades en I+D+i (600 millones) o el refuerzo de la justicia (500 millones, un 7% más), entre otros. El propósito de estas iniciativas, reflejadas en el pacto de investidura, es ‘salvar’ a las clases medias y modernizar la economía.

La lucha contra la pobreza infantil (342 millones), las medidas contra el fracaso escolar (30 millones), las ayudas a la dependencia (100 millones, un 10% más) o el plan para combatir la violencia de género (cuatro millones) también tendrán una partida específica, así como las iniciativas anti-fraude fiscal (100 millones) y el refuerzo del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblanc).

Cambio de tendencia

Los sindicatos han constatado un “cambio de tendencia en política presupuestaria”, si bien grupos políticos como Unidos Podemos, PSOE, Esquerra Republicana y PDeCat presentarán enmiendas a la totalidad (salvo sorpresa mayúscula) pidiendo la devolución del proyecto. Rajoy tiene garantizado el apoyo de Ciudadanos, quien ha sabido apuntarse un tanto con el paquete especial de más de 4.000 millones, aunque PNV y Coalición Canaria todavía no han dado un ‘sí’ rotundo a los presupuestos. Tampoco se sabe si los socialistas ‘prestarán’ al diputado de Nueva Canarias, elegido en lista de coalición con el PSOE.

Rajoy necesita como mínimo 175 diputados en la primera fase de votación para sacar los presupuestos adelante. Llevará las cuentas al congreso el próximo martes, aunque el debate donde quedará claro si siguen su curso o son tumbadas no será hasta principios de mayo.