La OCDE insta a la banca española a seguir cerrando oficinas

Lo dice la OCDE en su último informe sobre España: “El sistema bancario se ha fortalecido, pero sigue habiendo desafíos”. ¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que el sistema financiero todavía está lejos de alcanzar los niveles de solvencia de los países más avanzados.

La OCDE, en concreto, esgrime cinco argumentos. Los CDS (seguros de riego de impagos, por sus siglas en inglés) han descendido con fuerza desde niveles máximos históricos, “pero se sitúan por encima de los de Francia y ligeramente superiores a los de Alemania”; los coeficientes de capital han aumentado también, “pero siguen situándose por debajo del promedio de la OCDE, y la rentabilidad de su inversión es baja", como sucede en el resto de países de la zona euro.

En la misma línea, sostiene la organización que agrupa a los países más avanzados del planeta, los coeficientes de costes sobre ingresos son bajos y han descendido tras el cierre de oficinas y de personal, pero “sigue habiendo margen para una cierta consolidación que respalde la rentabilidad”. Crípticas palabras que esconden una solución: los bancos españoles deben continuar cerrando sucursales. Entre otras cosas, porque España es el segundo país de los 35 miembros de la organización con más oficinas por habitante adulto.

Hay que tener en cuenta que entre 2012 y 2015 —últimos datos oficiales del Banco de España— la plantilla de empleados de banca se ha reducido en 33.550 empleados. Es decir, ha perdido su empleo uno de cada siete trabajadores, mientras que, en paralelo, y hasta septiembre de 2016, se han cerrado 8.592 oficinas, según datos recopilados por BBVA Research.

La OCDE apunta una quinta cuestión. La tasa de morosidad ha ido descendiendo en proporción al total de préstamos, pero sigue siendo ligeramente superior al promedio, lo cual continúa lastrando los balances bancarios. En concreto, la mora neta de provisiones asciende al 30% del capital de los bancos, situándose, como dice el documento, “por encima del promedio de la OCDE”.

Los autores del informe recuerdan que en los últimos años tanto el Banco de España como el Ministerio de Economía han adoptado medidas para reducir los “activos improductivos” (principalmente derivados del sector de la construcción), incluida la creación de la Sareb; pero aun así, la OCDE se cura en salud y dice que aunque es probable que la tasa de morosidad siga descendiendo, “puede que deban adoptarse medidas adicionales para reforzar los balances de los bancos”. Es decir, nuevas provisiones u otras medidas análogas para reducir la exposición de los bancos al ladrillo.

Nuevos préstamos a las pymes

Lo que está claro es que la financiación empresarial ha mejorado. Tanto por la política ultraexpansiva del Banco Central Europeo (BCE), como por las reformas llevadas a cabo en el sistema financiero, lo que ha permitido a las entidades avances en solvencia.

Ahora bien, admite que aunque el acceso a la financiación para pymes se ha flexibilizado de manera significativa desde 2013, la concesión de préstamos nuevos para pequeñas y medianas empresas “sigue situándose muy por debajo de los promedios históricos”, pese a la actual política monetaria. La OCDE recuerda que las evidencias recogidas por el Banco de España sugieren que la financiación fluye en mayor medida que antes de la crisis hacia empresas “financieramente más sólidas y más productivas”, lo cual es valorado positivamente.

Recomienda, sin embargo, que para reforzar la productividad en el futuro, “la financiación debe fluir hacia empresas de más reciente creación, innovadoras y de rápido crecimiento, que a menudo afrontan dificultades adicionales a la hora de acceder a la financiación debido a su falta de avales o de historial crediticio”.

Y es que la OCDE, en línea con lo que apuntan algunos trabajos teóricos del Banco de España, ha encontrado algunas deficiencias en el acceso de las pymes a la financiación. Y en este sentido, se sugiere que las entidades financieras tengan la obligación de facilitar a las pequeñas y medianas empresas un análisis de su solvencia.

La OCDE considera que las pymes “tienen derecho a exigir que se les proporcione esta evaluación”. Y en concreto, se propone que los bancos comerciales estén obligados a publicar de manera destacada que las pymes tienen derecho a exigir dicha evaluación. Estas medidas, sostienen los autores del informe, harán posible que las pymes puedan tener acceso y aportar información relevante y estandarizada sobre su situación de crédito a prestamistas alternativos, “reduciendo las asimetrías de la información y facilitando su acceso a fuentes alternativas de financiación”.