La CE da dos meses a España para suavizar las multas por los bienes en el extranjero

La suerte está echada. Finalmente, la Comisión Europea ha dado dos meses al Ministerio de Hacienda para que cambie la legislación que regula el modelo 720. Es decir, el expediente que tienen que rellenar quienes tienen bienes en el extranjero. Bruselas entiende que el sistema de sanciones es extremadamente duro y desincentiva la construcción del mercado único, y de ahí que si España no cambia la legislación, Bruselas llevará el asunto al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

En concreto, la Comisión Europea ha anunciado que envía este miércoles un dictamen motivado a España pidiéndole modificar sus normas sobre los activos mantenidos en otros Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo, el llamado modelo 720.

La Comisión parte de un hecho. Considera que España tiene derecho de exigir a sus contribuyentes que notifiquen a las autoridades determinados activos que mantienen en el extranjero, “pero las multas impuestas en caso de incumplimiento son desproporcionadas”, sostiene.

La normativa “puede disuadir” a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él

Su conclusión es que como las multas son “mucho más altas que las sanciones” aplicadas en un contexto puramente nacional, la normativa “puede disuadir” a las empresas y a los particulares de invertir en el mercado único o desplazarse por él. Por ello, asegura, estas disposiciones son “discriminatorias” y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE.

De no recibirse una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión puede llevar a España ante el TJUE.

El modelo 720 está en el punto de mira de la CE desde al menos cuatro años años. El citado modelo se diseñó para que los contribuyentes declararan de forma ‘informativa’, aunque tuviera carácter obligatorio, los bienes que poseyeran en el extranjero por valor superior a los 50.000 euros. Según los datos de Hacienda, 131.411 contribuyentes presentaron dicha declaración en el ejercicio correspondiente a 2012.

El modelo 720 se diseñó para que los contribuyentes declararan de forma ‘informativa’, aunque tuviera carácter obligatorio

El letrado Alejandro del Campo presentó en su día en nombre de un despacho de abogados de Palma de Mallorca en febrero de 2013 una denuncia ante la Comisión Europea porque, en su opinión, la Agencia Tributaria se extralimitaba en sus funciones al reclamar tanta información a los afectados que en la práctica la operativa suponía una restricción de la libertad de movimientos de capitales dentro de la UE. La Comisión Europea decidió asumir la denuncia dos meses después, y, posteriormente, solicitó explicaciones tanto al Gobierno español como al despacho demandante, DMS Consulting.

Según el letrado Del Campo, hay que tener en cuenta que la normativa española establece que la falta de presentación de esa declaración e, incluso, “su presentación tardía” supone de hecho imputar unas rentas que “no prescribirían nunca”, con independencia de que España haya tenido o no indicios sobre los bienes y derechos situados en otro Estado.