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"En España, no pagar sale gratis": cuando la Administración pública hunde al autónomo
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EL 80% de CCAA, PROVINCIAS Y MUNICIPIOS NO CUMPLE CON LA LEY

"En España, no pagar sale gratis": cuando la Administración pública hunde al autónomo

Según los datos publicados por ATA, el 80% de la Administración pública —a todos los niveles— no cumple con la Ley de Morosidad con respecto al pago a los autónomos

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Los autónomos siguen siendo uno de los grupos de trabajadores más castigados en el desarrollo de su profesión, incluso cuando esta tiene vinculación directa con las administraciones públicas. Así se desprende el informe realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en el que se confirma una tendencia preocupante: el 80% de las administraciones públicas en España sigue incumpliendo la Ley de Morosidad con los autónomos.

Este informe de ATA muestra los datos obtenidos en 2016, con los que se confirma la evidencia: aunque la tendencia ha mejorado con respecto al año anterior, los datos siguen muy lejos de los márgenes que marca la ley. Así, el periodo medio de cobro de los autónomos por parte de las administraciones públicas el pasado año pasó a ser de 72 días, por los 83 de media de 2015. La media mejora, pero queda muy lejos del plazo de 30 días que está estipulado por la ley.

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Eso sí, es importante recalcar que solo mejora la media, pues el número de afectados ha crecido. Lorenzo Amor, presidente de ATA, asegura a El Confidencial que en 2016 "el número de morosos que ha tenido al menos una factura con retraso en un momento del año ha aumentado al 49%", tres puntos más que en 2015. "El 30% ha tardado más de seis meses en cobrarlo, mientras que otro 10% ha tenido que esperar más de un año", afirma Amor.

Se trata de un problema a todos los niveles administrativos, siendo más preocupante en el caso de las administraciones locales. La que paga en un plazo menor es la Administración central, que lo hace en 43 días de media, 13 días por encima de la ley. Pero, sin embargo, no es menos cierto que se trata de la Administración a la que menos servicios prestan los autónomos. Las autonómicas pagan, de media, en 64 días, y las autonómicas, en 80.

En lo que a las autonomías se refiere, solo hay una comunidad que paga dentro de los plazos de la ley: el País Vasco, con una media exacta de 30 días. Le sigue de cerca Navarra, con 31, y en tercer lugar, pero ya algo más lejos, Andalucía, con 47. En lo que se refiere a las comunidades que más tardan en pagar a los autónomos, este listado lo encabezan Murcia (99 días), la Comunidad Valenciana (95) y Baleares (84).

Alcorcón, el peor de todos

En el caso de las diputaciones provinciales, son varias las que cumplen con la Ley de Morosidad: Ciudad Real (30 días de media), Barcelona (29), Vizcaya (29), León (27), Cuenca (27), el cabildo insular de la Gomera (25), Valladolid (24), Segovia (24), Guipúzcoa (23), Zamora (22), Palencia (21) y Córdoba (20). Es decir, otras 37 no cumplen, siendo las peores Lugo (74 días), Ibiza (72), Lanzarote (64) y Valencia (62).

Si hablamos de municipios, quien se lleva la palma es Alcorcón (Madrid), quien tarda casi un año y medio en pagar a los autónomos, con una media de 449 días. Le siguen Algeciras (Cádiz), con 404 días; Gandía (Valencia), con 345; Parla (Madrid), con 342, y Jaén, con 327. En la otra cara de la moneda, los mejores datos corresponden a Fuengirola (Málaga), con 12 días; Segovia, con 15; Albacete, con 18, y Vigo, con 21.

En este informe también se hace evidente que las grandes empresas y aquellas que cotizan en el Ibex 35 son más morosas que las pequeñas, duplicando incluso los plazos legales, ya que pagan de media a los autónomos en 119 días. Por otro lado, los autónomos pagan en 43 días de media, las microempresas lo hacen en 47 y las pequeñas empresas, en 54 días, tiempos mucho más cortos que los de las empresas con más poder del país.

Los autónomos siguen siendo uno de los grupos de trabajadores más castigados en el desarrollo de su profesión, incluso cuando esta tiene vinculación directa con las administraciones públicas. Así se desprende el informe realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en el que se confirma una tendencia preocupante: el 80% de las administraciones públicas en España sigue incumpliendo la Ley de Morosidad con los autónomos.

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