La CEOE detecta visos de inconstitucionalidad en el “decretazo” de Montoro
El Gobierno optó por la vía de subir el Impuesto de Sociedades para conseguir el ajuste de 5.000 millones anuales que precisaba para corregir el déficit, tal y como exigía la UE
Un dictamen jurídico de la CEOE contempla visos de inconstitucionalidad en el “decretazo” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro para subir el Impuesto de Sociedades de forma retroactiva. Las razones son varias: por un lado el uso de un real decreto, un instrumento jurídico que debería estar limitado a determinadas urgencias; y por otro, porque al castigar de manera retroactiva a empresas en pérdidas, eso supone “gravar una renta inexistente”, algo que hasta ahora no preveía ley alguna.
En el dictamen se apunta que “ello supone el gravamen de una renta inexistente o ficticia, lo que resultaría inconstitucional, como afirman las sentencias TC 221/1992, FJ 4 y TC 214/1994, FJ 5 c). Y tampoco puede aceptarse que el incremento de tributación se distribuya arbitrariamente entre unos y otros, ya que, por ejemplo, cuanto más gane la empresa en 2016 más pérdidas puede compensar y mayores deducciones por doble imposición puede practicar”. La CEOE lleva dos semanas preparando este dictamen, como ya avanzó El Confidencial.
El Gobierno optó por la vía de subir el Impuesto de Sociedades para conseguir el ajuste de 5.000 millones anuales que precisaba para corregir el déficit, tal y como exigía la UE. Pero el problema radica en que una parte de esta medida se aplica de manera de retroactiva, de modo que las empresas que facturan más de 20 millones tienen que devolver deducciones que se aplicaron antes de 2013 a cuenta de las provisiones por pérdidas en filiales, lo que la patronal considera que es uno de los puntos débiles de la reforma fiscal. Por ello se invita a las empresas a reclamar en los tribunales la aplicación de esta medida.
Las deducciones que se han de devolver pasan a ampliar la base imponible, y se pueden retornar durante cinco años. Pero como apunta el dictamen de la CEOE, “la base aumenta porque se añaden nuevos elemento de renta, es decir nuevos elementos del hecho imponible. En particular, pasan a gravarse incluso rentas ficticias”.
Tres puntos a atacar
La CEOE detecta por tanto tres puntos a atacar: la retroactividad, la aplicación sobre rentas ficticias y por último que se haya aplicado por vía de decreto ley, cuando hubiera sido necesaria una ley ya que la medida afecta “aspectos esenciales del tributo”.
Sin embargo, la patronal no puede personarse y cuestionar de manera global la reforma fiscal que supone una subida de impuestos para las empresas. Ha de ser cada compañía, la que asuma esta situación.
Como concepto general, la CEOE denuncia que “la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria en toda actividad económica”.
Empresas lejos de la batalla
Sin embargo, no parece que las empresas vayan a batallar sino que están siguiendo estrategias de tipo corporativo para dar esquinazo a la nueva presión fiscal que se cierne sobre ellas. Desde el Banco Sabadell que ha preferido venderse más de un 3% del banco luso BCP o el caso de Inmobiliaria Colonial, que estudia convertirse en una socimi.
Un dictamen jurídico de la CEOE contempla visos de inconstitucionalidad en el “decretazo” del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro para subir el Impuesto de Sociedades de forma retroactiva. Las razones son varias: por un lado el uso de un real decreto, un instrumento jurídico que debería estar limitado a determinadas urgencias; y por otro, porque al castigar de manera retroactiva a empresas en pérdidas, eso supone “gravar una renta inexistente”, algo que hasta ahora no preveía ley alguna.