LA DEUDA DE DEFENSA SUPONE CASI 30.000 MILLONES

Cospedal, 'cautiva y desarmada' ante Hacienda para pagar compras de Defensa

El Gobierno ha impuesto una excepción fiscal para evitar embargos contra las empresas públicas de armamento que deben a Industria lo que Defensa no les paga a ellas

Foto:  La ministra de defensa, María Dolores de Cospedal, a su llegada a Bagdag. (EFE)
La ministra de defensa, María Dolores de Cospedal, a su llegada a Bagdag. (EFE)

El Tribunal Constitucional ha chafado la política presupuestaria del Ministerio de Defensa y la nueva titular del departamento, María Dolores de Cospedal, ha recibido en herencia un legado ‘verdaderamente diabólico’ que puede colapsar el desarrollo de los denominados Programas Especiales de Armamento (PEAS). El problema que se plantea tiene su origen en una deuda de cerca de 30.000 millones de euros que se han ido sufragando vía créditos extraordinarios del Ministerio de Industria a las empresas del sector pero que ahora éstas no pueden devolver debido a que el Ministerio de Defensa no tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos de pago.

El alambicado sistema de financiación de los grandes contratos plurianuales de material de armamento responde a un ‘invento’ puesto en marcha durante los primeros años del Gobierno de José María Aznar a instancias del antiguo ministro de Industria, Josep Piqué. La idea consistía en dotar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos empresariales a través de créditos extraordinarios, principalmente vinculados a ayudas de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) que sirvieran para soslayar las menguantes dotaciones presupuestarias del Ministerio de Defensa. En definitiva, los fabricantes recibían primero el dinero de Industria con la garantía exclusiva de pago de las facturas que posteriormente remitían a Defensa.

Tres soldados con lanzamisiles Tow sobre vehículo Vamtac del Ejército de Tierra en una foto de archivo. (EFE)
Tres soldados con lanzamisiles Tow sobre vehículo Vamtac del Ejército de Tierra en una foto de archivo. (EFE)

Este mecanismo de financiación a dos bandas ha sido determinante para impulsar la modernización de las Fuerzas Armadas durante los últimos veinte años con la puesta en marcha de los mayores contratos de adquisición de aviones de combate y transporte de tropas, fragatas, carros de combate y helicópteros. Grandes compañías multinacionales, públicas y privadas, como Airbus, Navantia, Indra o Santa Bárbara han engrosado sus carteras de pedidos gracias a un modelo de actuación que ha permitido al Ministerio de Defensa aumentar su capacidad efectiva de compra por encima del 40% de los límites establecidos en su presupuesto durante el año 2015.

En el presente ejercicio 2016, el gozo del anterior ministro Pedro Morenés se difuminó en el pozo de la frustración que impedía al Gobierno en funciones aprobar nuevos créditos extraordinarios. Pero cuando la situación se ha complicado sobre todo de cara a 2017, toda vez que el Tribunal Constitucional ha tumbado una serie de antiguos decretos leyes que habilitaron partidas destinadas a la compra de armamento que no habían sido previamente establecidas en los Presupuestos del Estado. La resolución judicial, derivada de un recurso dirigido por el PSOE junto a otros partidos de oposición, deja ahora prácticamente ‘cautiva y desarmada’ a Cospedal en las negociaciones presupuestarias con su colega de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El Tribunal Constitucional ha echado por tierra el alambicado sistema de financiación utilizado desde hace 20 años para pagar los programas de Defensa

La ministra de Defensa quiere aumentar los presupuestos de su departamento en un 30% y así lo ha manifestado en sus contactos con los grupos parlamentarios, pero para eso necesita doblegar la resistencia de los máximos responsables del erario público. La presión de Hacienda se ha exacerbado en las últimas semanas cuando los responsables de la Intervención General del Estado pusieron en marcha el protocolo para embargar a las empresas del sector que ahora no pueden reembolsar los créditos al Ministerio de Industria debido a la morosidad en los pagos procedentes del Ministerio de Defensa. El sistema cruzado de financiación ha colapsado en el peor momento, cuando el hambre por financiar proyectos inconclusos y con un horizonte que llega en algunos casos hasta el año 2030 se junta con las ganas de comer impuestas por la Comisión Europea y sus requerimientos de estabilidad presupuestaria en España.

Avión de transporte militar Airbus A400M en Zaragoza. (EFE)
Avión de transporte militar Airbus A400M en Zaragoza. (EFE)

La voracidad de Hacienda para cobrar las deudas de las empresas de armamento no repara en que el deudor original es el Ministerio de Defensa. De ahí que el Consejo de Ministros haya tenido que mediar con un acuerdo de excepción que permita a las empresas públicas del sector liberarse por ahora del yugo de Hacienda. La decisión adoptada por el máximo órgano colegiado del Gobierno constituye, en todo caso, un mero parche para evitar males mayores en un sector estratégico de actividad, pero no es suficiente para reparar el acuciante problema que asfixia el desarrollo y modernización de las Fuerzas Armadas.

Los grandes programas de armamento, algunos tan emblemáticos en el mercado español de Defensa como fue el caza europeo EF2000 hasta el más reciente A400M de Airbus, el carro de combate Pizarro o el helicóptero NH90, no disponen a esta fecha y hora de unas mínimas garantías de financiación. La preocupación se ha instalado en los cuarteles generales pero no sólo en los del Ejército. También dentro de unas empresas de alto contenido tecnológico, que emplean a más de 20.000 personas en España y que en algunos casos están representadas a través de destacadas y muy sensibles sociedades cotizadas en bolsa.

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