Víctimas colaterales de la tasa a los refrescos: los remolacheros, contra Montoro

En Olmedo la remolacha y el azúcar lo son todo. Ángel López lleva más de 30 años cultivándola: "La remolacha aquí pagó las tierras, los tractores y los estudios de los hijos. Lo que tenemos es por la remolacha". Por eso en Olmedo (Valladolid, 3.800 habitantes) se sigue con especial interés la información sobre el impuesto a las bebidas azucaradas que ultima el Gobierno y la creciente sensación de que el azúcar lleva el camino del tabaco en los 70 y 80. Y temen ser las víctimas: "No va a ser Coca-Cola quien va a pagar el impuesto, sino el agricultor, porque ellos nos lo van a repercutir para que no suban los precios", opina Javier Narváez, secretario del consejo rector de Acor, la cooperativa que tiene aquí una de las mayores azucareras de España.

El pasado 6 de octubre Antonio Nogales, maquinista de 30 años, llegó a Valladolid desde Badajoz para la temporada de la remolacha. Durante tres meses sin apenas descanso pasea su cosechadora por las parcelas. No es una máquina cualquiera, sino el Mercedes de las cosechadoras: una Grimme cuyo precio ronda el medio millón de euros y que en una buena mañana es capaz de cosechar cinco hectáreas.

Antes cuadrillas enteras de jornaleros sacaban a mano la remolacha de la tierra (es como un tubérculo, lo que interesa está bajo tierra). Ahora Antonio maneja con un joystick la máquina que saca, limpia, corta y hasta trasvasa al tractor la remolacha. Una serie de cámaras graban todo lo que ocurre y la imagen va saltando periódicamente a los monitores que hay en la cabina. Con un leve toque del mando, Antonio ajusta los rodillos a la profundidad adecuada. "Tienes que ir con mil ojos". Por eso no pone la radio aunque está jugando el Real Madrid un extraño partido en Japón. La noche anterior ha caído una tromba de agua y de milagro se puede cosechar en esta parcela.

La temporada que termina estos días es de las más atípicas que se recuerdan. En 2017 la UE liberaliza el sector de la remolacha y acaba con el cupo que limitaba la producción española a 580.000 toneladas de azúcar. A eso se une el anunciado plan del Gobierno de gravar las bebidas azucaradas para recaudar unos 200 millones de euros con el objetivo de combatir la obesidad, especialmente la infantil. El plan ha levantado críticas de los fabricantes de bebidas -pero no tantas como cuando hace unos años Artur Mas propuso algo parecido, cuando llegaron a movilizar a la embajada de EEUU, ahora prometen bebidas más saludables-. Los que temen pagarlo de verdad son los agricultores.

En una de las mayores azucareras se palpa el temor: "Nos preocupa el efecto psicológico sobre el consumidor, que se demonice el producto"

Javier Narváez, ingeniero que tiene en la cabeza todos los números de la remolacha, dispara los números redondos que explican su preocupación: "En España se consumen unos 1,3 millones de toneladas de azúcar al año. De esos, unas 300.000 son azúcar de boca, la que se vende en las casas o se echa al café en los bares. Del otro millón un 40% aproximadamente va a bebidas azucaradas y energéticas y el resto a alimentación". España produce poco más de medio millón de toneladas al año. El resto se importa.

Javier pasea por la azucarera Acor, un monstruo pegado a la carretera a Valladolid que sirve para explicar la preocupación de la comarca. Las chimeneas vierten sin parar el vapor de agua que resulta del complicado proceso de extraer el azúcar de la planta. Decenas de camiones esperan pacientemente a que en una pantalla salga su matrícula para entrar a descagar la remolacha. Se les pesa a la entrada, una máquina toma una muestra al azar y mide el contenido en azúcar de la carga (ronda el 16%). Después de una serie de concentraciones, tratamientos térmicos y químicos se extrae el azúcar (el proceso incluye una curiosa "siembra": a la última melaza se le añaden unos cristales de azúcar sobre los que crecerán nuevos cristales). El resto se destina a alimentación animal.

En el interior llega a hacer 40 grados y mucha humedad pese a que estamos en Valladolid en diciembre. Unos 5.000 cooperativistas traen aquí su remolacha. Da empleo a unas 500 personas y unos 1.500 indirectos (el movimiento de camiones es incesante durante la temporada en la que la fábrica trabaja 24 horas al día). El empaquetado es automático y realizado por unos robots fabricados en Italia que se mueven diligentemente por la nave industrial a apilar en palés las distintas presentaciones. La tecnología punta llegó hace mucho al sector agrícola.

Después de invertir más de 50 millones en los últimos 10 años en la fábrica y de acabar el año pasado con unas pérdidas de unos 10 millones de euros, la preocupación es palpable. Carlos Rico, presidente de Acor, se lanza contra el impuesto: "No es razonable. Intenta denostar un producto saludable. Nos convierte en un chivo expiatorio y lo va a pagar el agricultor, que es el eslabón más débil". El impuesto encarecería cada lata de refresco unos céntimos pero él lo considera muy grave: "En agricultura todo es cuestión de céntimos. Un kilo de azúcar cuesta menos que un café solo en un bar. Eso no puede ser".

La charla deriva rápidamente a la obesidad. Aquí no calan los estudios científicos ni los mensajes de la OMS que vinculan el azúcar con la obesidad, que la acusan de haber manipulado estudios para culpar a la grasa de ser fundamental en la obesidad ni nada parecido. Eso son mensajes interesados, modas alimentadas por la competencia. Rico lanza el discurso a toda mecha, enlaza una idea con otra. Está trabajado: "Hace seis meses decían que la carne roja y el embutido eran malos. He llegado a escuchar que la harina es el veneno blanco. ¡Si ha sido la base de la alimentación de la humanidad durante siglos! Seamos serios. En EEUU culpan a los edulcorantes artificales como el aspartamo. Estamos ante un problema complejo y echarle la culpa a un solo producto es, por simplista, erróneo".

El 40% del azúcar que se destina a alimentación va a bebidas azucaradas. Más que la que se toma en casa

Los cooperativistas tienen mensajes parecidos pero expresada de forma más cruda. Ángel López se ha reunido con David Salguiero y Juan Carlos Bartolomé. Suman décadas en esto y enseguida montan una tertulia. "A Hacienda no le importa la salud. Si pone un impuesto no es por eso sino para recaudar. Si hasta hay un impuesto al sol". "El hermano de Jesús, el de los dónuts, no va a dejar de tomarse cada mañana sus dónuts". "¿Es que poniendo un impuesto deja de ser perjudicial?".

Aunque hay resultados diversos, Un estudio publicado en la 'Revista Española de Salud Pública' el pasado mes de octubre defiende este tipo de impuestos. "Un impuesto específico sobre bebidas azucaradas tiene bastante potencial para reducir enfermedades no transmisibles y riesgos –diabetes mellitus, hipertrigliceridemia, lipoproteínas de baja densidad, hipertensión diastólica–, a través de la reducción del consumo, al ser alta la elasticidad del precio de estas bebidas. Además, los efectos incluso se amplifican a medio plazo, una vez establecidos nuevos hábitos de consumo más saludable", concluyen los investigadores de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Las Palmas. Pero añaden que hay resistencias: "Las políticas impositivas en pro de la salud pública han de sobreponerse a la enorme fuerza de la industria, que es ejercida en varios niveles –ciencia e investigación, reputación de marca, influencia en reguladores–". En México un impuesto parecido ha reducido la obesidad pero el alza de precio de las bebidas fue de un 10%, no de unos céntimos.

Tejerina, ministra de Alimentación y diputada por Valladolid, ha intentado sin éxito frenar el impuesto

Rico ha entendido que el problema que se les viene es serio y va más allá del impuesto -que unos agricultores lloren ante una tasa que les afecta es lo mínimo-: "Nos preocupa el efecto psicológico sobre el consumidor, que se demonice el producto". El azúcar va perdiendo -si no ha perdido ya- la batalla de la imagen. Pero avisa de que el precedente de Hacienda gravando alimentos perjudiciales abre una puerta por la que entrarán más.

El sector ve el impuesto ya como inevitable, pero eso no impide que haya jugado sus bazas. A finales de noviembre el presidente autonómico, el popular Juan Vicente Herrera, visitó Acor y calificó la tasa a los refrescos como "un disparate". "No tiene sentido poner palos en el engranaje del vino o del azúcar. Lo lógico es incentivar los consumos responsables y saludables e impulsar al respecto", afirmó. Herrera ya se ha enfrentado abiertamente al Gobierno de Rajoy en otros frentes que afectan a su comunidad, como los recortes a la minería del carbón. La ministra de Agricultura y alimentación, Isabel García Tejerina, diputada por Valladolid, intenta entre bambalinas frenar el impuesto, pero su poder no alcanza al del ministro de Hacienda ni de lejos, según razona el sector. Por eso cuando en el bar de Acor sale Cristóbal Montoro por televisión, Javier Narváez gira la vista y musita: "Ahí está ese. No quiero ni pronunciar su nombre".