El Gobierno adelanta a la UE que Educación y Sanidad crecerán menos que el PIB

Los datos los acaba de remitir el ministro de Economía, Luis de Guindos, a la Comisión Europea. Y en síntesis, suponen continuar con la senda de consolidación fiscal. O lo que es lo mismo, con los ajustes respecto del crecimiento del PIB en materias socialmente tan sensibles como la Sanidad o la Educación.

En concreto, el gasto público en Educación pasará del 4,04% en 2016 al 3,90% en 2017. Mientras que en Sanidad pasará del 6,12% al 5,92%. En total, un ajuste de alrededor de un 0,34% del PIB —unos 3.500 millones de euros— en términos relativos respecto de la situación de partida.

Así se lo ha hecho saber el Gobierno a Bruselas en la Actualización del Plan Presupuestario de 2017, que supone un documento adicional respecto del Programa de Estabilidad remitido hace unos meses, y en el que, por el contrario, se prevé un aumento del gasto sanitario a medio y largo plazo a causa del envejecimiento de la población. En concreto, hasta el 7% del PIB en 2040 (unos 10.000 millones más que hoy).

Ahora, sin embargo, sucede lo contrario. Hasta el punto de que el gasto previsto para el año próximo en políticas públicas relacionadas con la Sanidad se situará en su nivel mínimo desde 2011. Ese año, el gasto representó un 6,47% y ahora se comunica a Bruselas, que se situará en 2017 en el 5,92% del producto interior bruto (PIB). Algo parecido sucede en el caso del gasto en Educación, que en ese mismo periodo habrá pasado de representar el 4,4% del PIB al 3,90% .

Eso quiere decir que el gasto público en Sanidad y Educación ha crecido unos 10.000 millones de euros menos que el PIB desde el año 2011. Sin embargo, como destaca el Gobierno en su comunicación a Bruselas, el resultado en términos absolutos es muy distinto. El Ejecutivo sostiene que el gasto en Sanidad en 2015 fue de unos 5.500 millones de euros más al registrado en 2007, antes de la crisis, mientras que el aumento en el gasto de Educación se cifra en algo más de 200 millones.

El menor peso relativo de la Sanidad y la Educación respecto del PIB —también el gasto en protección social se situará en el nivel mínimo desde 2011— es consistente con la senda de reducción del déficit público planteada por las autoridades económicas a la UE. El Ejecutivo estima que el gasto público se situará el año próximo en el 41,3%, lo que representa 4,5 puntos porcentuales menos que en 2011. Eso supone un ajuste de unos 45.000 millones de euros durante el periodo, que recoge años de fuerte recesión y de intenso crecimiento económico (por encima del 3%).

La reducción del gasto público respecto del PIB es, en realidad, una tendencia más que un dato puntual. El Gobierno, de hecho, prevé que en 2019 el gasto público total caiga hasta el 40,1% del PIB, lejos del 43,3% de 2015. De ese gasto total, el consumo público —principalmente, sueldo de los funcionarios y la adquisición de bienes corrientes— representará 17,4 puntos del PIB. Respecto a 2016, el gasto a ejecutar por el Estado en 2017 será inferior en 5.000 millones de euros en relación a los créditos iniciales.

Partidas 'indisponibles'

Hay que tener en cuenta que el margen de maniobra del Gobierno para reducir el gasto público de forma intensa es estrecho, salvo que hiciera una revisión total de las partidas haciendo un presupuesto 'cero'. Como reconoce en su comunicación a Bruselas, casi un 75% del Presupuesto del Estado tiene este carácter “indisponible, siendo incuestionable la rigidez de estos gastos”.

No hay que olvidar que el Presupuesto del Estado no se limita a financiar el ejercicio de las competencias que le son propias. Gran parte del mismo se destina a financiar las competencias ejercidas por el resto de las administraciones, tanto las territoriales como las de la Seguridad Social, así como las transferencias a la Unión Europea.

Estas 'atenciones' de carácter obligatorio consumen el 42% del Presupuesto del Estado, y su importe y evolución tienen un origen normativo (sistemas de financiación de administraciones territoriales, normativa de Seguridad Social o derecho comunitario), resultando por tanto partidas totalmente “indisponibles” para el Estado. Por tanto, sostiene Hacienda en el documento remitido a la Comisión Europea, se puede afirmar que el Presupuesto del Estado es, por su estructura, “un Presupuesto eminentemente financiador de otras administraciones públicas”.

Esto se debe, en particular, a que el Estado tiene el mejor acceso a los mercados financieros, que su vez emplea para facilitar los recursos que el conjunto de administraciones precisan, asumiendo por ello una significativa carga de intereses, en torno a 33.500 millones de euros en 2016, que representan un 21% del gasto total del Presupuesto del Estado. Este importe financia igualmente parte de los intereses de las administraciones territoriales.