El Gobierno saca la artillería para firmar la paz con Cataluña

El objetivo del nuevo Ejecutivo es claro: hay que 'normalizar' las relaciones del Gobierno central con Cataluña. Y con esa intención, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría prepara un equipo negociador que se encargará de desbrozar el camino. Aunque los nombres se conocerán “en los próximos días”, según fuentes de absoluta solvencia, quien aparece hoy mejor colocado es José Luis Ayllón, uno de los colaboradores más estrechos de la vicepresidenta, y todavía secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes.

Ayllón (1970), es catalán, de Barcelona, y a su favor juega que tiene una amplia experiencia negociadora después de cuatro años ejerciendo de puente entre el Congreso y el Consejo de Ministros. Pero también pesa su hilo directo con los diputados nacionalistas catalanes. La vicepresidenta, igualmente, mantiene buenas relaciones con Oriol Junqueras, el vicepresidente catalán, con quien se reunió en la pasada legislatura en unos momentos especialmente tensos entre la Generalitat y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuyos encontronazos con el Gobierno catalán han sido frecuentes y hasta monumentales.

Sáenz de Santamaría, igualmente, mantiene buenos contactos con el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, pese a su estilo parlamentario bronco y, en la mayoría de las ocasiones, muy ácido con el Partido Popular. Este buen clima explica que la pasada semana, y nada más conocerse el nuevo gabinete, una de las primeras llamadas de felicitación que recibió Sáenz de Santamaría fue, precisamente, la de Oriol Junqueras.

Ahora, como dijo ayer Montoro en el acto de traspaso de poderes, la política territorial vuelve “a su sitio natural”. Es decir, al ámbito más cercano a la presidencia del Gobierno en la persona de la vicepresidenta, que asumirá de forma inmediata el reto de lograr que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, acuda a la reunión de la Conferencia de Presidentes autonómicos y se avenga a negociar la financiación autonómica. Hoy por hoy, no está claro lo que pasará en ninguno de los casos, y ese es uno de los primeros objetivos del nuevo Gobierno, atraerlo para la causa de la negociación.

Sáenz de Santamaría ya hizo de puente a finales de julio de este año, cuando en plena bronca entre Hacienda y la Generalitat por la aprobación del plan económico financiero, se desbloqueó una autorización del Consejo de Ministros para que el Gobierno catalán se endeudara a corto en 685 millones de euros. Esa cantidad es ajena a los 1.600 millones de deuda a corto plazo que la Generalitat catalana lleva meses pidiendo infructuosamente que se transforme en deuda a largo plazo, y que cubriría el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Desviación presupuestaria

La situación financiera de Cataluña, pese a la mejora del contexto macroeconómico, sigue siendo muy delicada. La Autoridad Fiscal Independiente (Airef) ha considerado como “improbable” que Cataluña cumpla los objetivos de déficit, tanto este año como en 2017. En cuanto al objetivo de deuda, la comunidad presentó al cierre de 2015 una ratio de deuda del 35,3% PIB, un punto por encima del objetivo. Esta desviación se debió principalmente a la regularización de inversiones por importe del 0,8% del PIB

Ahora, con el nuevo organigrama del Gobierno, las cuestiones económicas seguirán dependiendo de Montoro, pero las relaciones con Cataluña no dejan de ser estrictamente políticas, y esa es una competencia exclusiva de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, incluida la presentación de recursos de inconstitucionalidad. La propia vicepresidenta recordó ayer que todas las administraciones (y lógicamente también Cataluña) “somos Estado”, por lo que se impone el término “colaboración”.

En el marco de esa colaboración, las dos administraciones ya han avanzado que trabajarán juntas para lograr que cuando se materialice la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Cataluña pueda acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento, habida cuenta de la larga tradición farmacéutica de esa comunidad autónoma.

Con el nuevo esquema la vicepresidencia controlará directamente dos secretarías de Estado, una “hacia afuera” -relacionada con la política territorial- y otra “hacia adentro”,vinculada a las negociaciones con los grupos parlamentarios. Además de controlar directamente la Conferencia de Presidentes autonómicos y la Comisión de Subsecretarios.