Rajoy se conjura para rebajar este mes la factura de 5.500 millones que pide Bruselas

Un mes escaso. Este es el tiempo que tiene el flamante Gobierno para convencer a la Comisión Europea de la buena nueva que supone el desbloqueo político en España de cara a la consolidación y ajuste de las cuentas del Estado. La cita clave está fijada en el calendario para el 2 de diciembre, fecha en que se cumplen los cuatro meses preceptivos desde que Bruselas envió su última y definitiva advertencia, exigiendo recortes adicionales para cumplir la senda fiscal trazada por los burócratas comunitarios. El déficit estimado para el año próximo se sitúa en el 3,6% del PIB, como consecuencia de la vigente prórroga presupuestaria de 2016, y tiene que ser reconducido a un máximo del 3,1%, al margen de que Rajoy sea capaz, o no, de sacar adelante unos nuevos Presupuestos del Estado para 2017.

El recién investido jefe del Ejecutivo ha marcado claramente la prioridad de su misión al frente del país, que no es otra que asegurar la recuperación económica por la vía de la política presupuestaria como principal instrumento de la acción de gobierno. A partir de ahí, el desafío está lanzado como arma arrojadiza para que el resto de las fuerzas moderadas sepan a qué atenerse. Ciudadanos y el PSOE ya saben lo que tienen y no tienen que hacer si quieren contribuir a mantener un cierto equilibrio inestable o, por el contrario, prefieren aprovechar la precariedad del partido en el poder para lucir músculo o lamerse las heridas, de acuerdo con el inventario de necesidades que apremian en cada una de sus respectivas bancadas parlamentarias.

La solemnidad del presidente del Gobierno al trazar la agenda política en el Congreso demuestra el grado de convicción con que Rajoy afronta su segundo mandato en La Moncloa. El líder del PP no va a admitir ni media fisura en sus potenciales y ocasionales aliados a la hora de intensificar el saneamiento de las cuentas públicas, entre otras razones porque ahora dispone de unas circunstancias bastante mejores que las heredadas en 2011. El jefe del Ejecutivo está acorazado para recibir el abrazo del oso y cuenta a su favor con bazas suficientes para desgastar a sus rivales, a poco que estos persistan en mantener el frente de batalla económico como principal flanco de ataque de una legislatura bronca y fallida.

El crecimiento del PIB, fijado para 2017 en un 2,3%, será revisado al alza, lo que permitirá un margen adicional para negociar ahora con la Comisión Europea

Desde su toma de posesión este pasado viernes, los nuevos responsables de la política económica disponen de instrucciones precisas para hacerse valer en Bruselas sin descuidar los requerimientos comunitarios, pero también sin sangrar las favorables perspectivas de crecimiento alcanzadas por nuestro país. Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) permiten vislumbrar una evolución al alza de la economía por encima del 3% en el conjunto de 2016, lo que impulsa una mejora de la previsión que el anterior Gobierno en funciones cuantificó para 2017 en un 2,3%. España puede crecer más en el próximo año, y eso va a reducir el nivel de ajuste fiscal pendiente, dado que, no se olvide, lo que está en juego es un término relativo de déficit público medido en su relación con el PIB.

Otro factor que contribuye a la mejora de las perspectivas fiscales es el incremento de la recaudación fiscal producido por la reciente reforma del Impuesto de Sociedades. Los ingresos generados tras el primer pago de retenciones efectuado por las grandes empresas el pasado 20 de octubre se han situado en torno a los 6.000 millones de euros, superando las estimaciones que apuntaban de partida a un 70% de los 8.300 millones ‘pellizcados’ por Hacienda para salvaguardar los compromisos con Bruselas al cierre de 2016. En diciembre, se completará el abono del segundo plazo fraccionado, cuya recuperación tributaria se hará extensiva al año 2017 como elemento esencial para garantizar la senda fiscal establecida por la Comisión Europea.

El déficit público del 3,1% del PIB establecido para el próximo año es un objetivo tan ambicioso como asumible, a tenor del nivel de la marcha que ha alcanzado la economía española. La mejora de los precios añade además un comodín a la baraja que maneja el Gobierno, siempre y cuando se frenen los efectos de segunda ronda y España consiga asegurar el diferencial de inflación con Europa, que ha sido el elemento clave de la competitividad ganada por el sector exterior y una de las principales bases, en consecuencia, de la recuperación económica. La negociación colectiva y el papel de la CEOE y los sindicatos constituyen en este capítulo una de las mayores prioridades en la agenda del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy.

El diálogo social va a ser determinante en los primeros meses de legislatura, y si se apura más trascendental incluso que el consenso parlamentario a la hora de establecer el nuevo marco fiscal y presupuestario. La prórroga que ahora mantiene congeladas las cuentas públicas es un obstáculo en el camino de la estabilidad económica proclamada por Rajoy, pero eso no significa que el Gobierno vaya a tirar la toalla en su empeño por controlar el gasto público. Más bien al contrario, en algunos departamentos económicos del nuevo Consejo de Ministros insisten en hacer de la necesidad virtud cuando apuntan que la situación de 'impasse' presupuestario puede ser incluso beneficiosa para frenar las ínfulas de algunas autonomías especializadas en disparar con la pólvora del rey.

La prórroga presupuestaria no es un problema de cara al próximo año, pero el nuevo Gobierno no consentirá que la oposición tumbe las cuentas públicas de 2018

El Gobierno tiene repleta la cantimplora para encarar la presumible travesía por el desierto en 2017, y las imploraciones de Rajoy en busca de una concertación redentora no hacen sino inclinar la carga de la prueba contra aquellos que anteponen sus estrategias de partido por encima de las obligaciones de Estado. La lealtad parlamentaria para sacar a España definitivamente de la crisis está consagrada en el espíritu de una legislatura que puede ser más o menos caduca, pero que en todo caso va a dejar una profunda huella en las relaciones de los distintos grupos con sus potenciales electores. Más allá de las ideologías y de la puesta en escena circense con que algunos suelen manifestarlas, las circunstancias económicas invitan esta vez a un ejercicio de pragmatismo como casi ya no se recuerda en la vida política de la España en democracia.

El bloqueo institucional de los últimos 315 días frenó en seco el proceso de la segunda transición, pero una vez que se ha roto el hielo, los acontecimientos pueden precipitarse de manera vertiginosa. Rajoy tiene de momento la mano y ha demostrado especial habilidad a la hora de repartir cartas. Falta escuchar ahora las apuestas del resto de miembros que juegan la partida. En cualquier caso, lo que no se discute es la disciplina o tenor de una competición que está totalmente segmentada hacia la gestión económica como alternativa única para resarcir a los españoles de los enormes esfuerzos padecidos tras siete largos años de vacas flacas. El Gobierno maneja no solo los tiempos sino también el terreno de lo que entiende es su principal activo para reconquistar la confianza de los ciudadanos.

Bruselas está en estos momentos a buen recaudo o, por lo menos, eso es lo que indican las principales variables del actual cuadro macro. El año 2017 puede darse por descontado, y lo que importa ahora es identificar apoyos de cara a 2018. Un ejercicio en el que la falta de consenso político puede dar al traste con la credibilidad de los mercados, a poco que se esfumen los vientos de cola que han impulsado la actividad estos últimos años. Por eso, la mano tendida por Rajoy en el Parlamento se ofrece con el guante de hierro de un compromiso ineludible para asegurar la gobernabilidad a la vuelta de un año, entendiendo como tal la puesta en funcionamiento de las escasas herramientas que son básicas para proteger la soberanía económica del país.

Los Presupuestos del Estado son el eje central de la agenda económica comprometida con la Comisión Europea, y constituyen a la vez el campo de batalla del debate político en España. La aprobación de las cuentas públicas es esencial, pero, casi más importante que las de este año entrante, lo que verdaderamente le interesa a Rajoy es tener las manos libres a partir de los ejercicios siguientes. Es el próximo ciclo presupuestario que se inicia en junio de 2017 de cara a 2018 el que pondrá a prueba la posibilidad de diálogo entre las diversas fuerzas parlamentarias. Si el Gobierno que ahora nace no se demuestra capaz de llegar a acuerdos, la legislatura quedará herida de muerte. Será entonces cuando Rajoy empiece a diseñar el plan B, que no es otro que convocar elecciones. El plan A, el único ahora vigente, es pensar en un lLegislatura tan amplia como el resto de sus señorías estén dispuestas a admitir. Tiempo al tiempo.