carmena, la gran beneficiada

Los ayuntamientos se ponen las botas con las donaciones gracias a la plusvalía

Las donaciones que se están adelantando en Madrid ante el temor al fin de la exención fiscal tienen como gran beneficiario al ayuntamiento de la capital, que recauda la plusvalía municipal

Foto: La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto a Florentino Pérez. (Reuters)
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, junto a Florentino Pérez. (Reuters)

Resulta paradójico, pero el fin de una medida que adoptó Esperanza Aguirre y que posiblemente va a derogar Mariano Rajoy tiene como principal beneficiaria a la alcaldesa de la capital de Ahora Madrid (marca de Podemos), Manuela Carmena. Nos referimos a la esperada modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones con el establecimiento de un mínimo para todo el Estado, lo que acabaría con la bonificación del 99% de la Comunidad de Madrid. Esto ha provocado una avalancha de donaciones antes de que llegue el cambio, y estas donaciones deben pagar la plusvalía municipal cuando incluyen inmuebles.

Esa es la razón por la que los ayuntamientos de la región, en especial el de la capital, se están 'poniendo las botas' con este adelantamiento de las herencias mediante donaciones en vida, ya que estos traspasos de patrimonio tienen consideración de hecho imponible para ese impuesto municipal, exactamente igual que si los inmuebles se hubieran vendido. Además, la base imponible no es el valor de venta (de traspaso, en este caso), sino un valor que presupone que la vivienda siempre sube, cosa que no se acerca precisamente a la realidad en los últimos años.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos, que así se llama el tributo, estima una revalorización teórica del 3,5% anual en Madrid, según el bufete BMO Abogados (este porcentaje varía según la localidad), del precio de la vivienda calculado sobre su valor catastral actual, que se multiplica por el número de años transcurridos desde la compra. Y esa revalorización es la base imponible del tributo, incluso aunque el activo valga en realidad menos ahora que cuando fue adquirido.

Por ejemplo, un inmueble adquirido en 2007 por un valor catastral de 150.000 euros tendría una revalorización a efectos del impuesto del 31,5% (3,5 por nueve años), en este caso de 47.250 euros. Sobre esa cantidad, totalmente ficticia, se aplica un tipo que no puede superar el 30% (el que se aplica en Madrid es del 29%). A ese tipo, el donante tendría que pagar al ayuntamiento que gobierna Carmena 13.702,5 euros.

La plusvalía hace que la donación no interese

Estas ingentes cantidades provocan incluso que algunas de estas donaciones se vengan abajo. Miguel Ángel Albadalejo, socio de fiscalidad de la consultora RSM, explica que "hay casos en que la plusvalía es tan alta, porque los inmuebles fueron adquiridos hace muchos años, que no compensa lo que tendrá que pagar con el tipo mínimo que impondrá el Gobierno para el Impuesto de Sucesiones. En estos casos, es mejor esperar al fallecimiento".

Este sistema de tributación ha motivado que el Ayuntamiento de Madrid haya recaudado 1.600 millones por la plusvalía municipal en los tres últimos años, con un incremento anual superior al 20%, según BMO Abogados. Desde 2008 hasta 2015, la media del precio de la vivienda en España ha caído un 30%, pero la recaudación de las plusvalías por parte de los ayuntamientos ha aumentado aproximadamente un 100%.

Álvaro Benejam, socio de este bufete, asegura que aquellos contribuyentes que vendan (o donen) inmuebles por debajo de su valor de compra tienen derecho a reclamar la devolución de la plusvalía, ya que la ley y su exposición de motivos sostienen que el tributo existe para gravar el incremento de valor real: “Muchos vendedores se ven obligados a abonar el impuesto de plusvalía municipal a pesar de tener pérdidas económicas. Existe un gran desconocimiento de los derechos de los contribuyentes sobre la reclamación de dicha plusvalía, un derecho fundamental de todo ciudadano”, explica. Y los jueces empiezan a darles la razón, ya que, cuando hay una contradicción como esta en una norma, siempre prevalece la más favorable para el contribuyente.

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