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Rajoy utilizará sin rubor el poder de veto del Gobierno para blindar las cuentas públicas
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GARANTÍA CONSTITUCIONAL

Rajoy utilizará sin rubor el poder de veto del Gobierno para blindar las cuentas públicas

Los nuevos Presupuestos para 2017 van a marcar el nivel del diálogo y consenso que puede ofrecer la Legislatura para la acción política del nuevo Gobierno

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (Reuters)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (Reuters)

Mariano Rajoy ha trasladado a la Comisión Europea un mensaje de tranquilidad ante la que se puede avecinar en España si su nuevo Gobierno no es capaz de sacar adelante un proyecto de Presupuestos para 2017. El presidente aprovechó sus últimos días en funciones para fijar la principal ‘línea roja’ de su acción política, que consiste en blindar las cuentas públicas sin ningún pudor y complejo. Para ello, fuentes oficiales han señalado que al jefe del Ejecutivo no le temblará el pulso a la hora de utilizar el poder de veto que la Constitución concede al Gobierno sobre cualquier medida que implique aumento de los gastos o disminución de los ingresos del Estado.

En los días previos al reciente debate de investidura, el Congreso de los Diputados fue escenario de una primera escaramuza entre el partido en el poder y las tres principales fuerzas de oposición surgidas de las elecciones del 26 de junio. El PP tiene claro que tanto el PSOE como Unidos Podemos, pero también sus aliados coyunturales, Ciudadanos, no van a cejar en su empeño por impulsar medidas económicas de marcado acento social y populista que ponen de los nervios a los más puristas funcionarios de Bruselas. Ni más ni menos eso es lo que cada cual por su parte y todos juntos a la vez han hecho a lo largo del pasado mes de octubre con la presentación de hasta 10 proposiciones de ley contrarias a la política económica del Gobierno.

Rajoy jura como presidente del Gobierno

Los 137 miembros del grupo parlamentario popular están en franca minoría a poco que el resto de partidos hagan piña para manejar a su antojo la legislatura. El poder legislativo tiene todo a su favor para llevar del ronzal al poder ejecutivo aprovechando la inestabilidad de un mandato prendido con alfileres sobre un arco parlamentario ampliamente fragmentado. El único elemento que realmente garantiza el liderazgo de Rajoy es el poder de veto que cobija al Gobierno de la nación como garante del equilibrio presupuestario, una facultad que los padres de la Constitución tuvieron a bien incluir en la redacción de la Carta Magna en 1978.

El blindaje ha sido sometido a un ensayo previo de resistencia cuando el pasado día 18 el Gobierno todavía en funciones se vio obligado a lucir su ‘chaleco antibalas’ para repeler desde el grupo parlamentario en el Congreso la tramitación de las citadas propuestas parlamentarias. La materialización de estas medidas implicaba en su conjunto un gasto adicional de 8.000 millones de euros, una desviación presupuestaria que los responsables de la política económica consideran “totalmente inasumible”. Dichos medios oficiales recuerdan que el Reino de España está amenazado por la Comisión Europea con un procedimiento por déficit excesivo que puede dar lugar antes de fin de año a una multa de hasta el 0,5% del PIB.

Rajoy pretende reforzar el grupo parlamentario del PP en el Congreso, lo que puede inducir a importantes cambios en la composición del nuevo Gobierno

Entre las proposiciones de ley que han sido rechazadas, figuran tres del PSOE relativas a la supresión de tasas judiciales, pobreza energética y universalización de la asistencia sanitaria. Ciudadanos también formalizó un intento por regular el autoconsumo energético en esa batalla permanente que mantiene el grupo de Albert Rivera por eliminar el llamado 'impuesto al sol', lo que provocará, según el Gobierno, una vuelta a las andadas con una subida desproporcionada de la tarifa eléctrica para todos los consumidores. La Mesa del Congreso aceptó en cambio dos propuestas socialistas que también implican aumento de gasto; una destinada a la paralización de la ley Werty otra para la mejora de los subcontratados en el Estatuto de los Trabajadores.

El nuevo Ejecutivo tendrá que decidir a partir de la próxima semana si recurre de entrada a su infalible derecho de veto, dejando en suspenso ambas disposiciones, o prefiere mostrar un cierto 'gesto de cortesía' que pueda ser correspondido por el grupo parlamentario del PSOE con vistas a la aprobación de nuevos Presupuestos para 2017. El apoyo socialista es indispensable para testimoniar en Bruselas la voluntad de consolidación fiscal, y el PP necesita conocer cuanto antes las posiciones que van a sostener los principales grupos parlamentarios acerca de los grandes objetivos económicos que presiden la 'rentrée' de Rajoy como jefe investido del Gobierno.

Los límites de déficit público establecidos por la Comisión Europea no son negociables. Por eso, y para evitar equívocos, Rajoy concede especial relevancia a la labor parlamentaria en estos primeros compases de la legislatura. El Gobierno sabe que la estrategia de consenso debe quedar clara desde el principio, evitando equívocos que induzcan a tomar por el pie la mano que ha tendido el presidente en el Congreso de los Diputados. Esta circunstancia puede afectar directamente a la composición del Gabinete que se anunciará este jueves y no se descarta que algunos (o algunas) de los principales componentes del anterior Gobierno pasen ahora a encabezar el grupo parlamentario como guardia pretoriana encargada de custodiar las cuentas públicas en España.

Mariano Rajoy ha trasladado a la Comisión Europea un mensaje de tranquilidad ante la que se puede avecinar en España si su nuevo Gobierno no es capaz de sacar adelante un proyecto de Presupuestos para 2017. El presidente aprovechó sus últimos días en funciones para fijar la principal ‘línea roja’ de su acción política, que consiste en blindar las cuentas públicas sin ningún pudor y complejo. Para ello, fuentes oficiales han señalado que al jefe del Ejecutivo no le temblará el pulso a la hora de utilizar el poder de veto que la Constitución concede al Gobierno sobre cualquier medida que implique aumento de los gastos o disminución de los ingresos del Estado.

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