Hacienda decide despejar el camino para que las CCAA elaboren sus presupuestos

Semana clave para las arcas autonómicas. El pasado miércoles, el Ministerio de Hacienda remitió una carta a las correspondientes consejerías regionales para informarles de la previsión de ingresos no financieros para 2017, “con un escenario de posible prórroga del presupuesto, que toma necesariamente como referencia la cifra equivalente de los ingresos de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, ajustada a los índices y variables de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas”, según fuentes de una administración local.

De esta manera, aunque no se han precisado todavía las cantidades, el equipo del ministro Cristóbal Montoro pretende desbloquear la situación actual, que impedía a las comunidades autónomas elaborar sus presupuestos, pese a que el plazo legal para la presentación del límite de gasto no financiero y del proyecto de Presupuestos Generales del Estado expiró el pasado 30 de septiembre. En ese documento, Hacienda comunica la cifra prevista de ingresos para 2017 (incluidas las entregas a cuenta) y la estimación de la liquidación definitiva de 2015, tal y como se detalla en el documento enviado esta semana.

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Como bien se indica, “se trata, en todo caso, de cifras provisionales y parciales, y las cifras no serán definitivas hasta la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2017”. Pese a todo, esta imprecisión hace que algunos consejeros autonómicos consideren que es imposible elaborar así unos presupuestos, al margen de que los datos adelantados se correspondan en realidad con los que al final terminarán siendo, como subrayan desde un territorio gobernado por el propio Partido Popular.

El actual colapso se debe a la situación de interinidad del Gobierno, ya que el marco normativo vigente impide a un Ejecutivo en funciones la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Como resultado de estas limitaciones, no han podido cumplirse los plazos previstos para la aprobación del límite de gasto no financiero de los Presupuestos del Estado, ni remitir a las Cortes el proyecto de PGE para el próximo año, y ello pese a que la mitad del gasto público es gestionado por comunidad y ayuntamientos, mientras que la Administración General gestiona poco más del 20% del gasto total.

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Hasta ahora, Hacienda había negado información sobre cuánto correspondería el año próximo a las regiones en aplicación del modelo de financiación autonómica. Ni siquiera, se ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiero para dar cuenta de la marcha de los ingresos, una información esencial para conocer los anticipos mensuales que les corresponderían (el 98% hasta la liquidación definitiva), una información imprescindible para confeccionar los presupuestos autonómicos.

Hay que tener en cuenta que los Presupuestos Generales del Estado recogen como gasto las transferencias a los entes territoriales, tanto las que resultan de la aplicación de los sistemas de financiación vigentes (fondo de suficiencia, fondo de garantía, fondos de compensación interterritorial, participación en ingresos del Estado de las Corporaciones Locales, etc.) como aquellas otras que se derivan de convenios, contratos-programa, o acuerdos para financiar determinados bienes o servicios públicos prestados por comunidades autónomas y ayuntamientos.