HACIENDA GUARDA LOS NOMBRES

Carrera contrarreloj para evitar el cierre de cientos de empresas públicas locales

Hacienda guarda con celo la lista de empresas locales afectadas. Pero la ley es muy clara. Las sociedades con déficit deben liquidarse antes del próximo 1 de diciembre

Foto: La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. (EFE)

La fecha clave es el próximo 1 de diciembre. Ese día, según establece la ley de racionalización del sector público local, los ayuntamientos deben disolver los organismos en situación de 'desequilibrio financiero'. O lo que es lo mismo, están obligados a cancelar los servicios que prestan a sus ciudadanos —algunos de ellos de carácter esencial— sin que tengan la posibilidad de hacer aportaciones patrimoniales para restaurar el equilibrio económico y salir de los números rojos.

Hacienda ya envió el pasado 12 de julio una misiva a los alcaldes y presidentes de Diputación con sociedades en esa situación, advirtiéndoles de que están obligados a liquidar esas empresas públicas o, al menos, alegar las causas de la no disolución. Pero, hoy por hoy, poco o nada se ha avanzado. Hasta el punto de que ni los propios afectados conocen las intenciones últimas de Hacienda, que guarda celosamente la lista de los entes concernidos, y que en alguna ocasión ha sugerido que estudiará la situación caso por caso.

En aquella carta se daba 15 días naturales a los alcaldes para que comunicaran al Gobierno que ya habían disuelto las sociedades que Hacienda consideraba liquidables. Y se dejaba bien claro que, transcurrido ese plazo, “se podrá proceder a dar publicidad al incumplimiento y a adoptar las medidas automáticas de corrección” previstas en la leyes. Ahora bien, amenazando también con la “posible responsabilidad personal que corresponda”.

La situación es tan confusa que el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, reclamó hace unas semanas al ministro Montoro conocer de forma más precisa la situación de las sociedades municipales “con déficit recurrente”, y cuya disolución debe ser casi inmediata. En esa misiva, Caballero, alcalde de Vigo, no pidió directamente una dilación en los plazos, pero reclamó una reunión urgente de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), el organismo que reúne a los ayuntamientos, cabildos y diputaciones.

Hacienda, sin embargo, no dice nada al respecto y eso es, precisamente, lo que provoca la confusión actual. No en vano, en muchos casos se trata de sociedades que prestan servicios básicos, y que ninguna otra Administración está ahora en condiciones de satisfacer. Los sindicatos han llegado a sospechar que en el fondo se pretende la privatización de servicios públicos.

Hacienda, consciente de esta realidad, ya dio un plazo suplementario a los ayuntamientos para liquidar sus empresas deficitarias. Pero también ese plazo está a punto de sobrepasarse. En concreto, ofreció un año más cuando las entidades en desequilibrio financiero prestaran alguno de los siguientes servicios esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros.

Casi 4.400 sociedades públicas

En la actualidad, las entidades locales controlan 4.388 sociedades a través de multitud de fórmulas administrativas: organismos autónomos, consorcios, fundaciones o asociaciones. Aunque el número de empresas públicas ha ido decreciendo desde el estallido de la crisis (en 2009 se llegó a un máximo de 6.043), lo cierto es que el ritmo de disolución se ha ido desacelerando, algo que preocupa a Hacienda pese a que las corporaciones locales son hoy la única Administración con superávit presupuestario. De un ritmo de cierre cercano al 8% en 2011, se ha pasado a un 3,2%.

Esas tasas de variación, sin embargo, esconden otra realidad. Mientras que en el caso de los organismos autónomos, consorcios y fundaciones se ha producido una reducción de más del 35% desde 2009, el número de entidades públicas que tienen un carácter empresarial han aumentado un 10% en ese periodo, hasta alcanzar las 55 empresas públicas.

Uno de los casos más significativos es el de las diputaciones provinciales, que representan el 0,4% de las entidades principales y tienen 475 entidades dependientes. Sin embargo, esa cifra supone un 10,9% del total de sociedades públicas. Entre las diputaciones, cabildos y consejos insulares, los que cuentan con más entes dependientes son el Cabildo Insular de Tenerife, con 43, y la Diputación Foral de Vizcaya, con 33, mientras que de las diputaciones provinciales de A Coruña y de Soria tan solo depende una entidad. Por municipios, Barcelona, Sevilla y Reus son los ayuntamientos con más entidades dependientes, con 50, 49 y 26 respectivamente.

En esta situación de disolución se encontrarían empresas tan significativas como la Empresa de Transportes Urbanos de Mieres o las empresas de la vivienda y de transportes de Gijón. Se da la circunstancia de que existen nada menos que 944 sociedades de las que se desconoce el órgano del que dependen, lo que añade confusión a la racionalización de las corporaciones locales.

La disolución de empresas públicas realizada entre 2013 y 2015 ha supuesto un ahorro de 490 millones de euros si se tienen en cuenta tanto los gastos de explotación como los de carácter no financiero.

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