la prórroga presupuestaria puede causar estragos

España bajo el poder de los interventores: los 'hombres de negro' vienen de la IGAE

El Gobierno en funciones, como se temía, no ha podido cumplir el precepto constitucional que exigía la aprobación antes del 1 de octubre de un nuevo Presupuesto para 2017

Foto: Presentación de los presupuestos generales del Estado de 2016. (EFE)
Presentación de los presupuestos generales del Estado de 2016. (EFE)

La imposibilidad del Gobierno en funciones para cumplir el precepto constitucional que exigía la remisión a las Cortes de los Presupuestos del Estado antes de este 1 de octubre ha derivado, como se temía, en una prórroga de las cuentas públicas de 2016, que entrará en vigor con la última uva de fin de año. La medida se estructura a través de un artículo único en la Ley Presupuestaria que abre un mar de dudas acerca de los gastos que el Estado puede y no puede llevar a cabo a lo largo de 2017. Un galimatías técnico y legal que transfiere todo el poder económico en España a la Intervención General de la Administración del Estado, la más conocida como IGAE, en la que a partir de ahora recae la ‘patata caliente’ de administrar el erario público.

Constituida en 1874, la IGAE es el centro gestor y directivo de la contabilidad pública con una función claramente definida de control gubernamental que en la insospechada situación actual obliga a improvisar una labor de gerencia mucho más trascendente y con un claro contenido político, dada la estructura territorial de la Administración del Estado. A partir de ahora “los interventores tienen la última palabra”, aseguran medios cercanos al Ministerio de Hacienda, donde reconocen abiertamente que la actual normativa presupuestaria no está preparada para abordar las inesperadas consecuencias que provoca la prórroga de las cuentas públicas con un Gobierno en funciones.

Los anteriores añadidos presupuestarios se ejecutaron en transiciones políticas mucho más cortas y fueron gestionados por parte de gobiernos con plenas facultades ejecutivas. El caso más reciente tuvo lugar en 2011 con motivo de las elecciones convocadas para el 20-N, cuando el expresidente Rodríguez Zapatero eludió la responsabilidad de elaborar un nuevo Presupuesto para 2012 que hubiera condicionado la campaña del PSOE dadas las presiones de la Comisión Europea para el control del déficit público en España. Rajoy recibió en herencia una prórroga presupuestaria certificada con un ‘agujero’ fiscal del 9% del PIB, pero disponía de un Gobierno firme y legitimado con la mayoría absoluta de los 187 escaños que ostentaba en el Congreso de los Diputados.

Las cuentas públicas serán gestionadas ahora bajo la presión de Bruselas y la improvisación de una prórroga presupuestaria con un Gobierno en funciones

El bloqueo político de ahora no tiene punto de comparación porque la nueva Legislatura puesta en marcha a raíz del 26-J solo ha servido para constatar tres únicos gestos políticos, como son la constitución de la Mesa de Congreso, la incapacidad para llegar a un acuerdo de investidura y la certificación de que el actual Gobierno no tiene facultades legales para aprobar un nuevo Presupuesto. Todo ello conlleva una prórroga que solo es extensiva a los gastos iniciales, pero no a los que se han agotado con el cierre del presente ejercicio. A partir de ahí surgen múltiples criterios y consideraciones que solo pueden ser resueltos al albur de los interventores, entendiendo como tal su buen saber y entender.

Los responsables de la IGAE van a tener que agarrar el ‘toro por los cuernos’ para interpretar la condición técnica y jurídica del gasto, definir cuándo entra en vigor cada uno y, lo más importante, solventar los conflictos que provoca la colisión con otras normativas de rango orgánico, como es precisamente la que regula la financiación autonómica. La LOFCA establece mecanismos de actualización anual para los fondos de suficiencia, competitividad y cooperación que requieren las CC.AA mientras que la Ley Presupuestaria solo admite dispensa para la controvertida prórroga. De ahí la tensión que se ha generado entre los principales líderes regionales, que son ahora los más interesados en llegar a un acuerdo por vía de apremio con Hacienda a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Hasta el momento el ministro Cristóbal Montoro se ha hecho de rogar con la intención inconfesable de trasladar el peso de la responsabilidad a los barones y críticos socialistas que, tras las elecciones del pasado domingo en Galicia y País Vasco, han decidido dar un golpe de mano en Ferraz. La ‘guerra de secesión y sucesión’ que vive el PSOE podría desencadenar nuevos acontecimientos pero mientras el principal partido de la oposición no termine de lavar en casa su ropa sucia el máximo guardián de la caja pública seguirá esperando novedades del frente, preparando números y sin mover ni una sola ficha.

El Gobierno ha encendido todas las alarmas para lograr un acuerdo exprés en el Congreso que permita ampliar el margen presupuestario de las autonomías

La parálisis se explica también y principalmente porque los responsables en funciones de la política económica no pueden permitirse ningún lujo en sus relaciones con los distintos centros de gasto autonómico so pena de agotar la paciencia de la Comisión Europea. Si ello ocurriera la multa alcanzaría esta vez al 0,5% del PIB; unos 5.000 millones de euros a los que habría que añadir otros 1.300 de la congelación de fondos comunitarios comprometidos con España. Para calmar a los halcones de Bruselas el Consejo de Ministros ha tenido que forzar la atrofiada máquina legislativa este pasado viernes con la aprobación de un Real Decreto-Ley destinado a reformar el impuesto de sociedades a fin de recuperar los anticipos fiscales. Al cambio, tres puntos más de retenciones para un total de 9.000 compañías, que serán cinco puntos, hasta el 25%, en el caso de las entidades bancarias.

La normativa requiere, eso sí, la convalidación por el Congreso de los Diputados en el plazo máximo de un mes, que es el tiempo límite del que disponen las fuerzas parlamentarias para acordar también el marco de financiación autonómica en el improvisado e inevitable escenario de la prórroga presupuestaria. Moncloa propone una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestas para dotar a los gobiernos regionales de una especial capacidad de gestión y extender su objetivo de déficit del 0,3% de 2016 al 0,7% en 2017. Pero el tiempo se ha echado encima porque España tiene que presentarse en Bruselas con los deberes hechos antes del 8 de diciembre y no conviene olvidar tampoco que antes de eso, el día 31 de octubre y si un milagro no lo remedia, el Parlamento volverá a ser disuelto para convocar las consabidas terceras elecciones.

El Gobierno está hoy por hoy incapacitado para actuar en solitario y necesita el respaldo de sus adversarios domésticos, tanto los malos como los peor avenidos, para convencer a los supervisores forasteros. Si los políticos no llegan a acuerdos efectivos en las próximas cuatro semanas, las comunidades autónomas tendrán que congelar de manera indefinida el 90% de sus gastos, con el agravante de que cualquier contingencia electoral puede dilatar la solución hasta bien avanzado el próximo ejercicio. Será entonces cuando los interventores de la IGAE serán ataviados como los nuevos 'hombres de negro' encargados de custodiar un presupuesto cerrado a cal y canto bajo las siete llaves de Bruselas. A ver quién es en ese momento el valiente que se atreve a meter la mano en la caja.

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