PARÁLISIS TOTAL EN MATERIA ECONÓMICA

El Gobierno en funciones solo ha sacado un decreto-ley desde las elecciones del 20-D

El actual Gobierno en funciones se ha tomado al pie de la letra la prohibición legislativa que exige la actual situación política, y es el menos activo de los últimos 20 años

Foto: La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. (EFE)

Quien hace un cesto hace ciento, pero la verdad es que el actual Gobierno en funciones no se ha distinguido precisamente por abusar de los mimbres legislativos que le confiere su excepcional situación de interinidad en el poder. Desde las elecciones del pasado 20 de diciembre, las primeras de una serie indefinida de convocatorias a las urnas, el Consejo de Ministros tan solo ha aprobado un real decreto-ley con efectos directos para la vida económica de los ciudadanos españoles, poniendo de manifiesto que la actividad productiva del país depende exclusivamente de las actuaciones y reformas adoptadas antes de finalizar 2015. El ejercicio de 2016 se puede considerar, a fecha de hoy, y sobre todo después del reciente intento de investidura de Mariano Rajoy, un año totalmente perdido.

La única normativa que salió adelante en la pasada y fallida legislatura fue la prórroga del llamado Plan Prepara, destinada a facilitar la ayuda de 426 euros mensuales a los parados de larga duración con cargas familiares. Este programa, derivado de un acuerdo con los agentes sociales, estará vigente hasta el 15 de abril del próximo año, si bien la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se curó en salud para facilitar eventuales extensiones en el calendario mediante prórrogas automáticas mientras la tasa de paro no baje del 18%. Ni qué decir tiene que los grandes grupos parlamentarios aceptaron sin rechistar una medida de fuerte calado social, que no ha servido como precedente para otras iniciativas semejantes.

Uno de los ejemplos más elocuentes de la parálisis legislativa es la proposición de la denominada Ley 25 con que Podemos se estrenó en el Congreso nada más tomar posesión de su cuota de poder tras el 20-D. El proyecto fue admitido a trámite con el respaldo del PSOE y Ciudadanos, pero quedó reducido a un simple brindis al sol al fallar el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, que supuso la disolución de Las Cortes y la puesta en marcha del siguiente proceso electoral culminado en los comicios del pasado 26-J. Curiosamente, el voto contrario de la formación que dirige Pablo Iglesias contra la candidatura del líder socialista echó por tierra la aprobación de su célebre proyecto de emergencia social.

El aumento de las pensiones y del salario de los funcionarios dará lugar a un enfrentamiento con Bruselas que el Gobierno quiere evitar a toda costa

La inestabilidad institucional derivada de la falta de consenso político y el celo del Gobierno en funciones a la hora de tentarse la ropa para no dar pábulo a eventuales críticas de déficit democrático son las dos constantes que colapsan las expectativas políticas en materia económica, más allá del dictado de la Comisión Europea. La única tarea legislativa que mueve a los ministros de Rajoy es la que emana de los compromisos con Bruselas, que obligan a superar cualquier complejo doméstico para evitar que las autoridades comunitarias terminen cumpliendo las peores amenazas que acechan al Reino de España como Estado miembro de la zona euro.

El déficit que sonroja a nuestro país ante sus socios comunitarios no es solamente de cariz presupuestario, sino que también supone una importante deuda en materia de adaptación legislativa a la normativa de la Unión Europea. En estos momentos, España tiene pendientes de trasposición un total de 19 directivas que necesitan rango de ley para poder ser incorporadas al ordenamiento jurídico y mercantil. Entre ellas, se incluyen los más significativos proyectos varados en las Cortes desde hace más de un año sobre contratación del sector público, sin duda una de las principales asignaturas para pasar a limpio el proceso de regeneración política con que se llenan la boca todos los partidos cada vez que tienen que actualizar sus campañas electorales.

El Gobierno no tiene ninguna intención de tensar la cuerda en el Congreso, para no arriesgar su credibilidad pública con sucesivas derrotas parlamentarias. En la misma línea de actuación, los ministros del área económica tampoco están en condiciones de desafiar los objetivos de estabilidad, máxime después del ‘cuartelillo’ obtenido hace pocos meses de sus superiores en Bruselas. La prórroga de dos años para rebajar el ‘agujero’ de las cuentas públicas por debajo del 3% ata de pies y manos a Rajoy ante cualquier petición de mayor gasto estructural. De ahí las complicaciones que entraña la puesta al día de las pensiones y del sueldo de los funcionarios sin un nuevo Presupuesto del Estado que garantice un compromiso institucional con la Unión Europea.

La única prioridad reside en el decreto de reforma del Impuesto de Sociedades, que supondrá ingresos de 6.000 millones para Hacienda este mismo año

La única prioridad del Gobierno en funciones consiste actualmente en la aprobación del anunciado decreto para la reforma del Impuesto de Sociedades, con el que se pretende recuperar la modalidad del pago fraccionado que se cuantifica en un total de 6.000 millones de euros en ingresos anticipados para la Hacienda Pública. La propuesta oficial será remitida al Parlamento en las próximas semanas, con el fin de que la medida esté operativa antes de octubre, cuando un total de 4.400 empresas con volumen de negocio superior a los 20 millones de euros deberán efectuar los primeros desembolsos, equivalentes al 20% de sus resultados contables.

En cualquier caso, se trata de una actuación extraordinaria a fin de evitar o, al menos, dilatar la multa de la Comisión Europea por déficit excesivo. Más allá de este propósito esencial, el Gobierno que todavía preside Mariano Rajoy no parece que vaya a mover nuevas fichas en materia económica, lo que contrasta con los anteriores y más cortos periodos de tránsito en pasadas legislaturas. En 1993 se aprobaron 257 reales decretos y 263 acuerdos, que supusieron al cambio 238 millones de euros entre convalidaciones y autorizaciones de gasto y contratación. En 1996, los decretos del Gobierno en funciones fueron 277, con 657 acuerdos de Consejo de Ministros, si bien los efectos económicos se redujeron a 34 millones de euros en pesetas equivalentes.

La situación más parecida a la actual se dio en el año 2000 con el primer Ejecutivo en funciones de Aznar, que solo convalidó 1,5 millones de euros, aunque aprobó 160 reales decretos y 216 acuerdos. En 2004, y antes de entregar el testigo a Zapatero, el Gobierno saliente del PP abrió algo más la mano y aprobó gastos por 114 millones de euros a partir de 83 reales decretos y 193 acuerdos ministeriales. En 2008, última referencia de la que existen datos oficiales, la crisis económica no impidió que se autorizasen gastos de 187 millones, aun cuando el número de decretos se redujo a 38 con solo 25 acuerdos adoptados por el máximo órgano colegiado del Gobierno en funciones.

Economía

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
2 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios