Bruselas pide a España que suba el IVA para cumplir con la nueva senda de déficit

“Estos ahorros”, asegura la Comisión Europea a España, “tendrían que ser complementado con otras medidas permanentes, tales como la reducción del número y el alcance de los gastos tributarios, en particular, los tipos reducidos del IVA, para lograr el requerido esfuerzo estructural”.

Así de explícita se muestra la documentación técnica que acompaña a la decisión de la Comisión Europea de no sancionar a España (ni a Portugal) por incumplir los objetivos de déficit en 2015. La UE, incluso, recuerda que los datos muestran que “existe la posibilidad de tal acción política”. Y para ello, se basa en que el nivel de los impuestos indirectos y la tasa implícita sobre el consumo en España siguen estando entre los más bajos de la Unión Europea. En concreto, la recaudación total se sitúa en el 11,6% del PIB, frente al 15,2% en la UE. Lo que cuestiona Bruselas es que demasiados productos se benefician de la aplicación de tipos reducidos en lugar del general (21%).

Ya en el último documento sobre la situación económica española, de febrero de este año, Bruselas recordaba que España registró el mayor déficit por la política en materia de IVA en la Unión Europea (un 53,9% en comparación con la media, que se sitúa en un 47,2%).

El llamado déficit por la política tributaria es un indicador de los ingresos por IVA teóricamente no percibidos al aplicar tipos reducidos a algunos bienes y servicios, expresado como el porcentaje de ingresos que podrían recaudarse si todos los productos se gravaran al tipo normal. La hostelería es el sector más beneficiado de esa rebaja.

Hacienda aplica en estos momentos un tipo del IVA superreducido del 4%; un tipo reducido del 10%, y un tipo normal del 21%, lo que genera, según Bruselas, un “déficit significativo” por la política en materia de IVA. El déficit por cumplimiento de la normativa del IVA, es decir, la diferencia entre el IVA teóricamente devengado y los ingresos efectivamente recaudados, disminuyó ligeramente de 2012 a 2013, pero aún así la diferencia es elevada.

Y es que la inclusión de nuevos productos en el tipo general del IVA (21%) se considera una herramienta fundamental para equilibrar las cuentas públicas. Según las proyecciones de recaudación de la propia Comisión Europea, los ingresos públicos se situarán en el 38,2% del PIB, tanto en 2017 como en 2018. Muy por debajo de la media de la Eurozona (46,3% del PIB) pese a la mayor actividad económica y la creación de empleo. Algo que explica que el déficit público tenga un fuerte componente estructural.

La Comisión Europea, de hecho, prevé que este año 2016 se produzca un nuevo deterioro de 0,4 puntos porcentuales en el desequilibrio ajeno al ciclo económico, hasta situarse en el 3,1% del Producto Interior Bruto (PIB). Este desequilibrio es el más representativo porque refleja la realidad de las finanzas públicas despojada de factores coyunturales, como puede ser la posición cíclica de la economía. Por esta razón, el déficit estructural es la clave de bóveda del análisis que hacen los servicios técnicos de Bruselas.

En términos nominales (con inflación) el ajuste para 2017 sería de unos 15.000 millones de euros (del 4,6% al 3,1%), mientras que en 2018 sería de unos 9.000 millones entre ingresos y gastos (del 3,1% al 2,2% del PIB).

Inflación y déficit

La Comisión Europea, sin embargo, da por bueno ese 3,1% de déficit estructural en 2016 habida cuenta de que la inflación será más baja de lo previsto en el anterior escenario base, toda vez que el desequilibrio fiscal se mide respecto del PIB nominal. Ahora bien, para los próximos dos años exige un ajuste de medio punto del PIB (unos 5.000 millones) en cada uno de los ejercicios, hasta alcanzar el 2,1% en 2018.

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Las dificultades para embridar el déficit público -la UE da dos años más a España para situarlo por debajo del 3%- afectará, lógicamente, al volumen de deuda. La Comisión Europea, sin embargo, no revela ninguna nueva senda y se limita a reproducir la que publicó en sus previsiones de primavera. En concreto, estima que el endeudamiento se situará en el 100,3% del PIB en 2016 y en el 100,6% en 2017, en ambos casos, por encima de las estimaciones del Gobierno.

Ahora bien, advierte que aunque España no se enfrenta de forma inmediata a tensiones fiscales derivadas de esta “alta proporción” de deuda, observa “riesgos de sostenibilidad si la situación del presupuesto no mejora en el medio plazo”. Al menos, matiza, a más largo plazo los riesgos para la sostenibilidad fiscal son reducidos gracias al positivo impacto de los decrecimientos en gastos relacionados con el envejecimiento.

La subida del IVA no es la única recomendación para España. Bruselas reclama también el control de los mecanismos para la contratación pública y la coordinación de las políticas de adquisición de bienes y servicios en todos los niveles de gobierno: central, autonómico y local.

Como recuerda la Comisión Europea, este es el trasfondo de un número “relativamente alto” de infracciones de la legislación de contratación pública de la Unión Europea puestos en conocimiento en años recientes. “España”, dice el documento, “destaca por una tasa baja publicación de anuncios de licitación en comparación con otros Estados miembros”. Y aporta un dato: los anuncios públicos representaban el 1,8% del PIB en 2014, frente al 4,4% en la UE, lo que sitúa a España en el puesto 23 de los 28 países de la Unión Europea.

Del mismo modo, la tasa de publicación en términos de porcentaje del gasto total en materia de contratación es sólo el 13,2% en comparación con un promedio de la UE del 26,2%, situándose en España 22 de los 28 países. España, igualmente, también destaca por un uso relativamente alto del procedimiento negociado sin publicación previa. Su conclusión es que “esto se traduce en limitado competencia de empresas de otros países de la UE y, con frecuencia, en las adjudicaciones directas, con implicaciones en términos de un mayor gasto de las administraciones públicas”.