Los sindicatos amenazan con un estallido social si no hay cambio político tras el 26-J

Los secretarios generales de UGT y CCOO, José María Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, han entrado en campaña por todo lo alto aprovechando su doble y tradicional comparecencia en el seminario que la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. Los dos máximos responsables sindicales en España, con un 70% acumulado del total de afiliados, rompieron una lanza en pos de un cambio de políticas económicas, que necesariamente habrían de propiciarse a partir de un nuevo Gobierno de izquierdas. De lo contrario, pronostican un estallido social. “Nosotros -añadieron- estaremos al frente de la manifestación”.

El grito de socorro, esbozado ‘in crescendo’ por lo que consideran un flagrante debilitamiento de los derechos de los trabajadores, se fue transformando al calor de las intervenciones públicas de ambos dirigentes en una manifiesta amenaza, que anticipa un otoño caliente de proporciones insospechadas a poco que no haya un movimiento de tierras en la política española. El novel Álvarez, con cuatro meses escasos en el cargo de UGT, y el más veterano Toxo, con mando en plaza dentro de CCOO, hicieron causa común para recuperar el viejo ‘punch’ que los sindicatos han perdido durante los largos años de una crisis que, según ellos, todavía no ha terminado.

Para el secretario general de CCOO, la mejora de las variables económicas se ha conseguido a pesar de las políticas económicas del Gobierno que ahora preside en funciones Mariano Rajoy. La salida de la recesión, que no de la crisis, es debida a factores exteriores. “Veremos cuánto tiempo dura”, señaló Toxo. En su opinión, la depresión de la economía en nuestro país ha servido como argumento político para debilitar a los sindicatos y recortar las conquistas laborales hasta convertir el Estatuto de los Trabajadores en “un catálogo de derechos para los empresarios”.

El objetivo de los sindicatos es revertir esta situación aprovechando un eventual vuelco electoral en España porque, como señaló el líder de UGT, la sociedad no va a consentir que las políticas ultraliberales de desregulación se extiendan hasta el infinito. La opción de pactos con los empresarios está abierta, pero Álvarez advirtió de que, si no hay acuerdos, será el nuevo Parlamento el que legisle los cambios. En la lista de peticiones se incluye la reforma de la negociación colectiva para devolver la preeminencia a los convenios de empresa, el incremento del salario mínimo a 1.000 euros en 2017, el saneamiento del insostenible sistema de pensiones y, por supuesto, la derogación de la reforma laboral.

El jefe de CCOO puso también especial énfasis en una reforma tributaria que acabe con un fraude fiscal que cuantificó en 80.000 millones de euros y que calificó de “insoportable e indecente”. Toxo aseguro que “hay que prohibir las sicavs” y evitar que las empresas del Ibex paguen solo un 5% del Impuesto de Sociedades, para lo cual se impone acabar con las exenciones, desgravaciones y todo tipo de bonificaciones: “España es incompatible con amnistías fiscales”, afirmó en una clara alusión contra la política llevada a cabo por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El nuevo secretario general de UGT lanzó un dardo contra los gestores del Banco de España que intervinieron durante la crisis del sistema financiero

Toxo mostró su amargura por lo que definió como la “doble pobreza social y laboral” que existe en nuestro país, y recordó que la tasa de paro lleva siete años por encima del 20%. Según dijo, la crisis de empleo tiene que ver con la gestión política de la crisis económica, y la creación de puestos de trabajo precarios y mal remunerados no sirve para asegurar la competitividad en los mercados. El secretario general de CCOO reclamó del futuro Gobierno una negociación con Bruselas para flexibilizar el calendario de consolidación fiscal impuesto por la Comisión Europea, que ahora se puede traducir en una multa como consecuencia del incumplimiento de los objetivos de déficit.

Los reguladores tampoco se escaparon a las críticas de los sindicatos y fue el flamante dirigente de UGT quien se empleó a fondo para denunciar la actuación llevada a cabo por los supervisores de la crisis financiera, a la que se achaca buena parte de las penurias padecidas en España estos últimos años: “Me sonroja ver cómo los responsables del Banco de España, que tanto han tenido que ver en la situación creada, continúan interviniendo en aspectos de la economía del país que no les son propios”, señaló en un claro aviso a navegantes. Se ve que los sindicatos acumulan muchas y variadas facturas con la actual clase dirigente y consideran que dentro de poco llegará el momento de hacerlas pasar al cobro.