La crisis y la precariedad salarial convierten en 'ricos' a millones de pensionistas

La crisis económica y, en particular, los elevados niveles de desempleo y precariedad salarial han creado una nueva estructura socioeconómica. Hasta el punto de que hoy los jubilados mayores de 65 años disfrutan de un nivel de ingresos superior al de los ocupados, teniendo en cuenta el alquiler imputado. Es decir, el valor del arrendamiento de la vivienda habitada.

En concreto, la renta media por persona ocupada con alquiler imputado se situó en 2015 en 13.620 euros, mientras que en el caso de los jubilados mayores de 65 años, se situó en 15.917 euros. Por lo tanto, muy lejos de los 14.262 euros que se registraban al comienzo de la crisis.

Esta evolución explica que los pensionistas continúen ganando peso en la distribución de la renta. De hecho, el 23,7% de los jubilados se encuentra ya en el quintil de mayor renta, y que representa al 20% más rico. Por el contrario, si se analiza lo que sucede en el primer quintil -el 20% más pobre-, el resultado es muy diferente. Mientras que el 13,2% de los ocupados se encuentra entre el 20% con menores recursos, en el caso de los jubilados ese porcentaje cae hasta el 8,2%. Es decir, hay menos 'pobres' entre los jubilados que entre quienes disponen de un puesto de trabajo.

El sistema de pensiones, lógicamente, está detrás de este fenómeno. La pensión media se sitúa, según la Seguridad Social, en 902 euros mensuales (por 14 pagas), pero alcanza los 1.041 euros en el caso de las pensiones de jubilación.

Los datos proceden de la Encuesta de Condiciones de Vida 2015, y reflejan la intensidad de la crisis en determinados colectivos. En particular, entre los parados y entre quienes poseen escasa formación. Nada menos que el 41,5% de los desempleados se encuentra dentro del quintil más pobre (la renta nacional se divide en cinco partes, cada una de ellas representando al 20%), mientras que, por el contrario, apenas el 7% se encuentra entre los más ricos.

Teniendo en cuenta solo la formación de los trabajadores -y no su situación laboral-, el resultado es, igualmente, significativo. El 48,9% de quienes están en el segmento de los más pobres tiene una educación secundaria inferior a la de primera etapa; mientras que, por el contrario, el 41,8% de los españoles con educación superior se encuentra en el segmento de mayores recursos (el quintil más rico). Eso quiere decir, ni más ni menos, que hay una evidencia de que el nivel de estudios determina -para bien o para mal- la posición económica de cada ciudadano respecto del reparto de la tarta nacional.

La mejor posición económica de los jubilados se manifiesta con toda nitidez, igualmente, si se tiene en cuenta lo que el Instituto Nacional de Estadística (INE) denomina unidad de consumo. Es decir, la familia que comparte los bienes adquiridos. Una unidad de consumo puede llegar a ser una persona viviendo sola, mientras que un hogar formado por dos adultos constituye 1,5 unidades de consumo, según la metodología del INE.

Propietarios de vivienda

Según esa clasificación, la renta media por persona y unidad de consumo (con alquiler imputado) para edades comprendidas entre 30 y 44 años se sitúa en 17.435 euros, por debajo de los 18.952 euros que se registra en el caso de los mayores de 65 años. Muy cerca de los 19.009 euros de renta media por persona para edades comprendidas entre 45 y 64 años.

El hecho de que se tenga en cuenta el alquiler imputado es muy relevante, debido a que influye de forma determinante en la capacidad de gasto de las familias. Hasta el punto de que la población mayor de 65 años, que en mayor proporción es propietaria de su vivienda, presentó en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2015 el menor porcentaje de riesgo de pobreza (6,3%). Por su parte, el mayor porcentaje se dio entre los menores de 16 años (28,7%).

Estos datos son coherentes con los que ofrece la Agencia Tributaria, tal y como se pone de relieve a la luz del Impuesto sobre la Renta. En concreto, 2,3 millones de pensionistas declararon en 2014 unos ingresos superiores al salario medio, que ese año se situó en 18.420 euros. El fenómeno es todavía más llamativo en el tramo de pensionistas con mayores rentas. Nada menos que 1,13 millones de pensionistas declaran al fisco unos ingresos (sin tener en cuenta otras fuentes de renta) equivalentes a tres o más veces el salario mínimo que cada año establece el Gobierno por decreto (9.080,40 euros en 2015).