PLANTEA PAGAR EL PARO EN FUNCIÓN DE LA ECONOMÍA

BBVA irrumpe en las elecciones: contrato único y pagar cotizaciones con IVA

El servicio de estudios del BBVA propone una reforma en profundidad del mercado laboral. Y que afectaría a los contratos, los despidos, la cobertura del paro o la fiscalidad.

Foto: El economista jefe del Grupo BBVA, Jorge Sicilia (i), y el economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, Rafael Doménech. (EFE)
El economista jefe del Grupo BBVA, Jorge Sicilia (i), y el economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, Rafael Doménech. (EFE)

La propuesta ha sido diseñada por la plana mayor del servicio de estudios del BBVA. Y, en síntesis, supone dar la vuelta a las actuales reglamentaciones laborales. En particular, en tres direcciones: una reforma de la negociación colectiva para privilegiar más a los convenios de empresa; la puesta en marcha de un contrato fijo con indemnización creciente en caso de despido, y un nuevo modelo de cobertura de desempleo introduciendo criterios vinculados a la coyuntura económica. Además de un cambio intenso en los instrumentos de financiación de la Seguridad Social (subir el IVA a cambio de reducir cotizaciones sociales) o la desaparición de las cláusulas de salvaguarda que hoy existen en los convenios para proteger a los salarios de la inflación.

BBVA ya presentó una propuesta similar en noviembre de 2014, pero ahora lo que ha hecho es completarla y precisarla mucho más. Hasta el punto de que supone una alternativa global al funcionamiento de un mercado laboral que se considera "ineficiente" pese a las más de 50 reformas que se han adoptado desde 1980. Y que se manifiesta, con toda crudeza, en el hecho de que después de cada recesión la tasa de paro se sitúe sistemáticamente por encima del 20%. Un hecho verdaderamente excepcional en Europa, y de ahí que su economista jefe, Rafael Doménech, hable de un "cambio de cultura".

La filosofía general de la propuesta se basa en hacer más flexible el mercado de trabajo para mejorar su adaptación a los cambios de ciclo económico. Y, en concreto, se propone agrupar todas las modalidades de contratación en un “único contrato”. El contrato temporal, por su parte, seguiría teniendo un carácter causal (las empresas deben justificarlo ante la autoridad laboral) con una duración máxima de dos años. En cuanto al contrato de formación y aprendizaje, el objetivo es favorecer la transición hacia el contrato indefinido una vez finalizado el ciclo formativo.

La reducción del número de modalidades de contratación, según los economistas del BBVA, se complementaría con un “sistema mixto” de indemnización en caso de despido o de finalización del contrato. Una parte procedería de una “cuenta de ahorro individual” nutrida de las aportaciones realizadas por la empresa (independientemente del tipo de contrato) por un importe equivalente a ocho días de salario por año trabajado. Aunque cuando la remuneración del trabajador estuviera limitada por el salario mínimo, la contribución a esa cuenta de ahorro sería realizada por el Estado.

Los autores de la propuesta consideran que esta aportación “equivaldría a establecer una bonificación a la cuota patronal de la Seguridad Social para la contratación de los trabajadores peor retribuidos”.

Esta indemnización -'virtual' hasta el momento en que el trabajador se jubile o sea despedido- es una especie de seguro de desempleo (la célebre mochila austríaca) que se complementaría con otra cuya cuantía sería creciente en función de los años trabajados. Y que sería mayor en el caso de los despidos declarados improcedentes. En este caso, el tope sería de 24 mensualidades, pero bajaría hasta 12 (como ahora) si el juez lo declara procedente.

Penalizar la rotación laboral

La indemnización por despido, igualmente, sería inferior en el caso del contrato indefinido que en el temporal al acabar la relación laboral, toda vez que se pretende “penalizar” a las empresas con una elevada rotación laboral. La propuesta deja claro que el nuevo sistema se aplicaría exclusivamente a los nuevos contratos, y parte de un convencimiento:"el problema no son los costes de despido, sino las diferencias en función del tipo de contrato".

Según los cálculos del BBVA, la “racionalización” de la indemnización por despido se podría traducir en una caída de la tasa de temporalidad (ahora situada en el 25%) de entre seis y 11 puntos. Además, por cada punto que se rebaje la temporalidad, la tasa de paro podría reducirse entre 0,5 y 0,8 puntos. A largo plazo, y debido a los avances en productividad, el PIB podría crecer adicionalmente entre el 4,1% y el 12%, con un importante estrechamiento de la desigualdad de renta.

En relación a la negociación colectiva, lo que proponen los economistas del BBVA es dar mayor relevancia a los convenios de empresa de la que se dio en la última reforma laboral (2012). En particular, frente a los sectoriales de carácter provincial. Entienden que “aunque la flexibilidad suponga un descenso del salario medio”, estimularía la creación de empleo en mayor proporción, y, por lo tanto, crecerían de forma adicional la demanda agregada y la propensión al consumo. Según sus cálculos, una disminución del 7% del salario real (sin inflación) podría incrementar la ocupación un 10,4%, mientras que el PIB avanzaría un 8,3%.

Una de las propuestas más originales -el trabajo está realizado por los economistas Miguel Cardoso, Rafael Doménech, Juan Ramón García, Jorge Sicilia y Camilo Andrés Ulloa- se refiere a la fórmula que habría que aplicar a la hora de actualizar los salarios. En concreto, se propone que sea “algún organismo de carácter estatal” el que generase una opinión (una especie de Autoridad Fiscal Independiente) sobre qué subida salarial es compatible con la situación macroeconómica.

Según la propuesta, los convenios estatales solo entenderían de cuestiones de carácter general (seguridad e higiene o régimen disciplinario); los convenios de rama, solo aquellas cuestiones que afectan al conjunto del sector (por ejemplo, la formación), mientras que los convenios de empresa tratarían todos los aspectos organizativos: jornada, movilidad o salarios.

La oferta del BBVA sobre cómo reformar el mercado laboral se completa con una propuesta global en relación a un nuevo modelo de financiación de la Seguridad Social, que pasaría por una devaluación fiscal. Y en concreto, se plantea “una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social financiada con un aumento de los impuestos indirectos”. Este cambio se introduciría de forma progresiva mediante un mínimo exento.

Según sus cálculos, una disminución de 2,3 puntos en las cotizaciones sociales (unos 2.000-3.000 millones de euros) podría financiarse con un aumento de dos puntos en los tipos implícitos de los impuestos indirectos. Es decir, teniendo en cuenta todos los tipos impositivos del IVA y no solo el general. Este cambio en las cargas tributarias, en su opinión, podría generar 200.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo y dar lugar a un aumento del PIB del 0,7% a largo plazo.

Introducir las cuentas nocionales

En la misma línea, y con el objetivo de rebajar la carga de la Seguridad Social, se propone incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal. Iniciando la transición hacia un sistema público de pensiones de cuentas nocionales similar al de Suecia, que contribuyese a aumentar el conocimiento por parte de la población de las reglas que determinan el acceso y la cuantía de la pensión contributiva.

Las cuentas nocionales recogen las aportaciones individuales de cada cotizante y los rendimientos que dichas aportaciones generan a lo largo de la vida laboral. En el momento en que el trabajador cumple la edad legal de jubilación, recibe una prestación que se deriva del propio fondo nocional acumulado y de la mortalidad específica de su generación. Se trata, por lo tanto, de un sistema de reparto y no de capitalización. La ventaja es que cada trabajador sabe con un elevado grado de certeza cuánto cobrará en el momento de jubilarse. Y, por lo tanto, puede tomar una decisión sobre el momento de jubilarse.

La propuesta de los economistas del BBVA se refiere también a las políticas activas de empleo. Es decir, al dinero que se destina para favorecer la formación de los trabajadores. Y lo que sostiene el informe es que el sistema ha fracasado históricamente. No solo en términos cualitativos sino también cuantitativos.

Y en este sentido, se propone incrementar gradualmente el gasto por persona que busca trabajo hasta aproximarse a los estándares europeos. Por ejemplo, se dice, se podría converger al promedio de la UE-15, lo que supondría aumentar la cuantía por demandante de empleo en torno al 80%, hasta los 2.700 euros. En porcentaje del PIB, España pasaría de gastar el 0,7% en políticas de formación al 1,2%-1,3%, por encima de Alemania y en línea con los Países Bajos y Suecia. En cualquier caso, la dotación de los recursos debe estar condicionada a la mejora de la eficacia de los programas.

A los economistas del BBVA les sorprende que en la actualidad el sector público gaste más dinero en la formación de los trabajadores con empleo que en los parados, lo cual, en su opinión, es un contrasentido. Y con ese objetivo, se reclama que se condicione la percepción de una prestación por desempleo (políticas pasivas) a la participación de los parados en programas de formación. Incluyendo en la legislación el correspondiente régimen sancionador.

En esa línea, y para evitar que el desempleo suponga una carga inasumible para el Estado en tiempos de crisis, se propone vincular la duración del derecho a percibir prestación con la posición cíclica de la economía. Es decir, algo parecido a la revalorización anual de las pensiones, que depende de factores como la demografía o los ingresos del sistema público de protección social.

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