nueva fórmula de financiación en las CCAA

Los economistas próximos a Montoro lanzan su hoja de ruta frente al 'sudoku' autonómico

El director de Fedea, Ángel de la Fuente, propone un nuevo sistema con "un reparto mucho más igualitario que el observado bajo el sistema actualmente vigente"

Foto: Cristóbal Montoro, durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)
Cristóbal Montoro, durante el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)

Las conclusiones del informe son demoledoras. El sistema de financiación autonómico es “excesivamente complejo y poco transparente”, pero es que, además, produce una distribución de recursos entre regiones caracterizada por su “arbitrariedad” y por una “excesiva desigualdad”. También sufre de un claro “déficit de autonomía y responsabilidad fiscal” por parte de las comunidades autónomas y carece de un mecanismo “razonable” que garantice un cierto equilibrio en el reparto vertical de recursos entre los distintos niveles de la Administración.

En estos términos tan expresivos se muestra un trabajo realizado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, sobre el actual sistema de financiación autonómico. Y de ahí que haya realizado una propuesta que tiene visos de ser asumida por el Partido Popular, toda vez que De la Fuente es el autor del último informe oficial sobre balanza fiscales, realizado, precisamente, a instancias del ministro Montoro. Se trata, asimismo, de una de las mayores autoridades del país en esta materia.

Y lo que propone De la Fuente es, ni más ni menos, que caminar hacia un modelo más equitativo en el que ninguna región del régimen común (los territorios forales tienen un sistema propio) se vea discriminada. Justo lo que echan en falta comunidades como Cataluña, Valencia, Madrid o Murcia, que son las más perjudicadas por el actual sistema. En concreto, según su modelo (ver gráfico), la financiación por habitante ajustada (teniendo en cuenta factores como el envejecimiento, la dispersión geográfica o la insularidad) oscilaría entre un mínimo de 2.079 euros (Andalucía) y un máximo de 2.211 euros (Madrid). O lo que es lo mismo, con base 100, la comunidad mejor financiada por habitante llegaría hasta el 104,2%, mientras que la que obtendría menores recursos llegaría al 98%.

En la actualidad, la disparidad entre regiones es sustancialmente mayor. Mientras que los recursos por habitantes de Cantabria (la mejor financiada) se sitúan en 2.780 euros (el 130% de la media), en el caso de Murcia y la Comunidad Valenciana no llegan a 2.021 euros (el 94,6%).

La diferencia respecto del actual sistema es que el nuevo modelo tendría en cuenta de forma relevante la capacidad de generar recursos de cada comunidad autónoma, y de ahí que una región 'rica', como Madrid, se  pueda situar a la cabeza en financiación per cápita. Las regiones 'pobres', como Andalucía o Castilla-La Mancha, tendrían la ventaja de que se podrían aprovechar de la fuerte solidaridad del sistema, toda vez que su posición en función de sus recursos sería muy inferior a la que finalmente pudiera salir en caso de que se aplicara el modelo.

En palabras de De la Fuente, el nuevo sistema tendría “un reparto mucho más igualitario que el observado bajo el sistema actualmente vigente y, con la única excepción de Canarias, respetaría la ordenación original de las regiones en base a sus ingresos tributarios directos por habitante ajustado”.

¿Y cómo se alcanzarían esos objetivos? Lo que propone el responsable de Fedea es sustituir los actuales porcentajes de cesión del IVA e impuestos especiales por un sistema de dos tramos independientes de tales impuestos, uno de los cuales tendría tipos fijados por las comunidades autónomas actuando de forma colegiada. Es decir, que previamente se necesitaría un acuerdo interregional sobre cómo repartir los recursos del sistema, algo que se podría lograr en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

De la Fuente propone que los rendimientos del tramo autonómico de estos impuestos se integren directamente en un Fondo Básico de financiación (FB), que funcionaría como el actual Fondo de Garantía. Se aumentaría así considerablemente la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, sostiene, actuando de forma colectiva, y se les dotaría de un “importante recurso común con un gran potencial recaudatorio que serviría como mecanismo responsable e igualitario de reequilibrio vertical”.

El director de Fedea, Ángel de la Fuente. (EFE)
El director de Fedea, Ángel de la Fuente. (EFE)

De esta forma, concluye, las comunidades tendrían las herramientas adecuadas para obtener los recursos necesarios para mantener los niveles de provisión de los servicios públicos de su competencia que consideren deseables, “pero tendrían que asumir el coste político de pedírselos a sus ciudadanos en vez de al Gobierno Central”. Por lo tanto, se propone avanzar en la corresponsabilidad fiscal, una vieja asignatura pendiente de los anteriores modelos que nunca se ha completado, lo que explica las frecuentes discrepancias entre ingresos y gastos.

El informe, igualmente, propone sustituir la actual “maraña” de fondos creados en la última revisión del sistema de financiación autonómica (suficiencia, cooperación y competitividad) por un único Fondo de Nivelación Vertical (FNV) que se repartiría con el objetivo de reducir en la medida de lo posible “la desigualdad que persista” tras la aplicación del FB. Con esta modificación, asegura el documento, se obtendría un modelo “más sencillo y transparente” y un reparto de recursos “mucho más igualitario y menos arbitrario que el actual” que, entre otras propiedades deseables, respetaría el llamado principio de ordinalidad.

El mantenimiento del principio de ordinalidad es una de las reivindicaciones clásicas de los últimos gobiernos de Cataluña. En síntesis, se reclama que haya correspondencia entre los impuestos que pagan los contribuyentes de una región y lo que finalmente se ingresa por cabeza en aplicación del sistema de financiación. O lo que es lo mismo, que la contribución fiscal de cada región se tenga más en cuenta a la hora de calcular los recursos públicos dirigidos a ese territorio. El año base sería 2013, último ejercicio liquidado.

El sistema, por lo tanto, supone un cambio radical respecto de los diferentes modelos puestos en marcha desde 1993, fecha en que se negoció el primer sistema. Y debido a eso, se propone que su introducción sea gradual para no perjudicar excesivamente a las regiones con menores recursos. En concreto, se propone introducir un “mecanismo de transición suave” desde la situación actual a la distribución de recursos generada por el sistema propuesto, que evite “la tendencia a la congelación de la situación que han generado las tradicionales cláusulas de 'statu quo' de los sucesivos modelos de financiación”.

Según sus estimaciones, las pérdidas anuales de recursos de las regiones más perjudicadas por el cambio de sistema (Cantabria, Extremadura y la Rioja) estarían entre el 2,3% y el 4,3%. Y para evitar males mayores, lo que propone es establecer una cláusula de salvaguardia que garantice que las transferencias verticales recibidas por las regiones afectadas más negativamente por la reforma “no se reducirán en términos nominales de un año a otro durante el periodo de transición”, claro está, siempre que tampoco lo hagan los ingresos tributarios del Estado.

El nuevo sistema tiene en cuenta variables como el gasto en políticas lingüísticas de algunas regiones con lenguas cooficiales. Y además se intenta mejorar el cálculo de la recaudación normativa de los tributos cedidos tradicionales (patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, tasas sobre el juego y tasas afectas a los servicios traspasados).

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