Hacienda retendrá el dinero del FLA para frenar el motín autonómico

El Consejo de Política Fiscal y Financiera acabó en nada. Ni el Gobierno dobló el brazo de las Comunidades Autónomas, que se niegan a recortar más el gasto en prestaciones de carácter social, ni estas lograron que Hacienda levante la presión. Solo hubo acuerdo para establecer reuniones bilaterales entre la Administración central y los gobiernos autonómicos. Pero nada más.

Ni siquiera se identificó con precisión cuánto deben ahorrar las CCAA para cumplir tanto la regla de gasto como el objetivo de déficit. Hacienda solo ha dicho que espera que cada gobierno regional envíe su propuesta, pero ni un acuerdo más. Solo hay una cosa clara en forma de amenaza.

Montoro dijo ayer que hasta que no se aprueben los planes de ajuste (hasta ahora solo lo ha enviado Cataluña), las CCAA no recibirán ninguna cantidad a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). “Cuando pregunten por qué no reciben el dinero del FLA, que les digan que es porque no han cumplido los planes de ajuste”, aseguró Montoro de forma retadora. Es decir, un reforzamiento de la condicionalidad que durante 2015 se obvió por razones electorales, lo que explica en parte el aumento del déficit.

El ministro Montoro remitió una carta el pasado 6 de abril a las CCAA, por lo que, en teoría, Hacienda debe recibir respuesta sobre la no disponibilidad de recursos antes del próximo día 21.

Las fechas son importantes, porque hay que tener en cuenta que España debe enviar a Bruselas antes de que acabe el mes una actualización del Programa de Estabilidad, y ahí debe incluir ya el cumplimiento del objetivo de déficit. Para lo cual es imprescindible que las CCAA asuman un recorte adicional de unos 3.000 millones que ningún gobierno autonómico está dispuesto a asumir, ni siquiera los del Partido Popular. Sobre todo, en un contexto preelectoral como el que se avecina. Castilla y León y Madrid encabezan la rebelión.

Esto puede explicar que, como una especie de acto ‘ejemplar’, el Consejo de Ministros aprobara el viernes la no disponibilidad de 2.000 millones de euros (el 3% del presupuesto del subsector Estado) por parte del Gobierno central. Del total de esa cantidad, 950 millones saldrán de gastos de activos financieros (inversiones), y el resto lo asumirán los ministerios de Economía, Industria, Energía y Turismo y Comercio. “Es una cuestión moral”, ha dicho Montoro en conferencia de prensa.

El argumento que ofrecen los gobiernos regionales para no recortar es simple. Es el modelo de financiación el que genera desequilibrios, toda vez que mientras los ingresos se ajustan rápidamente a la coyuntura económica, los gastos -sanidad, educación o protección social- son completamente inelásticos. Es decir, no se reducen por el hecho de que la posición cíclica de la economía española se deteriore.

Inversiones públicas

No hay que olvidar que en 2015 las Comunidades Autónomas (CCAA) cerraron con un déficit de 17.962 millones de euros, lo que representa apenas una cifra inferior en un 1,2% a la registrada en 2014. Esa cifra equivale al 1,66%, cuando el objetivo para el conjunto del año era del 0,7%. Para este año 2016 es del 0,3%.

En el tintero queda la posibilidad de que el Gobierno pida un año más a Bruselas para cumplir con los objetivos de déficit, algo que hoy está en la nebulosa

Ahora bien, como admite Hacienda, en 2015 se produjeron determinados gastos de carácter extraordinario que no se registrarán este año. En primer lugar, por decisión de Eurostat, el año pasado se imputaron 1.777 millones de euros derivados de la consideración en contabilidad nacional de inversiones públicas de varios contratos público-privados que corresponden a inversiones de ejercicios anteriores, lo que ha motivado que los gastos de formación bruta de capital fijo aumentaran en un 34% en relación al año anterior.

Además, en 2015 se empezaron a aplicar los tratamientos de la hepatitis C con un coste de 1.094 millones. Por último, hay que tener en cuenta el efecto que tuvo la devolución de parte de la paga extra de 2012 con un incremento de la remuneración de asalariados en torno al 1,7%. Si se descuenta el efecto de estas tres operaciones de carácter extraordinario, el déficit de la administración regional hubiera sido equivalente al 1,31% del PIB, ratio inferior a la de 2014 en 0,44 puntos porcentuales.

Y teniendo en cuenta que este año las CCAA tienen pendiente de recibir unos 7.400 millones de euros correspondientes a la liquidación definitiva de 2014 (siete décimas), eso significa que el recorte adicional requerido sería de unas tres décimas (diferencia entre el 0,6% y el 0,3% exigido). Lo que pretende Hacienda es obligar a las regiones a destinar todos los recursos adicionales a corregir el déficit de 2015.

Es decir, Montoro da por hecho que sin nuevos planes de ajuste, la Comisión Europea no autorizará un año más para el cumplimiento del déficit, un 2,8% del PIB

Es decir, no hay excesiva diferencia. Entre otras cosas, porque este año el ahorro de costes financieros (por la caída de tipos) se situará entre 2.600 millones y 2.700 millones. Pero lo que temen Hacienda y Bruselas es que crezca el gasto por encima de lo presupuestado, y de ahí que se haya requerido por carta a 12 CCAA (todas menos Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja) a no disponer de fondos adicionales en una cuantía que va en relación al crédito presupuestario.

En el tintero queda la posibilidad de que el Gobierno pida un año más a Bruselas para cumplir con los objetivos de déficit, algo que hoy por hoy está en la nebulosa. Entre otras cosas, porque es una decisión muy política que difícilmente puede reclamar de forma oficial un Gobierno en funciones. Lo que ha dicho hasta ahora el ministro Montoro es que se trata de un asunto a discutir con el resto de fuerzas políticas que podrían formar parte de un hipotético gran Gobierno como el que propone Rajoy, y que hoy parece muy lejano.

“Para que haya mayor margen, tenemos que aplicar medidas”, ha dicho Montoro en conferencia de prensa. Lo contrario, en su opinión, sería poner los carros antes que los bueyes. Es decir, Montoro da por hecho que sin nuevos planes de ajuste, la Comisión Europea no autorizará un año más para el cumplimiento del déficit, un 2,8% del PIB este año.