SEGUNDA CONSULTA PÚBLICA

La CNMC da la patada a seguir a la economía colaborativa para apaciguar el cisma interno

La CNMC ha apelado a la solución salomónica de una nueva consulta pública ante las fuertes divisiones internas que suscita la regulación de la economía colaborativa en España

Foto: José Marín Quemada, presidente de la CNMC, saluda al ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. (EFE)
José Marín Quemada, presidente de la CNMC, saluda al ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. (EFE)

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo lo mejor es apelar al pueblo. Los diez comisionados que forman el pleno del consejo de la CNMC se muestran incapaces de alcanzar un pacto que sirva para otorgar carta de naturaleza a la economía colaborativa en España. El afán regulatorio de los consejeros más conservadores choca con la posición más liberal que encabeza el presidente de la entidad, José María Marín Quemada. La solución, de momento, pasa por dar la patada a seguir con una nueva consulta pública que permita ganar tiempo al tiempo y evitar un nuevo frente de batalla en la división interna que caracteriza desde el principio las actuaciones de la CNMC.

Los nuevos servicios y hábitos de consumo desarrollados a través de internet están generando serios problemas de esquizofrenia en el seno del organismo único de regulación. El ‘Supervisor mayor del Reino’ tiende a dar una de cal y otra de arena cada vez que se enfrenta a un debate interno sobre materias relacionadas con la llamada economía colaborativa. La disparidad de criterios ha provocado realmente una cierta involución en el planteamiento de entrada, establecido a mediados de 2014, cuando la CNMC valoró como “muy positivos” los efectos de este tipo de plataformas tecnológicas, afirmando su voluntad de “evitar cualquier tipo  de regulación innecesaria o desproporcionada”.

El regulador único de los mercados y la competencia impugnó hace ahora un año la resolución del Gobierno regional de Madrid entonces presidido por Ignacio González que prohibía alquilar viviendas para uso turístico por menos de cinco días, lo que en la práctica hacía inviable este tipo de actividades obstaculizando de manera flagrante la libre competencia en el sector. De la misma manera la CNMC se opuso también a la norma del Gobierno de Canarias que impedía alquilar viviendas en zonas de interés turístico. Estas resoluciones fueron respaldadas por la mayoría de los comisionados reunidos en el pleno del consejo.

Los servicios técnicos de la CNMC apuestan por desregular la economía colaborativa pero algunos consejeros tienen recelos y no están por la labor

El máximo órgano de gobierno de la CNMC se ha hecho notar más recientemente con su cruzada a favor de una liberalización más profunda del sector de transporte de viajeros. El pasado 21 de enero, la CNMC requirió al Ministerio de Fomento para que elimine las restricciones que el nuevo Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres impone en el mercado de alquiler de vehículos sin conductor. El regulador considera que el Gobierno está blindando el monopolio de los servicios de taxi frenando la innovación en el sector y advierte su intención de recurrir ante los tribunales contra la citada normativa si el Consejo de Ministros no tiene a bien atender sus reclamaciones.

Pocos días después, la CNMC sacaba pecho también anunciando que el Tribunal Superior de Justicia de Andaluacía (TSJA) había admitido a trámite los recursos presentados en el mismo sentido contra las ordenanzas del taxi en Málaga y Córdoba. Todas estas resoluciones han provocado la inmediata reacción de la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), que el pasado 18 de febrero convocó una manifestación de protesta en Madrid, secundada por miles de afectados, para protestar contra el organismo regulador. La autoridad de competencia encajó el golpe con silenciosa indiferencia pero empezó a tentarse la ropa ante la repercusión social de lo que parecía ser una defensa a ultranza de la economía colaborativa en España.

La práctica internacional del referéndum

La tensión llegó al pleno de la CNMC a finales del pasado mes cuando los equipos internos de la casa presentaron las conclusiones preliminares del estudio elaborado hace ahora casi dos años por la Dirección de Promoción de la Competencia que encabeza Antonio Maudes. El informe es el primero que se realiza de manera abierta, incorporando los resultados de la primera consulta pública efectuada en noviembre de 2014, por lo que debería servir para marcar la línea estratégica de actuación ante el fenómeno de la economía colaborativa, que no en balde está provocando una transformación de la sociedad en su conjunto.

Los servicios técnicos de la CNMC apuntaron en su dictamen a la línea de flotación del problema que, a su entender, no es otra que defender los intereses de los consumidores por encima de cualquier otra consideración o interés particular. Con este criterio incluyeron una serie de recomendaciones orientadas básicamente a derribar las barreras que impiden la utilización de las flamantes plataformas de colaboración económica. Los servicios técnicos de la CNMC entienden que no se pueden poner puertas al campo pero van incluso algo más allá y afirman que los nuevos modelos aportan numerosas ventajas, entre las que se incluyen una mayor y más diferenciada oferta, precios más eficientes, calidad y fomento de la innovación.

La CNMC ha recibido 600 comentarios en menos de una semana desde que puso en marcha la fase de consulta pública, que terminará el 15 de abril

Los encargados de promover la competencia dentro del organismo regulador se las prometían muy felices y esperaban que las últimas decisiones colegiadas del consejo de la CNMC propiciaran un acuerdo de liberalización a ultranza en los dos grandes sectores de la economía colaborativa en España; los alojamientos turísticos y el transporte de viajeros. Fiasco y de los gordos porque el informe ha provocado un efecto contradictorio en el pleno de la Comisión donde los vocales más afines a la vicepresidenta, María Fernández, han desenterrado el ‘hacha de guerra’ para criticar de nuevo la calidad interna de los servicios técnicos y descalificar las propuestas del informe.

Escaldado ante la amenaza de un nuevo enfrentamiento, Marín Quemada ha tenido que interceder con una medida salomónica, basada en la experiencia internacional que aconseja la convalidación de este tipo de estudios mediante una consulta abierta a todos los agentes interesados. La práctica del ‘referéndum’ suele ser moneda de uso corriente y es utilizada de manera recurrente en países como FranciaAlemania y Holanda. También en el mundo anglosajón es muy habitual el recurso a la consulta pública en materia de competencia, tal y como ha hecho Reino Unido con los informes previos sobre agentes inmobiliarios y seguros de protección de pagos. En Estados Unidos y Australia publican también los resultados de sus informes con las aportaciones realizadas por los mercados de referencia.

El presidente de la CNMC ha encontrado, en definitiva, una vía alternativa para sofocar otro conflicto que se le viene encima y, lo más importante, ha evitado que las conclusiones del controvertido informe sean archivadas de manera definitiva en la papelera de reciclaje. La consulta pública, la segunda en este caso, está abierta hasta el próximo 15 de abril y en solo una semana la CNMC ha recibido más de 600 respuestas, en su mayor parte procedentes de consumidores y autónomos, aunque también han formulado comentarios las empresas, organismos de la Administración Pública y hasta miembros del Congreso. Con tamaña acogida es ahora mucho más complicado pasar página a la economía colaborativa. Otra cosa distinta es que el proyecto inicial de liberalización pueda ser materializado a plenitud, como deseaban los defensores de la ‘sagrada competencia’.

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