Confusión empresarial ante la posibilidad de cambios profundos en la legislación laboral

Lo dice con cierta sorna Fabián Márquez: “Ahora las empresas nos preguntan más por la política que por la economía”. ¿A qué se refiere el veterano exasesor de CEOE y experto en cuestiones laborales? A que tras las elecciones y las dificultades para formar Gobierno, muchos empresarios no saben qué hacer. Ni siquiera los jefes de CEOE, UGT y CCOO, que ayer se reunieron sin que apuntaran en ninguna dirección sobre el perfil del nuevo Ejecutivo. Tan solo se limitaron a dar cuenta del encuentro.

Expresado más directamente. La incertidumbre se ha apoderado de muchos responsables de personal ante nuevas reformas en un mercado laboral prendido con alfileres por la alta tasa de temporalidad: uno de cada cuatro contratos (el 26%) es de duración determinada. Y la mayoría con periodos de duración muy cortos, lo que los hace más vulnerables a los cambios de legislación.

Nada menos que el 57,6% de los contratos temporales tiene un duración inferior a seis meses. Y muchos de ellos están subvencionados, por ejemplo, las bonificaciones a la creación de empleo mediante tarifas planas, lo que explica la preocupación en el mundo empresarial por el marco laboral en que puedan desenvolverse las contrataciones. Pero también los despidos, tanto individuales como colectivos. Como sabe, el PSOE y Podemos se han comprometido a derogar la reforma laboral. Y se ha barajado la idea -no confirmada-- de que el PP ofrezca al Partido Socialista una reforma laboral en aras de lograr la investidura.

Las probabilidades de una nueva reforma laboral son tan amplias que, incluso, aunque pueda gobernar el Partido Popular, siempre estará en minoría y necesitará apoyos. Ciudadanos, igualmente, ha prometido a los electores drásticas reformas en la legislación laboral. En concreto, la generalización del llamado contrato único con indemnización creciente en función de la antigüedad.

Obviamente, todavía no se conoce su alcance. Ni siquiera se sabe si se podrá formar Gobierno. Pero sí hay una cosa clara. Las empresas, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales comienzan a moverse. Incluso, planteando ya propuestas para los nuevos gobernantes. Existe, según Márquez, presidente de Analistas de Relaciones Industriales (ARI), una primera impresión. Ninguna reforma laboral cambiará uno de los ejes de la última, que fortaleció los convenios de empresa frente a los de ámbito superior. Entre otras cosas, sostiene, porque la Unión Europea presionaría para que no fuera así. No está claro que eso ocurra. Pero la realidad es que una nueva reforma laboral puede estar ya en marcha. Y la izquierda lo que quiere es reequilibrar el poder dentro de las empresas.

Las dudas sobre su vigencia se han manifestado recientemente en una serie de coloquios organizados por la Fundación Fide, que ha convocado a magistrados, expertos en derecho laboral, políticos, economistas y sindicalistas con el objetivo de detectar qué no ha funcionado de la reforma laboral y qué habría que cambiar. Y la conclusión es que habría que modificar bastantes cosas. En particular, todo lo relacionado con la contratación. A esas reuniones ha acudido Luz Rodríguez, secretaria de Empleo del PSOE, que está en medio de todas las quinielas para formar Gobierno.

Se propone, en concreto, que la contratación indefinida pase a ser la “modalidad típica” junto a las modalidades de contratación “efectivamente causales” y de los contratos formativos, así como del contrato de trabajo a tiempo parcial, eliminando los contratos temporales no causales y reorientando hacia la formación profesional los incentivos económicos que habitualmente se dedican a la contratación. Y en coherencia con lo anterior, se plantea “el reforzamiento del control y la sanción de la contratación temporal sin causa”.

Despido disciplinario

En relación al despido, se pretende, lisa y llanamente, evitar el uso del despido disciplinario como mecanismo de regulación de empleo, articulando medidas sancionadoras o de resarcimiento para encarecer su utilización inadecuada, al tiempo que se diseñan cauces funcionales para el despido colectivo. Sobre los despidos individuales, se propone reordenar sus causas diferenciando, al igual que se hace en otros países, entre causas inherentes y no inherentes a la persona del trabajador. Mientras que en los despidos colectivos se plantea mantener el control judicial y no recuperar la autorización administrativa, que desapareció con la última reforma.

Sobre la negociación colectiva, debilitada tras la última reforma laboral, se propone recuperar la autonomía de trabajadores y empresarios. Y en este sentido, se plantea que el convenio colectivo provincial sea “superado” como ámbito de negociación. Asimismo, la legislación laboral debería reconocer, y dar carta de naturaleza, a otras manifestaciones de la negociación colectiva (convenios de eficacia general, de eficacia relativa, acuerdos de diversa naturaleza…) “hoy ignoradas” por el legislador, a pesar de su realidad.

En relación a la flexibilidad interna dentro de las empresas, uno de los aspectos esenciales de la reforma aprobada en solitario por el Partido Popular (PP) en 2012, se propone incentivarla con un objetivo. Es “preferible” al recurso a la contratación temporal no causal y a los ajustes de empleo. Esta flexibilidad se aplicaría también ampliando los derechos de los trabajadores en cuestiones como la formación o la conciliación.

En cuanto a la llamada cláusula Telefónica, que obliga a las grandes empresas a pagar al Tesoro Público una cantidad por los ajustes laborales cuando la compañía está en beneficios, se considera “inadecuada”, no solo por su elevado coste sino por conllevar efectos contrarios a los pretendidos, “buscando otras fórmulas alternativas con pleno respeto a la no discriminación por edad”.

En esas reuniones han participado expertos como María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional; Ignacio Conde-Ruiz, de Fedea; el catedrático Cruz Villalón; el exministro socialista Valeriano Gómez, o Ricardo Bodas, Fernando Moreno, Juan Chozas, Carlos Bravo, Miguel Cuenca y el magistrado del Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré.