Las sicav sospechosas de fraude concentran el 65% de inversores en estos vehículos

Más leña para la polémica. La última remesa de datos facilitada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) incrementa las sospechas de fraude de ley en torno a las sociedades de inversión de capital variable (sicav) por el reducido número de accionistas con el que el cuenta la mayoría de estos vehículos.

El número de accionistas es crucial para las sicav porque es lo que les permite poseer la consideración de instituciones de inversión colectiva y, por tanto, tributar solo al 1% por sus beneficios. En concreto, la ley establece que, como poco, las sicav deben contar con 100 accionistas. A partir de ahí, cuantos más accionistas agrupen, menos sospechosa será; y cuantos menos, más sospechosa, porque generará la sensación de que alguien con un alto patrimonio pone la mayor parte del dinero mínimo exigido -2,4 millones de euros- y luego rellena el vehículo con otros accionistas, conocidos como 'mariachis', para llegar hasta el umbral de los 100 socios.

De las 3.335 sociedades que habían remitido datos de sus estados reservados a la Comisión, solo 24 superaban los 500 accionistas

Las estadísticas de la CNMV certifican que la sombra de los mariachis es alargada en la inmensa mayorías de las sicav españolas. De las 3.335 sociedades que habían remitido datos de sus estados reservados a la Comisión, solo 24 superaban los 500 accionistas. Es decir, alcanzaban un número suficientemente holgado como para pensar en que estuviera utilizando mariachis. Otras 295, para un total de 319, superan los 200 accionistas, con lo que también se alejan de las sospechas. Por encima de 150 se cuentan 605 vehículos, es decir, el 18% de esas 3.335 sociedades.

En el resto, es decir, en el 82% representado por las otras 2.730 sicav, el número de accionistas es inferior a 150. Y en este caso, las sospechas de fraude de ley por el uso de mariachis son absolutas. De hecho, hay directamente 77 sociedades por debajo de los 100 socios, con lo que incumplen el mínimo exigido y cuentan con un año para recomponer su situación y llegar de nuevo al centenar de socios.

Y aún hay más. Al cierre del tercer trimestre, las sicav acumulaban 468.940 accionistas. De todos ellos, la gran mayoría, el 65% o 307.835 accionistas, se concentraba en las sociedades con menos de 150 socios. Es decir, en las sicav sospechosas de estar cometiendo fraude.

Devolver el control a los inspectores

Estas cifras avivan la polémica porque manifiestan el uso instrumental que se hace de estas sociedades, es decir, en la utilización de los 'mariachis' para beneficiarse del trato fiscal que reciben las sicav. De hecho, y más allá de centrar las miradas en el 1% que pagan por Sociedades, los inspectores de Hacienda reclaman centrarse en el medio -el uso de los 'mariachis'- que se emplea para alcanzar el fin -pagar ese 1% por Impuesto sobre Sociedades-.

A su juicio, la clave se basa en una mayor vigilancia. Es decir, en establecer un control más férreo para esclarecer esas sospechas de fraude. Por este motivo, los inspectores reclaman recuperar el control fiscal sobre las sicav, un papel que la CNMV desempeña desde hace una década.

Descenso del patrimonio

Los datos del tercer trimestre de 2015 reflejan a su vez un descenso del patrimonio que manejan estas sociedades. A finales de septiembre sumaban 32.793 millones de euros, un 4,7% menos que al cierre del segundo trimestre, pero casi un 6% por encima del volumen existente un año antes.

Esas más de 3.300 sociedades confirman el incremento del universo de este tipo de vehículos. No se veía una cifra asi desde comienzos de 2009. De hecho, el número de sicav no ha dejado de crecer en los dos últimos años.

En las últimas semanas, las sicav han vuelto a ponerse de actualidad al colarse en la agenda electoral de los partidos políticos. El Partido Popular anunció que obligará a que cada accionista tenga como mínimo el 0,55% del capital de una sicav con la intención, precisamente, de evitar la presencia de 'mariachis'. Ciudadanos aboga por devolver el control a los inspectores de Hacienda, una medida que también apoya el Partido Socialista, que además propone un límite máximo a la participación de un inversor. Podemos, por su parte, apoya un cambio fiscal como el que ya ha respaldado en Navarra. En medio de este debate, y a la espera de lo que acabe ocurriendo en las negociaciones para formar Gobierno, desde la industria financiera se advierte de que todo este debate puede acabar provocando un éxodo masivo de las sicav españolas hacia Luxemburgo.