El control sobre la Generalitat va mucho más allá del FLA

Montoro deja a Mas sin política industrial, cultural o agraria

El control financiero sobre la ejecución presupuestaria catalana va más allá del FLA y en la práctica deja a Mas sin poder ejercer políticas agrarias, industriales, culturales o de fomento de la economía

Foto: El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas (i),  y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)
El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas (i), y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

Dios aprieta pero no ahoga, y luego está el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ahoga y sigue ahogando a la Generalitat. Una de las consecuencias del endurecimiento para Cataluña de los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es que el control financiero sobre la ejecución presupuestaria catalana va mucho más allá del FLA y en la práctica deja a Artur Mas sin poder ejercer políticas agrarias, industriales, culturales o de fomento de la economía, por poner algunos ejemplos.

Cuando este miércoles parecía que había algo de esperanza con el anuncio de abonar todo el FLA extraordinario en un solo pago este mes de diciembre y no en 10, tal y como denunciaba el 'conseller' de Economía, Andreu Mas-Colell, se empiezan a conocer algunos detalles sobre las medidas del Ministerio de Hacienda, que aplican un control mucho más estricto sobre las finanzas de la ya muy intervenida Administración catalana.

Así, además de aumentar el control burocrático sobre los fondos del FLA, Hacienda también tutela el gasto de los anticipos que recibe la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica, tal y como consta en la orden ministerial que endurece los controles sobre el FLA desde el pasado mes de noviembre.

Estos ingresos por el sistema de financiación los perciben todas las CCCA, no solo Cataluña. En el caso de la Generalitat, suman más de 15.000 millones de euros, que Hacienda remite a través de anticipos mensuales de unos 1.250 millones. Ahora, el Ministerio de Hacienda condicionará el gasto de estas partidas para evitar que la Generalitat pueda destinarlas a lo que los soberanistas califican como “estructuras de estado”: por ejemplo, la tan publicitada Agencia Tributaria Catalana o la Seguridad Social propia de la Administración catalana.

“En aplicación del control reforzado previsto en el Programa del Fondo de Liquidez Autonómico, los recursos mensuales asignados a la Comunidad Autónoma de Cataluña en concepto de recursos del sistema de financiación sujetos a liquidación, se destinarán prioritariamente a los servicios públicos previstos en el anexo I y II de este acuerdo”, reza la orden ministerial en su punto C de condiciones para que la Generalitat acceda a fondos provenientes de Madrid. Hay que recordar que los anticipos por el sistema de financiación son el 72% de los ingresos anuales de la Generalitat.

En la lista o fuera de ella

La lista de los servicios a los que se pueden destinar estos fondos incluye cuestiones como la sanidad o la enseñanza, políticas de apoyo a la pobreza o a los más desfavorecidos, pago de las nóminas de la Generalitat, servicios penitenciarios, seguridad ciudadana o aspectos de obras públicas como el transporte aéreo, portuario o por carretera.

Pero fuera de la lista quedan aspectos como la política agraria, la industrial, el I+D o la política cultural. Alguno de estos aspectos, como la cultura o el mundo agrario, son clave para las bases sociológicas de CDC e incluso para las del independentismo.

Negociar excepciones

Fuentes del departamento de Economía han explicado que, a la espera del recurso que presentarán en el Tribunal Supremo contra la orden ministerial del Gobierno, prevén que habrá que negociar excepciones con el Ministerio de Hacienda para no bloquear departamentos y áreas que ya han sido muy castigadas por los recortes.

Mientras tanto, la burocracia añadida de los nuevos controles empieza a generar problemas internos en la gestión de la 'conselleria'. Los 27 interventores que ahora hay en Economía ya no dan abasto con tanto papeleo y se estudia abrir oposiciones para incrementar el número de plazas en una decena, según explican fuentes cercanas al departamento de Mas-Colell.

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