La carta de las pensiones será blindada para evitar una bomba jurídica de relojería

El real decreto sobre Derecho de Información de la Seguridad Social establecerá una cláusula de blindaje para que el Estado no pueda sentirse vinculado con ningún tipo de obligación jurídica en el pago de las futuras pensiones de jubilación en España. La normativa ha sido guardada cuidadosamente en el cajón de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a la espera de que comience una nueva legislatura a partir del próximo 20-D. El Gobierno ha preferido no levantar ampollas en un momento de especial tensión electoral con una regulación que debería ser convalidada en el Congreso de los Diputados y para la que no existía tiempo material de tramitación parlamentaria.

El Partido Popular quiso hacer de la necesidad virtud cuando volvió al poder en 2011 y se comprometió desde el principio a hacer valer el anuncio formulado por el Gobierno socialista de Zapatero para que todos los trabajadores mayores de 50 años pudieran conocer el detalle de su historial laboral así como el importe de la pensión que podrían disfrutar en el momento de su jubilación. La virtuosa carta de la Seguridad Social, ejemplo en las relaciones de transparencia entre el Estado y sus contribuyentes, se ha convertido en un defecto programático como asignatura pendiente a heredar por el nuevo Gobierno que surja de las urnas.

Varias son las razones que han motivado el incumplimiento de un proyecto legislativo que contaba a priori con todas las bendiciones políticas. De hecho, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social tenía dispuesto desde hace tiempo el dispositivo logístico para el envío de las cartas a todos sus destinatarios y había sido contratado a dos empresas postales. El borrador del real decreto fue también remitido al Consejo de Estado hace ahora un año como paso previo para su remisión a las Cortes. Pero faltaba lo más importante, que era determinar las variables económicas, incluyendo el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, para calcular la base efectiva de ingresos de cada pensionista.

El Ministerio de Empleo había previsto diversos escenarios con otros tantos ejercicios de simulación financiera, pero tanto el Ministerio de Economía como la Oficina de Presidencia que dirige Álvaro Nadal consideraron que los cálculos estaban sometidos a elementos de enorme volatilidad que podían distorsionar la veracidad de una información individualizada y extraordinariamente sensible. Bajo estas condiciones, se imponía también la obligación de asegurar que la futura regulación no tuviera implicaciones de carácter jurídico para el Estado. La carta podría convertirse en una bomba de relojería con efectos retardados para el erario público en la medida en que fuera esgrimida como un derecho de reclamación ante eventuales cambios sobrevenidos en el sistema público de pensiones.

El 'sobre naranja' de la Seguridad Social debería haber sido enviado hace tiempo a los casi siete millones de cotizantes que tienen más de 50 años

Después de los conflictos generados por la inseguridad jurídica suscitada en distintos sectores de actividad a raíz de la agenda reformista llevada a cabo estos últimos años, el Gobierno ha decidido tentarse la ropa para no dar pábulo a una cascada de demandas por parte de eventuales pensionistas defraudados en el momento de cobrar su jubilación. El llamado ‘sobre naranja’ de la Seguridad Social contiene graves implicaciones legales que el Ministerio de Empleo trata de desactivar antes de poner el sello de franqueo a una misiva que tendrá como destinatarios a casi siete millones de los actuales trabajadores cotizantes.

Este ha sido también uno de los motivos que han provocado el retraso en el envío de la carta prometida por la Seguridad Social. Entre unas cosas y otras, a la ministra se le ha terminado ‘pasando el arroz’, como señalan en algunas instancias políticas que ahora pugnan por hacerse con el puesto de mando en el Gobierno de España. Las dificultades de la Seguridad Social para mantener el poder adquisitivo de las pensiones y la necesidad consiguiente para programar con pleno conocimiento de causa la edad de retiro exigen una información cada vez más eficiente por parte de los poderes públicos.

El decreto de transparencia está llamado a ser uno de los grandes motivos de debate en la confrontación de los programas económicos de los principales partidos que se presentan a las elecciones. De ahí que, siguiendo el consejo por el cual a falta de pan, buenas son tortas, el Partido Popular haya decidido salir al paso de las críticas con la puesta en servicio de un simulador en internet que permite efectuar una estimación de las pensiones de acuerdo con la carrera de cotización y los salarios recibidos. Una medida intermedia que ha tenido muy buena acogida entre los usuarios hasta el punto de colapsar el sistema en los primeros días de funcionamiento, pero una solución que, en cualquier caso y como diría el clásico, "no es lo 'hablao”.