Hacienda da un giro al modelo de I+D para que las pymes acceden a la tarta del Estado

Los futuros mecanismos legales de contratación pública van a suponer un cambio radical del paradigma que ha tratado de impulsar la innovación mediante la socorrida y casi siempre infructuosa política de subvenciones, préstamos blandos e incentivos fiscales. A la postre, el alabado I+D+i ha quedado reducido a un ejercicio de ingeniería contable que ha permitido a las grandes empresas cobijar la cuenta de resultados bajo la sombra de suculentas desgravaciones tributarias sin que la innovación real en España haya podido superar el nivel del 1,25% del PIB, en el que se encuentra techado desde finales del pasado siglo.

El Ministerio de Hacienda acaba de remitir al Consejo de Estado el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que tiene por objeto la adaptación al ordenamiento jurídico de una serie de directivas comunitarias publicadas en el 'Diario Oficial' de la Unión Europea en marzo de 2014 y cuyo plazo de transposición finaliza el 18 de abril de 2016. El nuevo Gobierno que surja de las urnas tendrá tres meses escasos para rematar el proyecto y aprobar una asignatura pendiente que es básica para la reestructuración de todo el marco legal de las compras públicas en nuestro país.

La nueva modalidad de 'asociación para innovación' está orientada para facilitar que las Pymes puedan acceder a los contratos de I+D del sector público

La nueva regulación pretende que la contratación pública no esté vedada a las grandes corporaciones del Ibex sino que ayude a reforzar el tejido industrial del país abastecido por las pymes en más de un 95%. La primera y más elemental medida para la defensa de las pequeñas y medianas empresas consiste en incluir como criterio novedoso de valoración en todas las licitaciones oficiales el periodo medio de pago a proveedores. De esta manera, se trata de garantizar el papel de los subcontratistas que, a la postre, son los que desarrollan muchas de las adjudicaciones a expensas de sus clientes o grandes empresas beneficiarias de los concursos públicos.

La contratación que efectúan los distintos organismos estatales supone cada año un 16% del PIB, y buena parte de las licitaciones exigen un componente de innovación que además de satisfacer los requisitos demandados sirve también como palanca para la modernización del país y el desarrollo tecnológico de las empresas. Bajo estos principios de actuación, la próxima regulación ha puesto en marcha una nueva modalidad de la llamada ‘compra pública de tecnología innovadora’, destinada a la adquisición de productos o servicios que no existen en el momento de la adquisición pero que pueden desarrollarse en un periodo de tiempo razonable con aplicación de tecnología nueva o mejorada.

El anteproyecto, puesto en marcha pese a la disolución de las Cortes, contiene una batería de medidas orientadas a canalizar de manera más amplia la demanda pública de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de manera que las pymes puedan acceder también a las adjudicaciones del Estado. A tal efecto, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha definido un nuevo procedimiento de licitación, bajo el nombre de 'asociación para la innovación' que permite la participación de distintos empresarios previamente seleccionados, con un mínimo de tres, en procesos de implantación de soluciones que no están disponibles en el mercado.

El órgano de contratación permitirá la colaboración en el desarrollo de proyectos y garantizará los pagos desde la fase inicial de selección de las empresas

La asociación para la innovación se estructura como un acuerdo entre el órgano de contratación y uno o varios agentes que se desarrolla en tres fases sucesivas. En primera instancia se publicará el anuncio de licitación, comprobando la aptitud y solvencia de los candidatos. Acto seguido, se formalizará el contrato de colaboración que facultarán el desarrollo por separado de las actividades de I+D que ya serán compensadas conforme a lo previsto en los pliegos. Finalmente se analizarán los resultados alcanzados y se efectuará la adjudicación al proyecto ganador. En el supuesto de que existiera más de un finalista, el contrato se otorgará con arreglo a un estricto criterio de relación-precio.

La política institucional de compras públicas incluirá otras medidas de fomento de la innovación que comprenden un procedimiento de diálogo competitivo con reglas más claras en las fases finales y la opción de redefinición de ofertas, así como la posibilidad de realizar consultas preliminares de mercado con la ampliación de las consideraciones medioambientales y sociales. El objetivo de Hacienda es propiciar un cambio cultural en la forma de entender el I+D en España que distinga claramente los proyectos viables y recompense los esfuerzos reales de las empresas con una garantía de compra por parte de la Administración pública.