CAMBIOS PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA

Hacienda creará un 'ángel exterminador' para liquidar empresas estatales insolventes

La IGAE establecerá un nuevo control de solvencia y las entidades públicas que no lo superen podrán ser liquidadas por acuerdo del Consejo de Ministros

Foto: Cristóbal Montoro. ministro de Hacienda. (Reuters)
Cristóbal Montoro. ministro de Hacienda. (Reuters)

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) se convertirá en el nuevo vigilante de la playa en todo el sector público a partir de la próxima legislatura. El Gobierno del Partido Popular no tiene claro si ganará o no las elecciones pero por si acaso quiere apurar lo que resta de mandato para coser con hilo de seda; fino, fuerte y difícil de ver, ese saco roto en el que se agolpan las distintas instituciones empresariales del Estado con sus diversas modalidades de organismos autónomos, sociedades mercantiles, autoridades administrativas independientes, fundaciones, fondos sin personalidad jurídica y Universidades públicas no transferidas.

La nueva Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, publicada en el BOE el pasado 2 de octubre, entrará en vigor dentro de un año cuando estén rodados los nuevos mecanismos de control orientados a espantar las tentaciones de gasto de ese pozo sin fondo que está localizado a lo largo de toda la periferia del Estado. La extensión hasta el infinito y más allá del complejo y mastodóntico conglomerado de entidades públicas ha sido una constante en el modelo de gestión de la Administración que, salvo contadas y draconianas experiencias de ajuste, ha echado por tierra las expectativas de consolidación fiscal en España.

El Gobierno abordó la reestructuración del sector público empresarial con un capítulo expreso dentro del informe elaborado hace tres años por la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas) que presidía el antiguo subsecretario de Presidencia y ahora máximo responsable jurídico del Banco SantanderJaime Pérez Renovales. El plan inicial comprendía la disolución, fusión, desinversión o liquidación de un total de 86 sociedades y fundaciones del Estado central y anunciaba también el propósito de reducir en un 30% el número de entidades dependientes del conjunto de las comunidades autónomas.

El Gobierno trata de echar el candado al sector público empresarial antes de que acabe el mandato de Rajoy para impedir futuros despilfarros dentro del Estado

El proyecto de la CORA otorgaba carta de naturaleza a una serie de cambios legislativos tendentes a regular las relaciones externas e internas dentro de la Administración del Estado, dentro de un proceso normativo que ahora dirige la subsecretaria de Hacienda, Pilar Platero. En este marco de actuación se inscriben las leyes que fijarán el marco futuro de la contratación pública en España, además de la ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas y la ya mencionada que pretende echar el candado a la creación de entes públicos innecesarios y facilitar la desaparición de aquellos que no puedan garantizar su viabilidad.

En adelante todas las entidades del sector público estatal, autonómico o local tendrán que formalizar su inscripción oficial en el inventario de Hacienda para tener acceso al NIF de la Agencia Tributaria. Cualquier operación mercantil o de transformación societaria, así como las fusiones y escisiones empresariales deberán ser incorporadas a este mismo registro con el fin de mantener actualizada la información de manera permanente. La constitución de nuevas empresas no será habilitada sin un informe preceptivo de Hacienda sobre un previo plan de actuación que garantice la viabilidad y necesidad de cada proyecto corporativo en ciernes.

La IGAE reforzará sus poderes para establecer un mecanismo de supervisión continua destinado a controlar el equilibrio financiero de los entes públicos

El dique de contención contra la proliferación de organismos redundantes será complementado con una labor fiscalizadora mucho más estricta sobre el entramado empresarial ya existente dentro del Estado. A tal efecto, el departamento que dirige Cristóbal Montoro va a institucionalizar en las nuevas disposiciones legislativas lo que se conoce como mecanismo de supervisión continua,otorgando nuevos y más efectivos poderes de actuación a la Intervención General de la Administración del Estado. La IGAE será la encargada de verificar la sostenibilidad financiera de las entidades públicas con independencia y por encima del control de eficacia que cada ministerio ejerza dentro de su perímetro de actuación empresarial.

Este segundo sistema de checking obligará a desarrollar planes de reequilibrio financiero en todos aquellos casos en los que se demuestre falta de viabilidad. Si el control es negativo durante dos años consecutivos se otorgará un plazo máximo de dieciocho meses para subsanar la situación. Transcurrido este periodo el Consejo de Ministros tendrá facultad para adoptar la liquidación de la empresa, organismo o ente público que se haya convertido en un lastre para el Estado o que ponga en riesgo los esfuerzos de consolidación fiscal que España ha comprometido con la Unión Europea.

Como fundamento básico para la creación o el mantenimiento de las entidades públicas el Gobierno ha impuesto además un criterio estricto de racionalización que pasa por atender la denominada gestión compartida de servicios comunes. El objetivo es garantizar un marco de colaboración en el seno de la Administración que permita reducir costes superfluos, evitando la duplicidad de organismos equivalentes pero también el solapamiento de actividades redundantes. La normativa prevé crear una autoridad de liquidación encargada de eliminar todos esos gastos inútiles del Estado que además de generar frustraciones y otros males mayores producen también un importante agujero fiscal en las cuentas públicas. Trabajo, desde luego, que no ha de faltar a este nuevo ‘ángel exterminador”.

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