Los sindicatos de EEUU y Alemania se alían para derrotar el acuerdo de libre comercio

El Tratado de libre comercio entre EEUU y la Unión Europea (TTIP, por sus siglas en inglés) continúa en el punto de mira de los sindicatos. Lo relevante es que ahora han sido las poderosas centrales sindicales de Norteamérica y Alemania quienes se han conjurado en contra de un acuerdo (cuyas negociaciones siguen siendo cuasi secretas) que califican como lesivo para los trabajadores. Consideran, en concreto, que lo filtrado hasta ahora supone un regreso al pasado.

La DGB alemana cuenta con más de seis millones de afiliados, mientras que AFL-CIO, el mayor sindicato de EEUU y Canadá, cuenta con más de diez millones de cotizantes, lo que da idea de su influencia. No sólo sobre el mundo laboral sino también en términos electorales.

El acuerdo entre ambos sindicatos ha sido anunciado por Richard Trumka, presidente de AFL-CIO, y supone un duro aviso a la Casa Blanca, pero también a la cancillería de Berlín, en el caso alemán. Y se produce inmediatamente después de la firma del Tratado de Cooperación TransPacífico (TPP, por su siglas en inglés), que ha unidos los destinos comerciales de EEUU y otros 11 países de tres continentes, entre ellos algunos poco -o nada- respetuosos con los derechos laborales. La propia Hillary Clinton -candidata demócrata a la Casa Blanca- ya ha revelado su oposición al Tratado con el área del Pacífico, que debe ser todavía ratificado por los 12 parlamentos nacionales.

La poderosa DGB alemana, con gran influencia sobre los socialdemócratas (ahora coaligados en el poder), ya ha anunciado movilizaciones que se celebrarán este fin de semana en Berlín. Argumenta que los “logros sociales” como la protección del medio ambiente, la protección del consumidor y los derechos de los trabajadores no son negociables. La Confederación Europea de Sindicatos (CES), que reúne a las principales centrales del continente, respalda las movilizaciones y ya ha anunciado su oposición al tratado de libre comercio.

Trumka, el líder de los sindicatos norteamericanos (EEUU y Canadá), ha dicho que el Tratado -que se negocia desde 2013- supone una fuga hacia adelante que “sitúa los intereses de los trabajadores en ambos lados del Atlántico detrás de los de las grandes corporaciones”.

Los sindicatos sostienen que no se oponen a una modernización del comercio mundial, pero sobre bases equilibradas. “Desafortunadamente, asegura Trumka, el TTIP “está en peligro de repetir los errores del pasado y no cumple con las necesidades o prioridades de las comunidades locales”.

La UE, recientemente, firmó un Tratado similar con Canadá que, previsiblemente, entrará en vigor en 2016, aunque previamente deber ser ratificado por los parlamentos nacoionales. La DGB alemana ha incluido también el acuerdo con Canadá entre los objetivos de su manifestación, que prevé congregar en Berlín a 50.000 trabajadores bajo el lema. 'Por un comercio mundial justo'.

Una de las críticas más poderosas tiene que ver con la creación de tribunales ajenos al derecho público, lo que convertiría la solución de los problemas en un asunto privado dotando a las empresas multinacionales de mayor capacidad de influencia que a los Estados en la resolución de los conflictos.

Ocho millones de euros

Los tribunales de arbitraje, aseguran los sindicatos, “tienen un interés financiero directo en el sistema”. Y en este sentido, se recuerda que en el futuro será “extremadamente difícil” recurrir las sentencias de los tribunales de arbitraje. “Los árbitros privados no pueden ser sometidos a juicio político y no hay órgano legislativo con la autoridad para anular sentencias que contradigan decisiones democráticas”, afirma el dirigente de la AFL-CIO. Incluso si la demanda sale adelante, agotar todos los recursos puede suponer un gasto de ocho millones de dólares.

La Comisión Europea ha propuesto recientemente la creación de un Sistema de Tribunales de Inversiones que sustituiría al actual mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados. Bruselas entiende que su propuesta está anclada en los mismos elementos clave en que se basan los tribunales nacionales e internacionales, al tiempo que consagra el “derecho de los gobiernos a legislar” y “garantiza la transparencia y la asunción de responsabilidades”.

La propuesta, que debe ser ahora discutida tanto en el Consejo como en el parlamento europeo, se basa en crear un sistema público de tribunales de inversiones formado por un Tribunal de Primera Instancia y un Tribunal de Apelación. Las resoluciones serían adoptadas por jueces designados por autoridades públicas y que tendrían unas elevadas cualificaciones, comparables a las exigidas a los miembros de los tribunales internacionales permanentes, como el Tribunal Internacional de Justicia y el Órgano de Apelación de la OMC. La Comisión entiende que se mantendría el derecho de los gobiernos a legislar y quedaría consagrado y garantizado en las disposiciones de los acuerdos comerciales y de inversión.

Los sindicatos no lo ven así y consideran que el TTIP supone una amenaza al Estado de bienestar mediante la privatización de las políticas públicas. Además de introducir normas laborales que van contra disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como recuerda el presidente de los sindicatos de EEUU, su país apenas ha ratificado dos normas fundamentales de la OIT.

El Tratado de libre comercio que ahora se negocia abarca materias como los aranceles y los derechos de aduanas, el sector servicios, la contratación pública, las normas de origen, la seguridad alimentaria o las tecnologías de la información y la comunicación. Las negociaciones también afectan a sectores tan relevantes como el textil, la industria farmacéutica o el automóvil.