para respetar el principio de prudencia financiera

Hacienda cerca a las CCAA por recurrir a avales para burlar el techo de gasto

Lo poco gusta. Pero lo mucho cansa. Hacienda se ha propuesto limitar la artimaña a la que estaban recurriendo las Comunidades Autónomas para conceder financiación sin engordar sus déficits

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

El Ministerio de Hacienda ha dado un paso al frente para encorsetar uno de los recursos de los que estaban tirando las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Entidades Locales (EELL) para no inflar sus déficits y su deuda pública. Con el propósito de seguir financiando proyectos con los que reanimar sus respectivas economías, las regiones y los ayuntamientos estaban acudiendo a la concensión de avales, reavales u otro tipo de garantías públicas, conscientes de que estos mecanismos cuentan con la ventaja de que no engordaban sus desajustes presupuestarios ni sus compromisos financieros.

Ahora bien, también contienen un riesgo: el de que esos avales se terminan ejecutando, con lo que sí abrirían un boquete mayor en las cuentas de las corporaciones regionales y locales. "La falta de control del riesgo y coste de estas operaciones pueden comprometer la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas e introducir incertidumbres sobre la futuras necesidades de financiación", explicita el Ministerio en las disposiciones dedicadas a las CCAA, tal como se publicó en el Boletín Oficial del Estado de este lunes

Por tanto, Hacienda ha puesto límites concretos a estas prácticas. En el caso de las Comunidades, "no podrá ser superior al 1,5% de su Producto Interior Bruto (PIB) regional". El Ministerio capitaneado por Cristóbal Montoro tomará como referencia el último dato de PIB publico por el Instituto Nacional de Estadística. Con respecto a los ayuntamientos, "el importe total de los avales por cada entidad local no podrá ser superior al 30% de sus ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto correspondiente a aquél", detalla Hacienda. 

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)
Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (EFE)

En ambos casos, lo que pretende el Ministerio es reforzar el principio de "prudencia financiera". O lo que es lo mismo, acotar un recurso que, si bien puede ayudar a aportar financiación, también contiene la semilla de un deterioro en las cuentas públicas y los niveles de deuda en caso de que las entidades autónomas y locales tengan que responder por ese aval. Es decir, en un primer momento estos avales o garantías no quedan reflejados como pasivos de los organismos que los conceden, sino como pasivos de sus receptores, pero sí constituyen unos pasivos contingentes para las finanzas autonómicas o locales, porque en caso de que esas garantías se ejecuten total o parcialmente sí dejarían su huella en el déficit y la deuda. 

Regiones desbocadas

Si las CCAA y los ayuntamientos han recurrido a este tipo de garantías se ha debido a la presión que, desde su punto de vista, están sintiendo por los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto que les marca Hacienda dentro del propósito de cumplir con las metas presupuestarias para el conjunto de las Administraciones Públicas. Eso sí, esos corsés están siendo más efectivos en la esfera local que en la autonómica. 

En 2014, el déficit de las CCAA se elevó hasta el 1,7%, frente al 1,5% del año anterior y frente al objetivo de reducir el desajuste de las cuentas públicas hasta el 1%. En 2015, el compromiso es aún más exigente, puesto que los gobiernos regionales tienen situada una meta del 0,7%, pero todo indica que, de nuevo, acumularán un déficit superior al comprometido.

La dificultad para contener el déficit al ritmo pretendido tiene su correspondiente huella en la deuda pública de las CCAA. Al cierre de 2014, creció hasta el 22,4% del PIB, con lo que compromete el objetivo de situarla en el 13% del PIB en 2020.

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