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Hacienda propone que la morosidad sea 'falta de solvencia' en los contratos públicos
  1. Economía
el acuerdo podría aprobarse este viernes

Hacienda propone que la morosidad sea 'falta de solvencia' en los contratos públicos

La lucha contra la morosidad en el sector privado es una urgencia que viene impuesta por la Comisión Europea y que Cristóbal Montoro quiere llevar a un próximo Consejo de Ministros

Foto: El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro. (EFE)

El Consejo de Estado ha dado luz verde a una nueva disposición normativa en la que viene trabajando el Ministerio de Hacienda por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público orientada a controlar la morosidad en los concursos oficiales. Después de los planes de pago a proveedores impulsados por el Gobierno esta legislatura, el objetivo ahora es evitar que los retrasos en el abono de las facturas por parte de las empresas beneficiarias del Estado vuelvan a ralentizar la actividad económica.

El acuerdo será adoptado en un próximo Consejo de Ministros y establece un cambio esencial en la redacción del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre que afecta a la solvencia económica y financiera de las empresas que aspiren a contratar con la Administración Pública. El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha fijado a tal efecto una serie de criterios a elección del órgano de contratación y que deberán acreditarse por todos aquellas entidades que deseen participar en la tarta del Estado.

Dichos criterios se establecen en cuatro grandes apartados, el primero de ellos correspondiente al volumen anual de negocio, ya sea global o el específico de las actividades vinculadas al ámbito del contrato en cuestión. Dicho importe tendrá que ser igual o superior al exigido en el anuncio de la licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato. En su defecto, se ajustará al establecido reglamentariamente.

El segundo epígrafe de valoración será la justificación de un seguro de indemnización por riesgos profesionales, cuyo importe se fijará con arreglo a los mismos baremos del apartado anterior. En tercer lugar, el órgano de contratación podrá basar su decisión en el patrimonio neto o bien en el ratio entre los activos y pasivos que figuren al cierre del último ejercicio económico.

La Comisión Europea ha enviado a España una carta de emplazamiento en la que urge a tomar medidas para erradicar la morosidad en el sector privado

La novedad de la reforma propuesta por Hacienda reside, sin embargo, en el cuarto apartado, que permite al órgano de contratación determinar la adjudicación en función al periodo medio de pago que mantiene cada empresario con sus respectivos proveedores. La medida supone un punto de apoyo indispensable para garantizar el cobro de las facturas en muchas de las operaciones de subcontratación que son habituales en las grandes obras públicas.

El Gobierno considera que el fenómeno de la morosidad es un problema que aqueja también muy gravemente al sector privado y genera a los proveedores de la Administración costes de transacción y de financiación que se traducen en pérdidas de eficiencia y competitividad para el conjunto de la economía. Los mecanismos dispuestos a lo largo de la legislatura para que el conjunto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos saldaran sus deudas han impulsado el PIB en España entre un 0,3 y un 0,6% en tres años pero el ejemplo no ha cundido en las relaciones comerciales de las empresas privadas que contratan con el Estado.

Según los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PmcM), el 84% de las pymes y autónomos no percibe ninguna mejoría en los plazos de pagos de sus clientes y el 74% de los proveedores tiene que asumir retrasos por el abono de sus servicios de hasta 60 días cuando la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial fija el máximo en 30 días. La situación creada ha llegado a provocar la intervención de la Comisión Europea que ha remitido a España una carta de emplazamiento alertando del problema a instando a tomar medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

La nueva regulación que será aprobada por el Gobierno tiene por objeto profundizar en todas las reformas estructurales de erradicación de la morosidad en nuestro país con un procedimiento de urgencia que trata de adaptar los plazos de pago a los niveles establecidos en las directivas comunitarias. La inclusión del criterio de morosidad en las licitaciones públicas supone de entrada un aviso a todos los navegantes que contratan con el Estado y tendrá propiedades claramente coercitivas en cualquier concurso público cuando el órgano de contratación decida incluir como una falta de solvencia económica el retraso en el pago de las facturas.

El Consejo de Estado ha dado luz verde a una nueva disposición normativa en la que viene trabajando el Ministerio de Hacienda por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público orientada a controlar la morosidad en los concursos oficiales. Después de los planes de pago a proveedores impulsados por el Gobierno esta legislatura, el objetivo ahora es evitar que los retrasos en el abono de las facturas por parte de las empresas beneficiarias del Estado vuelvan a ralentizar la actividad económica.

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