Las pymes aportan el 8% de los beneficios pese a ser el 98% del tejido productivo

¿Quién paga el Impuesto de Sociedades en España? Pues en contra de lo que suele creerse, las grandes empresas, que aunque soportan unos tipos efectivos mucho más bajos que el nominal (30%) -incluso menos que el tipo medio del IRPF de los asalariados- corren con la parte del león de los ingresos públicos por este capítulo.

En concreto, el 92,3% de lo que ingresa la Agencia Tributaria por el impuesto que grava los beneficios procede de las grandes empresas y grupos consolidados. Por el contrario, el 7,7% restante procede de las pequeñas y medianas empresas pese a que el tejido productivo español está casi monopolizado por compañías de pequeño tamaño.

Los datos proceden del Ministerio de Hacienda, y en términos absolutos eso significa que de los 17.425 millones de euros recaudados el año pasado por Sociedades, 10.062 millones los pagaron los grupos consolidados y 5.843 millones las grandes empresas. El resto, 1.595 millones salieron de los beneficios de las pymes.

Hacienda considera que una compañía es una 'gran empresa' cuando su facturación supere los 6,01 millones de euros anuales. En esta circunstancia, según la Agencia Tributaria, se encontraban en 2013 apenas 26.527 empresas, lo que de idea de la escasa dimensión del tejido productivo. El Directorio Central de Empresas (Dirce), que elabora cada año el Instituto Nacional de Estadística, estima la existencia en España de 3,18 millones de sociedades, pero de estas hay que eliminar más de la mitad (1,7 millones) que no cuentan con ningún asalariado.

Por el contrario, 245.644 empresas cuentan con seis o más asalariados. Pese a ello, su contribución a la recaudación en el Impuesto de Sociedades es mínima.

Los datos más precisos de Hacienda ofrecen más pistas. El número de sociedades declarantes por Sociedades ascendió a 1,4 millones en 2012, lo que supone una estabilización respecto del año 2010. De ellas, nada menos que el 82% son entidades de reducida dimensión, y sólo el 39,6% declararon beneficios. Eso significa que tan sólo el 1,2% son grandes empresas, pero aportan el 92,3% de la recaudación.

Si se analizan los importes medios por declarante, el resultado contable positivo se redujo un 1,7%, mientras que la base imponible y la cuota líquida crecieron un 11,4% y un 10,1%, respectivamente. Si se suman todos los empresarios (por IRPF y por IS, individuales y societarios), el número total de empresarios se situó en 2011 en 4,77 millones, una cuantía muy similar a la de los tres años anteriores.

El efecto de la crisis

Detrás de esta realidad se encuentra, en parte, la crisis económica, que ha devorado los beneficios de las pymes hasta niveles históricamente reducidos. Según Hacienda, las pequeñas y medianas empresas pagaron 1.872 millones de euros por sus beneficios en 2011, pero tres años más tarde, esa aportación bajó hasta los 1.595 millones (con un ligera subida en el último año). La comparación es todavía más evidente si se tiene en cuenta que en 2007, al comienzo de la crisis, la recaudación por Sociedades en pymes ascendió a 4.810 millones. Es decir, tres veces más que ahora, lo que da idea de las dificultades por las que han pasado.

Ha ocurrido todo lo contrario tanto en las grandes empresas como en los grupos consolidados. En el primer caso, la recaudación, en igual periodo, ha pasado de 4.196 millones a 5.843 millones, mientras que en el segundo ha pasado de 3.430 millones a 10.062 millones, lo que supone prácticamente el triple en apenas un trienio. Los cambios normativos tienen en parte que ver con esta evolución.

La recaudación por el Impuesto de Sociedades, en todo caso, está todavía a años luz de los tiempos anteriores a la recesión, en 2007. Hacienda ingresaba por entonces 44.823 millones de euros, frente a los 18.713 millones del año pasado, lo que refleja el desplome de la actividad económica.

La escasa recaudación del Impuesto de Sociedades, sin embargo, no tiene sólo que ver con el deterioro de la economía. También con el descenso de los tipos efectivos (lo que realmente se paga y no lo que formalmente dice la ley). El tipo efectivo cayó continuadamente en el período 2005-2009, y Hacienda lo achaca a la ampliación del límite para acogerse al régimen de empresa de reducida dimensión y el aumento de la deducción por reinversión de plusvalías (años 2005 y 2006). Igualmente, por la reforma del impuesto (2007 y 2008) y por los incentivos para la creación o mantenimiento de empleo (2009).

Por el contrario, y tras estallar la crisis, el período entre 2010-2012 fue de subidas de tipos en el marco de una política de ajuste del gasto y aumento de los ingresos. Mientras que en 2011 la estrategia de consolidación se completó con un ensanchamiento de la base imponible, camino que se intensificó notablemente en 2012 y 2013, año este último en el que los cambios normativos impulsaron la recaudación devengada (adelantamiento de los pagos) a través de esta vía, que fue parcialmente compensada por otras medidas.