Las inmatriculaciones llegan a Bruselas y ponen a la Iglesia entre la espada y la pared

Semana de pasión para la Iglesia Católica.“Queremos poner fin a laamnistía inmobiliaria”, lanzanvarios colectivos que esta semana han viajado al Parlamento Europeo con una petición:que la recién aprobada reforma de la ley hipotecaria -que establece que la Iglesia ya no podrá registrar como propios inmmuebles sin acreditarlo, las conocidascomo inmatriculaciones- tengaefectos retroactivos. ¿Que implicaciones tendría? Quemiles de fincas, pisos, mezquitas, catedrales, atrios, frontones, viñedos, solares y todo tipo de bienes inmuebles que la Iglesia ha puestoa su nombre sin demostrar que eran suyos desde 1998volveríana estar como estaban antes. Todo un desafío.

De hecho, la Conferencia Episcopal no ha tardado en salir al paso de la reclamacióndejando claro que cualquier movimiento con la vista puesta en el pasado supondría un daño mayor, en tanto afectaría a la seguridad jurídica del país. Su secretario general, José María Gil, lo deja claro:“Parecería extraño porque dejaría a cualquier instituciónindefensa ante la ley”. Gil está convencido de que una aplicación retroactiva significaría que los ciudadanos y las instituciones “estaríamos obligados a cumplir las leyes presentes y las leyes futuras, lo cual parece difícil”.

No obstante, no parece probable que los cinco colectivos -Redes Cristianas, Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, Comunidades Cristianas Populares y Plataforma por la Mezquita de Córdoba- consigan la retroactividad que buscan, admite Juanjo Picó, portavoz deEuropa Laica. Su visita del pasado martes a Bruselas servirá, eso sí,para que los grupos parlamentarios hagan llegar el caso a la subcomisión de peticiones, que “probablementeno podrá obligara la Iglesia española a que devuelva todo aquello de lo que se ha apropiado pero sí emitir unarecomendación”, explica aEl Confidencial.

¿Expolio cultural o apropiación legítima?

Picó lo tiene claro: “Este expolio público ademásles reporta beneficios”, pues en muchos casos han decidido cobrar la entrada incluso en forma dedonativo. Esto les permite no cotizar “porque están exentos”. Ante estas acusaciones, fuentes de la Iglesia consultadas por este periódico se defienden: “¿Acaso no pagas la piscina de tu pueblo aunque sea pública?”. También justifican quela Iglesia pida ayuda al ayuntamientopara restaurar inmuebles. “Si mi madre me compra un coche a su nombre y lo uso, soy yo quien debepagarla gasolina y el mantenimiento”, comentan en referencia a los ciudadanos. Y por supuesto consideran que aplicar efectos retroactivos es un despropósito. “Eso sería cambiar el terreno de juego cuando ya has empezado a jugar”.

“No estamos de acuerdo con la apropiación de un bien que es del pueblo”, señala por su parte el portavoz del colectivoRedes Cristianas, Evaristo Villar. La Iglesia critica esta postura porque asegura que muchas de esas iglesias, ermitas o catedrales fueron construidas por “el pueblo cristiano” de hace varios siglos. “¿Tú crees que la Iglesia quiere poner a su nombre cosas que no son suyas? Nunca ha habido mala fe, si acaso errores”, admiten las fuentes.

Un documento proporcionado por la Conferencia Episcopal critica la “descarada manipulación del lenguaje” que confunde pueblo con ayuntamiento: “Los bienes eclesiásticos ciertamente pertenecen al pueblo, pero no a la comunidad civil cuyo representante es el ayuntamiento sino al pueblo de Dios, a la comunidad cristiana históricamente organizada en la parroquia y diócesis”. Este documento destaca que el hecho de que la Iglesia reciba aportaciones de instituciones públicas o privadas “no convierte a los donantes en propietarios”.

Fuentes de la Iglesia insisten en la idea de que inmatricular bienes inmuebles no da la propiedad. “No es que esas cosas hayan pasado a ser de la Iglesia, es que ya lo eran. O qué pasa, ¿que antes no eran de nadie? El registro significa que la inmatriculación se hace pública y además cualquiera puede recurrirlo durante dos años”. Mientras tanto los colectivos sociales esperan que la Unión Europea reaccione ante lo que consideran “un caso tan sangrante” y se muestran satisfechos con la respuesta de los grupos parlamentarios, sobre todo Izquierda Plural. “Pero el Grupo Popular ni siquiera nos ha recibido”, matiza Picó. De lo mismo se queja el portavoz de Redes Cristianas, que también confía en que la Eurocámara se pronuncie sobre el caso de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Otra de las grandes preocupaciones de la sociedad civil es que no exista un inventario público con el número de bienes registrados por la Iglesia católica desde 1998. El Ministerio de Justicia echa balones fuera y asegura que no dispone de esos datos, pues “en las estadísticas que tienen que remitir los registradores no figura ese tema tan específico”. Según Picó, existe una “opacidad absoluta” en el censo. “Cualquier excusa es buena para no dar una información que está en sus manos”, opina. La Conferencia Episcopal tampoco se moja.

Los citados colectivos han pedido al PE que presione a España para que se conozcan las dimensiones de este 'expolio del patrimonio público', como lo califica Picó

Por eso los citados colectivos han pedido al Parlamento Europeo que presione a España para que se conozcan de una vez por todas las dimensiones de este “expolio del patrimonio público”, tal y como lo califica Picó. “Pero no tenemos documentación fehaciente” para saber de cuántos inmuebles estamos hablando. Sus estimaciones superan de lejos los 5.000. “Calculamos que son muchísimos más porque no sólo hablamos de grandes catedrales”, asegura.