Rajoy se acuerda ahora de bajar la luz tras admitir un alza del 70% en una década

El Gobierno bajó ayer la luz. Toda una novedad. Corría el mes de julio de 2013 y el Ejecutivo cargaba en los consumidores buena parte del ajuste contenido en su esperada -y para muchos maldita- reforma eléctrica. El sobrecoste de 1.800 millones que suponía subvencionar la energía en las islas era asumido a partes iguales entre los Presupuestos Generales del Estado -a fin de cuentas también sufragados por los consumidores- y el recibo de la luz, que sufría una imprevista derrama del 3,2%. Otra muesca más en los humeantes revólveres de los gabinetes populares y socialistas que han devastado -vía déficit de tarifa- el sector eléctrico en los últimos ejercicios.

Y es que según los datos internos que por aquel entonces manejaba el Ministerio de Industria, la luz había subido entre 2003 y 2011 la friolera de un 62,3%. Apenas doce meses más tarde, el alza se incrementaba un 7,2% adicional. ¿Conclusión? Un hogar medio pagaba de luz 360 euros al año diez ejercicios atrás, mientras que en el arranque de la legislatura popular la cantidad se elevaba hasta los 615 euros. Una evolución que, ni por asomo, se había visto compensada por el crecimiento de los salarios, presa además en los últimos años de crisis de una salvaje devaluación interna.

El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a la sazón la gran esperanza blanca para el sector, constataba en el arranque de 2014 que, al menos, a él cabía poco que reprocharle y miraba al partido de enfrente -una subida del 41,3% durante la era Zapatero-. De hecho, en un encuentro celebrado en el Hotel Ritz de Madrid, exponía que en 2013 la luz había bajado de media un 0,9%. Escaso consuelo cuando en febrero de este año, en un acto en Barcelona, el propio ministro Soria hacía cuentas al tiempo que pedía árnica para su legado en el cargo.

“Un sistema energético que acumula una subida del 70% en diez años no es sostenible desde el punto de vista económico y financiero”, aseguraba el titular de Industria, al tiempo que pedía a empresas y particulares una visión amplia de la sostenibilidad no solo centrada en el aspecto medioambiental. Ayer, a cinco meses vista de las elecciones, el Ejecutivo se olvidó de la sostenibilidad y recordó que dispone de un elemento -los peajes de acceso, que suponen la mitad del recibo- para modular a su antojo los precios de la electricidad. Aunque en numerosas ocasiones ha evitado tocarlos para no distorsionar el coste registrado en mercado, el momento había llegado.

“La eliminación, a consecuencia de la reforma eléctrica, del déficit de tarifa, permite que, ante la mejora de las condiciones de demanda y el ahorro de costes -un 4%- que se está produciendo, se pueda reducir la parte regulada del recibo eléctrico. Esta reducción va a contribuir a rebajar la factura de la luz que pagan los consumidores y las empresas. Se aplicará, en periodo agosto-diciembre, una bajada media de la factura eléctrica para los consumidores del 2,1%, que será del 2,2% para los consumidores domésticos”. Referencia del Consejo de Ministros dixit.

Impacto en los bolsillos

La disposición, incluida dentro de un real decreto ley de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del IRPF y otras medidas de carácter económico, enlaza con la agenda social exprés que el Gobierno tiene entre manos y que se implementa después del último batacazo electoral. IRPF, autónomos, bajada de la luz… medidas todas con impacto inmediato en el bolsillo de los votantes, que tendrán que decidir en 150 días si tiene más peso ese último arranque o los tres años y medio anteriores. No en vano y según fuentes del Consejo de Ministros, el movimiento se corresponde con la convicción de que la clave está en los dos millones y medio de electores potencialmente populares que decidieron quedarse en casa en las municipales y autonómicas.

Por si fuera poco, el Ejecutivo también tentó un caladero que, a priori, se antoja virgen. De este modo, decidió hacer un guiño a los pequeños productores que decidan autoconsumir, reduciendo la burocracia que afrontan. Y, en concreto, citó a los consumidores de menos de 10 kilovatios, con placas en tejado, quienes verán “aminoradas las cargas administrativas y de gestión”, expone la referencia, sin dar más precisiones. Todo después de dinamitar el sistema de primas y arruinar la apuesta renovable, otrora una de las enseñas de la marca España. Vivir para ver.