Presupuesto exprés: el Gobierno fuerza a los ministros a entregar hoy sus cuentas

La posibilidad de que, por primera vez en la democracia, un Gobierno adelante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, es todavía muy incierta. Pero la maquinaria presupuestaria ya se ha puesto en marcha. Sobre todo después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sugiriera hace unos días la posibilidad de que el Parlamento vaya a aprobar las cuentas del Reino para 2016 en esta legislatura, lo que en la práctica se traduce en dos escenarios.

O el Gobierno retrasa las elecciones a enero -la ley de Presupuestos siempre se ha aprobado la última semana del año- o el Ejecutivo, en lugar de esperar al 30 de septiembre, opta por adelantar la presentación del proyecto de ley al mes de julio, lo que permitiría convocar las elecciones alrededor del 20 de noviembre, como corresponde en plazo.

La segunda opción obligaría a tramitar el proyecto de ley en el Parlamento (debe pasar por las dos cámaras para su aprobación) en apenas dos meses -agosto y septiembre-, por lo que debería habilitarse un periodo de sesiones extraordinario acortando todos los plazos en la medida que la ley y el Reglamento del Congreso lo permitan. Un escenario que permitiría al Ejecutivo utilizar las cuentas públicas como una suerte de programa electoral, en el que incluir guiños relacionados con la agenda social exprés que el presidente tiene en mente desarrollar.

En todo caso, ese plazo -los dos meses- sería extraordinariamente corto, toda vez que desde 1977 -salvo en los años en que fueron prorrogados- la tramitación siempre ha agotado los tres meses pese a que el Reglamento del Congreso de los Diputados concede prioridad a la discusión presupuestaria frente a otras leyes también ordinarias.

Propuestas de gasto

La maquinaria presupuestaria, en todo caso, está ya engrasada. La Orden Ministerial publicadaen el BOE a principios de junio lo dice claro. Los centros gestores remitirán a la dirección general de Presupuestos antes del 19 de junio de 2015 sus propuestas de gasto. Sólo hay una excepción. La dirección general que gestiona los fondos destinados a financiar o recibir dinero de la Unión Europea tiene hasta hoy, 26 de junio, como fecha límite para presentar sus propuestas a Hacienda.

¿Qué quiere decir esto? Pues que a finales de este mes de junio el Gobierno contará ya con las grandes cifras propuestas de gasto remitidas por los centros gestores, lo que, en teoría, podría permitir el adelanto de la presentación ante el Congreso del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Como se sabe, la Constitución obliga al Gobierno a presentar el proyecto de ley “al menos tres meses antes” de que expiren los del año anterior. Una vez llegada esa información a Hacienda, es la dirección general de Presupuestos quien la ordena, y a partir de ahí comienzan las discusiones políticas.

O el Gobierno retrasa las elecciones a enero o el Ejecutivo, en lugar de esperar al 30 de septiembre, opta por adelantar el proyecto de ley al mes de julio

El hecho de que la maquinaría esté engrasada no significa, sin embargo, que el adelanto de la aprobación de los Presupuestos se vaya a hacer. Entre otras cosas por la complejidad de su tramitación. De hecho, los plazos incorporados en la orden ministerial apenas suponen un adelanto de una semana respecto de normas similares aprobadas en años anteriores.

La propia Constitución deja deja bien claro (artículo 75) que la ley de presupuestos hay que aprobarla en el Pleno del Congreso y del Senado. No cabe, por lo tanto, delegar su aprobación en la Comisión de Presupuestos, cuya función se limita a escuchar las comparecencias de los altos cargos y discutir las cientos de enmiendas parciales que presenten los grupos. Una vez aprobado ese trámite, la aprobación definitiva de esas enmiendas vuelve al Pleno de la cámara, lo que añade complejidad a su tramitación respecto de otras leyes.

La Comisión de Presupuestos, además, y como es tradicional, está presidida por un diputado de la oposición socialista, en este caso José Enrique Serrano, cuyo grupo ha reclamado el adelanto electoral y, por lo tanto, carece de interés político en acelerar los plazos.

Existe otra dificultad añadida. La Ley de Presupuestos debe incorporar un avance de liquidación del ejercicio anterior, lo que significa que, con apenas medio año transcurrido, el Gobierno debería hacer sus previsiones de ingresos y gastos. Algo verdaderamente complicado habida cuenta de que hay que incorporar información de las comunidades autónomas, para lo que es preciso que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno ya ha dicho que lo reunirá dos veces antes del 31 de julio.

Según la Constitución, si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Es decir, el mismo escenario que se produjo hace casi cuatro años, cuando el expresidente Zapatero decidió adelantar las elecciones y obligó a una prórroga presupuestaria.