Las fianzas de Rato y los exconsejeros del caso Bankia las pagarán los seguros

El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y tres exconsejeros de la entidad no abonarán directamente la multimillonaria fianza que les impuso la Audiencia Nacional por la salida a bolsa del banco, pues serán las aseguradoras que cubrieron la operación las que asuman el pago de casi 22,7 millones de euros.

Bankia y su matriz BFA, sin embargo, tendrán que hacer frente a los 11,3 millones restantes, hasta sumar los 34 millones de fianza que solicitó finalmente la Audiencia Nacional de forma solidaria, ya que las aseguradoras sólo cubren las responsabilidades civiles de los exdirectivos por el debut bursátil.

En este caso, según han informado fuentes cercanas al proceso, serán las compañías Liberty International Underwriters (LIU) y Torus las que se hagan cargo de pagar las fianzas de Rato, José Manuel Fernández Norniella, José Luis Olivas y la del ex consejero delegado, Francisco Verdú.

Desde que el pasado 24 de abril la Sala de lo Penal rebajara a 34 millones los 800 millones que había fijado dos meses antes el juez Fernando Andreu como fianza, se ha analizado el papel de las compañías y se ha acordado que Liberty, que aseguró el debut bursátil de Bankia, asuma los dos tercios de la cifra final.

Así, Rato, que ya abonó 3 millones por el escándalo de las tarjetas opacas mediante un aval bancario, ha conseguido garantizar esta otra fianza, si bien sobre él pesa una tercera de 18 millones que aún no han conseguido reunir para levantar el embargo sobre las cuentas que decretó el juez de Madrid que le investiga por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo y otro de alzamiento de bienes.

Con esta solución alcanzada en el seno del "caso Bankia" se pone fin a la controversia entre la propia entidad y su excúpula, una vez que conocieron que debían afianzar cautelarmente sus responsabilidades civiles en la causa que lleva Andreu. Y es que el grupo presidido ahora por José Ignacio Goirigolzarri decidió abonar en solitario en marzo los 800 millones iniciales que había cuantificado el instructor, aunque requirió, sin éxito, que los que fueran los máximos responsables de Bankia asumieran la parte proporcional, que en aquel caso alcanzaba los 133,3 millones.

Lo hizo bajo la advertencia de que incluso llegaría a pedir en los tribunales el embargo de su patrimonio en caso de que no lo hicieran. Nada de eso fue necesario, pues irrumpió la decisión de la Sala de lo Penal de reducir radicalmente la cifra impuesta, lo que dio lugar a que se abriera un nuevo plazo de un mes, que está a punto de culminar, para depositar la nueva cantidad.

Pese a la drástica reducción de la cuantía, que quedó delimitada a lo que solicitaron los accionistas personados en el "caso Bankia", la Audiencia Nacional dejó la puerta abierta, no obstante, a que la cifra pudiera variar, teniendo en cuenta la "eventual" posibilidad de que sigan sumándose perjudicados al procedimiento.

La Sala justificó la imposición de esta medida ante los indicios de que Rato y su equipo pudieron cometer un delito de estafa tipificado en el artículo 282 bis del Código Penal, castigado con hasta seis años de prisión. Un delito que se centra "no tanto en la publicación de datos falsos, sino en el falseamiento de documentos que han de ser objeto de difusión" para allanar la salida a bolsa de Bankia.

El tribunal no ponía en duda que, como aseguraron los imputados, se pudieron haber seguido "las pautas marcadas por los órganos supervisores" o que "pudiera haber sido necesario que Bankia saliera a bolsa por una necesidad legal, así como que las cotizaciones de las acciones son contingentes al depender de negocios volátiles, y que hubiera además un interés máximo para el éxito de la operación".

Pero, añadía que "hay un hecho que se desprende de los informes periciales de los inspectores del Banco de España que el tribunal tiene muy en cuenta", y es que los estados financieros con los que la entidad debutó en el parqué en julio de 2011 no mostraron "su imagen fiel".