las diputaciones se comen la autonomía municipal

¿Alcaldes títere? Más de 7.700 municipios eligen regidor sin poder ni competencias

8.122 municipios eligen alcalde el domingo. Pero una cosa es tener regidor y otra poder.La legislación transfiere muchas competencias a las diputaciones en detrimento de la autonomía municipal

Foto: Silueta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)
Silueta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)

Las cifras oficiales lo dejan bien claro: este domingo se elegirán en España 8.122 alcaldes. ¿Muchos o pocos?

Hay quien piensa que son demasiados para un país con menos de 35 millones de electores y poco más de 46 millones de habitantes. Otros opinan lo contrario (los partidarios de dejar las cosas como están). Pero en algo hay coincidencia. Los alcaldes que salgan elegidos en más de 7.700 municipios -casi el 95% del censo- no tendrán apenas competencias. O expresado de forma más precisa. La ley aprobada en 2013 por el Gobierno deja a la inmensa mayoría de los ediles sin atribuciones pese a que apenas 300 ayuntamientos son los que realmente tienen graves dificultades económicas.

Esto quiere decir que nueve de cada diez alcaldes estarán a expensas de lo que digan las diputaciones provinciales, que han asumido sus competencias en materias tan transcendentes como la recogida y el tratamiento de basuras, la limpieza de las calles, los accesos a los núcleos de población, el alumbrado público o la pavimentación de vías urbanas. No está nada mal para unas diputaciones que llegaron a colocarse en el ‘corredor de la muerte’ en los años más duros de la crisis (por la presión de la opinión pública para recortar los gastos de los territorios), pero que, finalmente, han sido indultadas por el Consejo de Ministros.

No sólo indultadas, incluso rehabilitadas o reforzadas políticamente. Hasta el punto de que unas instituciones no elegidas democráticamente (los viejos partidos judiciales están todavía en la base de su sistema electoral) están llamadas a ser el centro de la vida política en la inmensa mayoría de los municipios. Lo paradójico, como recuerdan los profesores Pedraja Chaparro y Suárez Pandiello, es que se trata de un “extraño papel” que afectará a nada menos que 7.717 municipios con menos de 20.000 habitantes, y cuyas competencias reales serán prácticamente nulas.

Esto es así porque la ley atribuye a las diputaciones provinciales el seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios. Pero si las diputaciones detectan que el coste de esos servicios prestados por los ayuntamientos es superior al que proporcionan las propias diputaciones, “se abre la vía a la colaboración a fin de alcanzar una gestión más eficiente”, sostenía el Ministerio de Hacienda en una nota enviada a la Federación de municipios españoles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la práctica ello supone una expropiación por la vía de los hechos de las clásicas funciones de los municipios.

Minifundismo municipal

O en palabras de Pedraja (Universidad de Extremadura) y Suárez Pandiello (Universidad de Oviedo), si lo que pretendía el Gobierno era que los municipios alcanzasen “músculo, tamaño suficiente”, dado el minifundismo que caracteriza a la realidad territorial -el 84% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes y el ayuntamiento mediano no llega a 600 habitantes-, “podría haberse optado por alternativas más eficaces como la fusión de municipios”. No se hizo. Y eso explica que se vayan a celebrar miles de elecciones vacías de contenido.

Incluso, y aunque parezca mentira, el número de municipios ha crecido respecto de 2011. El próximo domingo se elegirán, de hecho, seis alcaldes más que en 2011, aunque debido al descenso de la población se votarán 822 concejales menos que hace cuatro años. No estará de más recordar, sin embargo, que en el Programa Nacional de Reformas de 2012 el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy (expresidente de la Diputación de Pontevedra) se comprometió a reducir ante Bruselas el número de municipios. O expresado de forma más concreta. El objetivo explícito puesto por escrito era agrupar municipios hasta que “alcancen un umbral mínimo de población” (sic).

 

La fusión de ayuntamientos se fue al traste por una decisión política que no tiene nada que ver con el hecho de que este asunto pueda estar afectado por un conflicto de competencias con las comunidades autónomas. Como sostiene alguien que conoce bien la tramitación de la ley, el Gobierno podría haber delimitado la planta municipal imponiendo que un ayuntamiento no pudiera tener menos de 5.000 habitantes (en las Cortes de Cádiz se fijó un suelo de 1.000 habitantes), pero no se hizo. Fundamentalmente con un objetivo: convertir a miles de municipios en meras unidades administrativas bajo el control político de las diputaciones provinciales, que no rinden cuentan ante los ciudadanos.  

 A esta estrategia, como sostienen los profesores Pedraja y Pandiello en uno de los últimos números de Papales de Economía, editada por Funcas, se le ha llamado ‘solución centralizadora”, pero a costa de dejar a buena parte de los municipios sin competencias y sin autonomía municipal, que es uno de los mandatos constitucionales. Y lo que no es menor relevante. No está claro que los mayores poderes de las diputaciones redunden en un ahorro de costes.

Dispersión de la población

Algunos estudios –como los de los profesores Bosch y Solé- han concluido que lo relevante no son las economías de escala (agrupar la prestación de servicios públicos para ofrecer un coste más bajo), sino las economías de densidad, que dependen de variables como la dispersión de la población o el número de núcleos rurales.

 

Y eso sin contar la baja calidad democrática de unas instituciones nacidas en 1836 -las diputaciones provinciales- cuyos representantes -1.040 en toda España- no son elegidos directamente por los electores. Hay que tener en cuenta que el número de diputados provinciales se calcula en función de la población (entre 25 y 51), mientras que su presidente sale de una votación indirecta. La demarcación de los viejos partidos judiciales tiene mucho que ver con el sistema electoral. Dándose por ello, una curiosa circunstancia. La política impositiva -el nivel de presión fiscal- depende de los alcaldes, y por ello sufren desgaste electoral- pero al final la política de gastos depende de unas diputaciones no elegidas según los usos democráticos.

Con razón, cuando se presentó la ley, 3.000 alcaldes pusieron el grito en el cielo reclamando autonomía municipal. No fueron los únicos. El texto hoy en vigor fue censurado por el Consejo de Estado (que apreció causas de inconstitucionalidad) y se presentaron nueve recursos al TC  que no verán la luz hasta dentro de media docena de años. Para entonces se habrá celebrado dos elecciones un tanto kafkianas, como es la elección de más de 7.000 alcaldes que tendrán la correspondiente vara de mando, pero no poder municipal.

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