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Casi nueve de cada diez ayuntamientos merecen mejor nota crediticia que España
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Casi nueve de cada diez ayuntamientos merecen mejor nota crediticia que España

Ni la Administración Central ni las comunidades autónomas. Las entidades locales son las únicas que pueden sacar pecho porque ayudan a reducir el déficit público de España

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (Reuters)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (Reuters)

Los ayuntamientos españoles han recibido una considerable ración de halagos por parte de la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's (S&P). La firma, una de las tres más importantes del mundo junto con Moody's y Fitch, resalta que solo las entidades públicas pueden presumir, gracias a su superávit, de ayudar a adelgazar un déficit español que está nutrido por los desequilibrios de la Administración Central y la Seguridad Social.

Pero no solo eso. A partir del análisis de las estimaciones de solvencia de 7.346 municipios -el 90% del total-, S&P llega a la conclusión de que la inmensa mayoría -el 94%- recibiría un rating de grado de inversión, es decir, el que distingue a los emisores de deuda más fiables. Es más, el 74% de los pueblos merecería una calificación de Ay otro 12%, unade BBB+.O lo que es lo mismo, lucirían una nota crediticia superior a la que ahora recibe España, que se limita a BBB, un rating que se mantiene aún dentro de la categoría de grado de inversión, pero que viene a equivaler a un aprobado, cuando la que tendrían los ayuntamientos se movería entre el aprobado alto yel notable.

Aunque no deja de ser un ejercicio teórico, puesto queS&P matiza que ningún ayuntamiento tendría finalmente un rating superior al de España, la favorable proyección fiscalque manifiesta su informe pone de relieve que los municipios son los alumnos aventajados en este terreno. Más que nada, porque lo que viene a decir es que la calificación soberana -esa BBB- actuaría como freno -y, de hecho, empeoraría- lacalificación de los ayuntamientos.

S&P justifica la mejor situación de las entidades locales por tres razones. La primera, que "sus ingresos están menos ligados al ciclo económico que en otros niveles de la administración". La segunda, que "la naturaleza de sus competencias, su mayor proximidad a la población y sus límites más estrictos para el endeudamiento limitan la expansión de su gasto". Y la tercera, que "el fortalecimiento del marco institucional de los municipios y el apoyo extraordinario del gobierno central han permitido corregir los desequilibrios en los que incurrieron los municipios desde el inicio de la crisis". Todo ello les ha permitido "estabilizar sus métricas presupuestarias y de deuda tras el deterioro sufrido desde el inicio de la crisis", concluye.

La agencia de calificación muestra su confianza en que los ayuntamientos no se alejarán en 2015 y 2016 de lasenda del superávit en la que se han adentrado. Aunque menciona tres riesgos en este terreno: que los nuevos gobiernos locales que resulten de las elecciones de mayo se aparten de la disciplina crediticia, que el crecimiento español se frene y que el gobierno central no traslade a los ayuntamientos el dinero a cuenta del sistema de financiación municipal.

Lo que parece claro es que este año, y como viene ocurriendo desde 2012, los ayuntamientos seguirán aportando su superávit para intentar cumplir el objetivo de déficit establecido para el conjunto de las Administraciones Públicas, que se sitúa en el 4,2%. Por el momento, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha advertido de que los ayuntamientos cumplirán de sobra, pero que las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social registrarán un déficit superior al previsto y complicaránla consecución de esa meta.

Los ayuntamientos españoles han recibido una considerable ración de halagos por parte de la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's (S&P). La firma, una de las tres más importantes del mundo junto con Moody's y Fitch, resalta que solo las entidades públicas pueden presumir, gracias a su superávit, de ayudar a adelgazar un déficit español que está nutrido por los desequilibrios de la Administración Central y la Seguridad Social.

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