LA CUARTA PARTE DE LOS INSPECTORES

La corrupción satura la Agencia Tributaria: 1.409 funcionarios están en auxilio judicial

La corrupción y el fraude fiscal han acabado por saturar los medios de la Agencia Tributaria. Más de 1.400 funcionarios están en auxilio judicial, nada menos que la cuarta parte de los inspectores

Foto: Funcionarios de la Agencia Tributaria (EFE)
Funcionarios de la Agencia Tributaria (EFE)

La proliferación de casos de corrupción y el elevado fraude fiscal –únicamente los casos que han llegado a los tribunales– han puesto en una comprometida situación los medios con que cuenta la Agencia Tributaria para gestionar la recaudación. No en vano, nada menos que 1.409 funcionarios de Hacienda, según datos oficiales, se encuentran en estos momentos en auxilio judicial. Y de estos, 668 son inspectores tributarios.

Es decir, algo más de uno de cada cuatro inspectores (2.398 en total) presta sus servicios en órganos judiciales y, por lo tanto, están al margen de la gestión tributaria ‘ordinaria’. Hay que tener en cuenta que algunas estadísticas oficiales han estimado la existencia de más de 1.700 casos de corrupción abiertos actualmente en España, muchos de ellos de enorme complejidad técnica que están poniendo al límite la actividad normal de la Administración Tributaria.

Eso significa, igualmente, que el 5,3% de la plantilla (26.231 funcionarios) se dedica ahora a atender las demandas de información que reclaman los jueces, lo que da idea del ‘agujero’ que ha provocado esta situación. La cifra es todavía más llamativa si se tiene en cuenta que la plantilla de la Agencia Tributaria se ha ido achicando en los últimos años debido a la congelación de la oferta de empleo público. En 2013 (últimos datos publicados), había un 2,7% menos de funcionarios que un año antes, lo cual es todavía más significativo si se tiene en cuenta que la plantilla de Hacienda es claramente inferior a la media de los países de la OCDE.

Lo sorprendente no es sólo la cifra, sino su evolución. En 2010, ‘sólo’ 902 funcionarios se dedicaban a auxilio judicial, lo que supone que en estos momentos hay un 56% más que los que había entonces. Si se tienen en cuenta únicamente los inspectores, el aumento es similar: un 56%.

Menos funcionarios, más corrupción

Tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Poder Judicial obligan a la Agencia Tributaria a colaborar con los órganos judiciales. Es decir, que un juez puede reclamar la asistencia de un funcionario para desentrañar todo tipo de investigaciones de carácter económico que tengan transcendencia tributaria. Y en los últimos años, como es notorio, se han destapado múltiples casos de corrupción. Los trabajos pueden prolongarse durante largos periodos de tiempo, lo que detrae a este personal de sus funciones profesionales.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. (Efe)
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. (Efe)

La colaboración en materia de delitos contra la Hacienda Pública se puede producir, incluso, desde antes de incoarse el procedimiento (cuando lo denuncia la propia Agencia Tributaria); durante el proceso (auxilio, peritaje, testigos, medidas cautelares) hasta su culminación, o en la ejecución de la sentencia (investigación patrimonial y cobro).

La relevancia social y política de muchos casos de corrupción explica que en ocasiones los informes de los peritos de Hacienda lleguen a escandalizar a un sector de la opinión pública. Y por ello, la asociación de inspectores del Estado reclamó recientemente que los trabajos de auxilio judicial se realicen “con absoluta independencia de la Administración General del Estado, de los jueces y de la propia dirección de la Agencia Tributaria”.

Lo que normalmente reclaman los jueces es el suministro de información tributaria, telemática e individualizada tanto a los propios juzgados como al Ministerio Fiscal. Igualmente, los funcionarios de Vigilancia Aduanera –dependiente de Hacienda– realizan funciones de Policía Judicial.

No hay que olvidar que durante el proceso penal  son numerosas las solicitudes de los órganos judiciales de peritos, testigos o auxilio judicial, en causas por delitos contra la Hacienda Pública y por cualquier otro supuesto en el que se planteen cuestiones relacionadas con el ámbito de conocimiento de los funcionarios de la Agencia. 

Además, a lo largo del proceso penal, bajo supervisión judicial, la Agencia Tributaria adopta medidas cautelares para el aseguramiento de las posibles responsabilidades que se declaren en el proceso penal y realiza investigaciones de la situación patrimonial de las personas relacionadas con el delito o delitos denunciados. 

Y, finalmente, la Administración Tributaria auxilia a los jueces y tribunales en la ejecución de las sentencias condenatorias por delito contra la Hacienda Pública, exigiendo por el procedimiento de apremio la pena de multa y la responsabilidad civil declarada en sentencia. 

Funcionarios de la Agencia Tributaria. (Efe)
Funcionarios de la Agencia Tributaria. (Efe)

La Agencia Tributaria, por último, remite con regularidad información de sus bases de datos tributarias a los Juzgados y Tribunales de Justicia y a los órganos del Ministerio Fiscal para las finalidades propias de su actuación, así como para conocer los bienes a efectos de responsabilidad del penado o con fines de investigación en una causa abierta. 

La cesión de información tributaria responde a los requerimientos formulados por los órganos judiciales. Entre 2013 y 2014, la Agencia tramitó más de 38.000 solicitudes, en relación con más de 67.000 contribuyentes, que afectaban a distintos periodos impositivos. 

Estas solicitudes de cesión de información que la Agencia Tributaria tramita directamente muestran una tendencia a la disminución a raíz de la puesta en funcionamiento del Punto Neutro Judicial, que permite a los órganos judiciales acceder directamente a las bases de datos de la Agencia Tributaria, ya sea con accesos directos preconfigurados o vía servicios web.

Los accesos por los órganos judiciales desde el Punto Neutro Judicial a través de peticiones de web service ascienden a más de 8,6 millones en 2014 (frente a algo más de 6 millones en 2013).

Hacienda cuenta, de hecho, con una unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción, financiada y dotada por la Agencia Tributaria, que tiene como cometido un apoyo constante de la Fiscalía, realizando los informes, auditorías y actuaciones que le requiera el fiscal jefe de la Fiscalía Especial o el fiscal general del Estado.

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