La Administración Pública baja las facturas en los cajones en 35.000 millones desde 2011

Crecían en los años -aparentemente- buenos. Y siguieron creciendo en los años -realmente- malos. Se trataba de la deuda comercial de las Administraciones Públicas. Es decir, el retraso con el que la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos pagaban a sus proveedores. Aunque también recibe otro nombre más coloquial: las facturas en las cajones.

Pese a que la deuda comercial forma parte de la vida de las compañías, lo cierto es que a las empresas les generaba un enfado mayúsculo comprobar cómo aumentaba el retraso por parte de los organismos públicos. Que esos retrasos procedieran del sector público generaba un malestar mayor comparado con el retraso por parte de otra empresa.

Según los datos recogidos por el Banco de España (BdE) en su último Boletín Económico, ese enfado estará descendiendo, porque también lo están haciendo las facturas en los cajones. Si en el año 2011 llegaron a alcanzar una cifra equivalente al 8,1% del Producto Interior Bruto (PIB) -redondeando, unos 81.000 millones de euros-, en 2013 bajaron al 5,5% y en el tercer trimestre de 2014, al 4,6% -ver gráfico-. Por el camino, por tanto, un adelgazamiento de 35.000 millones de euros que devuelve el peso de las facturas pendientes al peso que tenía en 2006.

Esta reducción ha ido en paralelo al acortamiento de los plazos de pago. Citando datos del Ministerio de Hacienda, el BdE recoge que a finales de 2012 el Estado pagaba a 60 días; las Comunidades, a 181 días; y los Ayuntamientos, a 109 días. Entre enero y noviembre de 2014, esos períodos se han recortado a 11, 58 y 27 días, respectivamente.

El BdE adjudica la mejoría de estos datos a los sucesivos planes extraordinarios de pagos a proveedores puestosen marcha por el Gobiernodesde 2012. Estas medidascontaron con el respaldo financierode un Fondo para la Financiación del Pago a Proveedores (FFPP) y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En total, entre 2012 y 2014, mediante el FFPP y el FLA "se pagaron facturas pendientes de pago de las Administraciones Territoriales por valor de 66.900 millones de euros", precisa el BdE. Esa cantidad se reparte entre los 55.300 millones para las Comunidades Autónomas y 11.600 millones para las Corporaciones Locales.

Impulso para la recuperación

Además de que esta evolución ha mejorado la imagen de los organismos públicos, el Banco de España reconoce que también ha constituido un alivio para las empresas. "Las medidas de reducción de la deuda comercial han supuesto una inyección de liquidez a las empresas y familias y una normalización de los plazos de pago de lasAdministraciones Públicas a sus proveedores, que, en un contexto de debilidad económica generalizada, consolidación fiscal y dificultades de acceso al crédito por parte de los agentes económicos, han podido tener un impacto sobre la actividad económica no despreciable", argumenta.

Para las empresas, el retraso en el pago de las Administraciones Públicas se había convertido en un problema muy serio en los últimos años. Sobre todo, porque les obligaba a buscar alternativas de financiación que no todas tenían a su disposición, con lo que las facturas públicas pendientes agravaban sus tensiones de liquidez. "El efecto positivo de los distintos programas de pago a proveedores surge, por tanto, del alivio que generan a las restricciones de liquidez de las empresas", concluye el Banco de España al respecto.

En este sentido, el BdE se atreve incluso a calcular el impacto que los planes de pago a proveedores han tenido en la economía. "Podría haber generado un efecto positivo sobre el PIB de entre 0,3 y 0,6 puntos porcentuales acumulados hasta 2014", precisa. En dinero, esa aportación se mueve aproximadamente entre los 3.000 y los 6.000 millones de euros.