Irlanda, Mónaco, Luxemburgo, España... ofensiva contra las ayudas a multinacionales

Malos tiempos para las multinacionales. Al menos, en términos fiscales. Irlanda, Mónaco, Luxemburgo… y también España están bajo la lupa de las autoridades económicas y de regulación. En el primer caso, restringiendo el uso de las ‘empresas fantasma’ que sirven para no pagar impuestos; en el segundo, aceptando un compromiso de intercambio de información fiscal; en el tercero, investigando los precios de transferencia, y en el cuarto (se trata de una de las últimas propuesta de la actual Comisión Europea), mediante la devolución de las ayudas concedidas por el fondo de comercio –la diferencia entre el valor en libros y el de adquisición– y que en realidad escondían ayudas de Estado. Multinacionales como Telefónica, Iberdrola o Banco Santander se aprovecharon de esta ventaja fiscal para sus adquisiciones en el extranjero a partir de una interpretación de la Dirección General de Tributos que ahora cuestiona Bruselas.

La ofensiva hay que enmarcarla en una operación más amplia lanzada por la OCDE y, en particular, por el G20 contra los países de baja tributación para las multinacionales. O, en el caso de España, contra determinadas decisiones que erosionan la recaudación del impuesto de sociedades.

La cruzada contra la llamada planificación fiscal agresiva, incluso, afecta a un país como Irlanda de baja tributación –impuesto de sociedades al 12,5%–, que hasta ahora se había beneficiado de que la Comisión Europea mirara para otro lado (como sucedía en el caso de Luxemburgo).

Dublín, para atraer multinacionales hacia su territorio, permitía, incluso, una tributación marginal cercana al 0% a través del llamado ‘doble irlandés’. Es decir, facilitando que multinacionales como Apple o Google crearan empresas fantasmas en paraísos fiscales hacia donde desviaban los beneficios de sus filiales europeas. En Irlanda tan sólo se quedaba el domicilio fiscal, y eso es lo que ahora se va a limitar, según anunció el ministro de Hacienda irlandés, Michael Noonan, durante la presentación de los Presupuestos de 2015. Lo que se pretende en estos momentos, dijo Noonan, es que todas las compañías registradas en Irlanda tengan también su domicilio fiscal en el país.

La medida entrará en vigor el próximo 1 de enero. Sin embargo, las compañías extranjeras que han venido beneficiándose de esta política tributaria tendrán hasta 2020 para adaptarse a la reforma fiscal.

Fiscalidad a la carta

No hay que olvidar que recientemente la Comisión Europea abrió un expediente a Irlanda por pactar con Apple, presuntamente, una especie de fiscalidad a la carta –gravando apenas un 2% en el impuesto de sociedades– para dos de sus filiales (la sexta parte del tipo general) a cambio de crear puestos de trabajo en el país.

Bruselas, por el momento, y es muy probable que no lo haga nunca, no dice nada de forma oficial sobre el 12,5% que grava los beneficios empresariales (la mitad que en la UE), pero a nadie se le escapa que la presión de la opinión pública contra los países de baja tributación es cada vez mayor. Esto explica que un pequeño territorio como Mónaco –cuya existencia perjudica fiscalmente a Francia– haya decidido suscribir la Convención Multilateral sobre Asistencia en Materia Fiscal.

Esta Convención –a la que ya se han sumado 84 países– promueve el intercambio de información y compromete al pequeño Principado a luchar contra la evasión fiscal. Como se sabe, muchos millonarios (sobre todo franceses) han huido fiscalmente a Mónaco para pagar menos impuestos.

La Convención multilateral da carta de naturaleza a diferentes instrumentos de asistencia mutua entre países, como el intercambio a solicitud del fisco interesado, el intercambio espontáneo, inspecciones tributarias en el extranjero, inspecciones tributarias simultáneas y la asistencia en la recaudación de impuestos.

La Convención será un tema central durante la reunión anual del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios, que se celebrará el 28-29 de octubre en Berlín. Cuarenta países se comprometerán a mejorar sus mecanismos de intercambio de información.

La presión sobre las multinacionales no acaba ahí. Recientemente, la Comisión Europea abrió un expediente para investigar un acuerdo entre el Gobierno de Luxemburgo y Amazon. Bruselas sospecha que el Gran Ducado –en tiempos de Jean-Claude Juncker– pactó una fiscalidad propia para la multinacional estadounidense que le permitió reducir de forma radical su factura fiscal en Europa. Para ello, utilizó un entramado de sociedades mediante los llamados precios de transferencia, que es la valoración que se aplica a las operaciones entre filiales de la misma empresa. Lo que se investiga en este caso es si ese pacto fue en realidad una ayuda de Estado encubierta.