CONTRA LA DESLOCALIZACIÓN DE BENEFICIOS

Los países ricos lanzan una cruzada contra las multinacionales que apenas tributan

La OCDE ha puesto en su punto de mira la erosión de las bases imponibles en el Impuesto de Sociedades, fundamentalmente por las multinacionales.

Foto: El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (EFE)
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (EFE)

El documento se denomina Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Y viene a ser como las tablas de ley que deben guiar a los países miembros de la OCDE para evitar que el Impuesto de Sociedades siga siendo un coladero para las grandes empresas. En particular, para las compañías multinacionales debido al ensanchamiento de la globalización.

La OCDE no menciona ningún sector en concreto, pero como una cuestión de principios advierte que la creciente importancia del sector servicios dentro de la economía y de los productos digitales a través de internet “ha facilitado que las empresas localicen muchas actividades productivas en ubicaciones geográficas distintas a donde están sus clientes”. O dicho de manera más directa, se sustituye el ‘alto coste’ que supone pagar impuestos donde se tiene el negocio por otras zonas de baja o casi nula tributación. Un fenómeno que en los últimos años se ha “exacerbado” sin que los Gobiernos nacionales hayan podido hacer nada. Entre otras cosas por la llamada planificación fiscal “agresiva”, que lesiona los intereses generales.

Este fenómeno, sostiene la OCDE, “ha creado oportunidades para que las multinacionales minimicen enormemente su carga tributaria”. Hasta el punto de que se ha llegado a una “situación crítica”. Como aseguran sus economistas, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios generados en un país a otro “socava la integridad del sistema tributario”.

El documento recuerda que esas prácticas merman la recaudación y limitan la inversión pública, algo que “podría promover el crecimiento económico”. La OCDE, incluso, afirma que aquello que no pagan las empresas lo tienen que abonar otros contribuyentes con mucha menor capacidad económica.

El problema es todavía mayor si se tiene en cuenta que esa deslocalización de beneficios genera distorsiones en el mercado y vulnera la competencia, toda vez que las pequeñas empresas no cuentan con los instrumentos legales de asesoramiento con que cuentan las multinacionales, que pueden haber obtenido beneficios en España y pagar el Impuesto de Sociedades en otras naciones de baja tributación. Y en este sentido, se matiza que es importante “examinar con cuidado” el modo en el que las empresas de la economía digital añaden valor y obtienen beneficios para determinar si es preciso, y hasta qué punto lo es, adaptar las normas actuales para tener en cuenta las características específicas de esas actividades económicas y evitar  la erosión de la base imponible y el traslado fraudulento de beneficios. El caso de Irlanda, donde apenas tributan compañías de internet o de comercio electrónico, es el más conocido.

Erosión de bases imponibles

La cruzada de la OCDE contra la deslocalización de beneficios y la erosión de las bases imponibles surgió como un encargo del G-20, que incorpora a las principales economías del planeta, y propone legislar para evitar lo que denomina “doble exención”, cuando no se tributa ni el país en que se vende la mercancía ni en el que se sitúa la sede social.

 

El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, junto a Luis de Guindos. (EFE)
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, junto a Luis de Guindos. (EFE)

Esto se hace separando de forma artificiosa los ingresos imponibles de las actividades que los generan. Es por eso que se plantea la aprobación de “leyes antiabuso” capaces de frenar a quienes se aprovechan de los resquicios legales. Y no bastan, aclara, los tratados para evitar la doble imposición que firman de forma bilateral los Gobiernos.

La OCDE asegura irónicamente que en realidad muchos de esos tratados contra la doble imposición son en realidad de “doble desimposición”. Sobre todo cuando intervienen terceros países a través de sociedades instrumentales "que tienen poco o ningún fundamento económico” en términos de inmuebles, bienes tangibles o empleados en la propia actividad.

El documento pone como ejemplo la posibilidad que tienen las multinacionales de crear filiales no residentes y canalizar a través de ellas los ingresos de una empresa residente.

Es en este marco en el que sitúa la OCDE su preocupación sobre un viejo problema de la fiscalidad internacional, los llamados precios de transferencia, que son el precio que ponen las multinacionales en sus operaciones, y cuya valoración influye de forma decisiva en la recaudación. Igualmente, se llama la atención sobre un hecho que erosiona los ingresos fiscales: la existencia de importantes deducciones que permiten los Gobiernos en gastos financieros. El ministro Montoro ya endureció estas desgravaciones en una de sus primeras reformas fiscales.

La OCDE se da un plazo de dos años para resolver estas cuestiones o, al menos, poner en marcha los planes de acción que eviten la erosión de las bases imponibles.

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